Congreso a punto de premiar con ascensos a militares que atentaron contra la democracia

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Legislativo se prepara para premiar con ascensos al grado inmediato superior a diez oficiales de las Fuerzas Armadas señalados de haber participado directa e indirectamente con el exjerarca Roosevelt Leonel Hernández en atentados contra la democracia y la libertad de expresión durante el proceso electoral primario y general de 2025.

EL HERALDO conoció que los altos oficiales están muy seguros de los ascensos que les permitirán ponerse una nueva estrella sobre sus hombros. Incluso, ya tienen lista la ceremonia para el 14 de mayo en la academia Francisco Morazán.

De concretarse esta acción, la Comisión de Defensa y Seguridad del Congreso Nacional estaría premiando con impunidad a los militares, según el criterio de diversos sectores de la sociedad que demandan que a los coroneles propuestos para ascender a generales de brigada, y de este rango a generales de división, sean investigados y que no solo se miren los cursos que han sacado y los puestos ocupados.

La abogada Karla Romero es del criterio que la comisión del Congreso Nacional al momento de aprobar el ascenso de un militar debe primar no solo su hoja de vida impecable, como dicen ellos, sino que deben ir más allá investigando la conducta, la idoneidad, la ética de cada persona propuesta.

Recordó que hay quienes no cumplen con el requisito de idoneidad para ascenso porque se les está cuestionando sus acciones en el desarrollo de sus funciones, aunque solo tengan denuncias que no causan estado, pero el ciudadano está en contra del actuar de ciertos militares.

Y es que algunos oficiales en terna de ascenso no solo cargan con los señalamientos de haber intentado sabotear las elecciones primarias y generales, sino que también varios de ellos están vinculados a hechos que lindan con la corrupción, abuso de poder y sospechas en el cumplimiento de obligaciones.

Es tal que, Romero, en representación legal de un grupo de reservistas, tiene denunciado ante el Ministerio Público al coronel Otoniel Gross Castillo. Los reservistas “están denunciando actos inmorales como el abuso de poder al cambiarles el beneficio que se les estaba dando”, explicó la Abogada.

Para ella, el Congreso Nacional tiene la obligación de investigar el comportamiento de los militares propuestos para ascenso, incluso aquellos que actuaron políticamente a favor del partido Libertad y Refundación (Libre).

La nómina de coroneles y generales propuestos para ascenso es manejada como secreto de Estado por las Fuerzas Armadas y el Congreso Nacional. Ante ese accionar poco transparente, sus compañeros de armas, quiénes los conocen, son los que al final revelan la identidad y la conducta de los propuestos.

Dentro del Estado Mayor, la información circula entre rumores, indignación y sorpresa al comprobar que, en muchos casos, los oficiales premiados no son los honestos, íntegros ni respetuosos de la ley.

Entre los oficiales se maneja que el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Valerio Ardón, de la 29 promoción, es el único propuesto para ascender a general de división.

Luego están los otros coroneles de la misma promoción: Luis Alonso Rosales Cardoza, Marco Alexander Lanza Ávila, Miguel Maldonado Castro, Walter Danilo Hernández Carvajal, Erwin Roberto Lara Franco, Otoniel Gross Castillo, Fabricio Mejía Hércules, José Roberto Navarro Tábora.

Este grupo es conocido como los "illuminati" (los iluminados). EL HERALDO le consultó a un alto oficial sobre por qué ese apodo y respondió: “Son una facción de la 29 promoción, que liderados por Ramiro Muñoz Bonilla y Roosevelt Hernández —de la 28 promoción— desde el 2021 trabajaron conjuntamente con un delincuente que estaba preso y con un asesor presidencial amnistiado para configurar una nueva línea dentro de las Fuerzas Armadas que respondieran a los intereses de Libre”.

Este grupo, estrechamente vinculado a Roosevelt Hernández, es señalado de haber participado de manera directa e indirecta en el boicot electoral de marzo de 2025 y en acciones que atentaron contra la integridad de los comicios generales de noviembre, marcando un peligroso precedente de politización militar, aseguró.

Este equipo conoció que entre los propuestos para ascender también está el coronel Rodimiro Murillo Aguilar, de la 30 promoción, quién de acuerdo con sus compañeros, en marzo de 2025 se desempeñó como inspector del Ejército y bajo ese cargo realizó un informe de quiénes participaron en el sabotaje electoral.

"Lo presentó a Roosevelt, luego guardó silencio sin exigir castigo para los responsables”, dijo, dejando entrever que hubo una complicidad silenciosa que ahora espera su recompensa en forma de ascenso.

La lista de ascensos, prevista para ser aprobada en este mes, no es vista por varios oficiales como un reconocimiento al mérito profesional, sino como un "premio de lealtad" para el círculo de confianza de Roosevelt Hernández y del actual Jefe del Estado Mayor Conjunto.

La trayectoria de Valerio Ardón, quien aspira al rango de General de División está marcada por su participación en el boicot contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero que una vez que vio que Libre estaba derrotado dio un giro de conducta. A él se le señala de haber negado el uso del Campo de Parada Marte al CNE para fines logísticos electorales, aduciendo pretextos triviales.

Además, bajo su mando —de acuerdo con versiones militares— se ordenó ilegalmente a los comandantes de unidad recolectar copias de las actas de las mesas electorales para fines políticos.

Valerio Ardón fue del círculo cercano de Juan Orlando Hernández. Entre 2015 y 2019, durante la gestión de Hernández, estuvo en la Guardia de Honor Presidencial. Además, fue comandante de escuadrón, jefe del Departamento de Recursos Humanos y jefe de Organización, Operaciones y Adiestramiento.

Junto a Valerio, otros nueve coroneles buscan la estrella de General de Brigada, formando un grupo de oficiales que pronto estarán a la cabeza de las Fuerzas Armadas.

Entre ellos, Luis Alonso Rosales Cardoza a quién señalan de ser afín y buscar los intereses del partido Libre. Entre tanto, a lo interno de las Fuerzas Armadas, se menciona que Marco Alexander Lanza Ávila fue objeto de varias denuncias cuando fungió como director de la Academia Militar. Según las fuentes, los casos fueron empapelados en la Inspectoría General de las FFAA.

Miguel Maldonado Castro, por su parte, es considerado uno de los hombres de mayor confianza de Roosevelt, quien lo mantenía informado de todo. Esta habría sido una de las razones por las que le otorgó el cargo de jefe de Estado Mayor del Ejército.

La libertad de expresión y de prensa también fue blanco de los illuminati. El coronel Erwin Roberto Lara Franco es investigado por el Ministerio Público por ordenar ataques y amenazas contra periodistas y medios de comunicación que cuestionaron la gestión de la cúpula militar.

Hace unos meses rindió declaración ante el Ministerio Público de donde salió molesto porque su exjefe le responsabilizó de las agresiones a la prensa.

Por su parte, Otoniel Gross Castillo, es señalado de confrontar con las asociaciones de reservistas durante su gestión en el Comando de Reservas de las FFAA, ya que se negaron a seguir sus instrucciones políticas, por este motivo tiene una denuncia ante el Ministerio Público.

En un video aparece exigiéndole a los reservistas cambiar de banco para poder recibir un bono, el cual le fue suspendido a varios de los beneficiarios. Como hombre de confianza, Roosevelt lo ubicó como segundo enlace ante el CNE para el proceso electoral del 30 de noviembre.

Entre tanto, el coronel José Roberto Navarro Tábora, actualmente encargado del Comando de Apoyo Logístico (Calffaa), es considerado por sus compañeros como otro de los hombres de confianza de Roosevelt Hernández y piden que se investigue su gestión en 2023 en la 115 brigada, ya que el narcotráfico ese año aumentó en Olancho.

En el caso de Mejía Hércules al frente del Instituto de Previsión Militar (IPM), su gestión también ha sido objeto de revisiones técnicas por parte de integrantes de la Junta Directiva, centradas en el seguimiento de los procedimientos institucionales, según las fuentes.

Walter Danilo Hernández Carvajal, quien en un principio formó parte de los illuminati, abandonó el grupo. Según fuentes a lo interno de las Fuerzas Armadas, como contaba con cierto liderazgo dentro de su promoción, fue uno de los oficiales que Roosevelt Hernández mandó a disponibilidad, pero, posteriormente, lo reintegró como encargado del canal de televisión de las Fuerzas Armadas y al final terminó como subalterno de Lara Franco.

Expertos en seguridad advierten que estos ascensos —sin una investigación de los propuestos— fracturaría la moral interna de las Fuerzas Armadas, ya que muchos oficiales que han mantenido una conducta institucional y apegada a la ley se sentirán marginados por un sistema que ahora privilegia el activismo político y la colusión sobre el honor militar.

Incluso, sugieren a los congresistas que antes de dar su aval investiguen qué militares estaban a cargo de la prisión donde fue recluido en 2022 el pandillero Gerson Emir Cuadra Soto, conocido con el alias de "El Fantasma", quien cuatro días después se fugó tras presuntamente pagar un soborno a sus carceleros; luego se le vinculó con una masacre ocurrida el 14 de julio de ese mismo año, donde fue asesinado un hijo del expresidente Porfirio Lobo.

Para el general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas, el primer compromiso que tiene un oficial de las Fuerzas Armadas es el cumplimiento de la Constitución, en lo que corresponde a defensa nacional y el respeto de la democracia.

"El juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes se derrama hacia todos los miembros de las Fuerzas Armadas. El otro tema que es inculcado al interior de las Fuerzas Armadas es el concepto patria", explicó.

En este concepto está inserto todo lo que significa el Estado como “entidad que engloba todo el concepto social de Estado: territorio, población, gobierno y soberanía. Todo eso se inculca en las Fuerzas Armadas, además de lo que tiene que ver con la democracia y la apoliticidad”, dijo.

A pesar de ello, cuestionó, hay liderazgos superiores en las Fuerzas Armadas con una percepción de incumplimiento, pues "ciertos niveles de mando caen en esa desobediencia constitucional”.

Afirmó que una cantidad considerable de oficiales captan eso como una forma o vía para lograr sus objetivos de carácter profesional al interior de las Fuerzas Armadas, “en el sentido de que es un comportamiento de aproximación al sistema político para poder lograr grados, asignaciones, etcétera”.

Eso genera una especie de frustración en los niveles inferiores porque después de habérseles enseñado tanto el respeto de la Constitución, el cumplimiento de las leyes y reglamentos y luego ven el mal ejemplo en sus superiores. Entonces, dicen, "¿Para qué tanto de esto, si arriba estamos viendo un mal ejemplo?”, consideró.

Entonces, esos logros no son alcanzados por el “espíritu militar, por esos valores institucionales, por lealtad, por honor, por la actitud sacrificada, sino que todo se va deteriorando porque entran otras formas, otras vías como la aproximación política del oficial, de querer trabajar en Casa Presidencial, de querer prestar su servicio en espacio donde a él le dé mayor aproximación al político”, afirmó.

Todo eso tiene una afectación de la psicología institucional porque se van perdiendo los valores institucionales y se van adoptando conductas que prácticamente los aproximan al sistema político para poder lograr sus objetivos personales y dentro de la carrera militar.

De acuerdo con Maldonado Galeas, en cuanto a la aprobación de los nuevos ascensos, lo primero que deben de hacer los diputados es analizar conscientemente el contenido de lo que contiene la propuesta, verla desde el punto de vista de las justificaciones de carácter militar, que vayan conforme a la Ley Orgánica y a la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas respecto a los requisitos que se requieren para el ascenso exactamente.

“Lo segundo es acudir a otras fuentes de información. Puede ser la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, también buscar en los archivos de los partidos políticos para identificar si no hay alguna situación como, por ejemplo, lo que se dio en el en el gobierno pasado una relación de parentesco cercano, lo que le llaman el nepotismo”, aseguró.

Para él, es necesario ver si no hay algún indicador real de nepotismo entre este aspirante al grado superior con un político que pueda tener alguna influencia, que le permita ascender porque es hermano de alguien vinculado a la política. Lo correcto es que todo militar ascienda por méritos.

"Eso sería bueno como parte de la línea de investigación para ver hasta donde ese parentesco pudo haber influido para que sea nominado para ascenso sin merecerlo. Es una cuestión que requiere una investigación real, no subjetiva", recomendó.

Aparte de lo que es enviado por las Fuerzas Armadas y lo que tiene que ver con las leyes y los reglamentos militares, aparte de esos requisitos, también requiere que el Congreso se tome su tiempo para la investigación relacionada con el cumplimiento de deberes, o también las violaciones a las leyes y reglamentos que se puedan haber dado.

La manipulación de material electoral con fines o motivar de apoyar un fraude electoral, todo eso tendría que pasar por una investigación primero militar para tomar la decisión militar y pero eso cae ya en un delito de tipo civil.

“Si militarmente se identifica que el oficial violentó una norma en un proceso electoral, militarmente ese ese oficial debe de tener su sanción. Y el frenarle la promoción a un grado puede ser parte de esa de esa sanción”, exigió el general retirado.