Alcaldía premió con dos contratos a empresa que dejó inconclusa Villa Solidaridad
Aunque la compañía no cumplió con el plazo de entrega, firmó otros dos contratos con la AMDC. Además, la empresa obtuvo proyectos con la SIT y el FHIS con un registro como proveedor del Estado caducado
- Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 20:01
Tegucigalpa, Honduras.— La empresa a cargo del cuestionado proyecto habitacional Villa Solidaridad fue beneficiada con otros contratos municipales y estatales, pese a que esa obra no había sido concluida y ya arrastraba retrasos e inconformidad de beneficiarios.
EL HERALDO Plus revisó a través de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cada uno de los contratos.
El primer acuerdo pactado el 9 de junio de 2023 (el proyecto de viviendas) fue por más de 117.9 millones de lempiras, según el contrato No. 1197/GLA/AMDC/2023, firmado entre Aldana y Wilfredo Zelaya Ordóñez, presidente de la empresa.
El proyecto habitacional, inicialmente llamado Villa Alcalde y renombrado días antes de la firma, se presentó como respuesta institucional a la tragedia que afectó a más de 600 familias en 2022.
Cinco días después, el edil dio a la empresa otro trabajo, el de la pavimentación de calle con concreto hidráulico en la calle 17 de julio en la colonia Nueva Suyapa, valorada en casi tres millones de lempiras.
Y, en el primer trimestre de 2024, justo cuando debía concluir y entregar las casas en Villa Solidaridad, firmaron un nuevo contrato para ejecutar la segunda fase de restauración del Palacio Municipal, en el centro de Tegucigalpa, según el contrato No. 0666/GLA/AMDC/2024, Código 3379-A. Aldana autorizó un tercer acuerdo por 10.5 millones de lempiras para estas obras.
Además, la empresa obtuvo proyectos con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y con el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), instituciones encargadas de obras públicas y programas de desarrollo social en el país.
En la Oncae, la Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales figura como mipyme, pero con su registro como proveedor del Estado caducado, lo que formalmente le impedía tener pactar acuerdos con el Gobierno.
Villa Solidaridad, el proyecto en ruinas
Para entender qué ocurrió con Villa Solidaridad, EL HERALDO Plus recorrió 32.8 kilómetros desde sus instalaciones hasta la aldea Río Abajo, en el kilómetro 9 de la carretera a Olancho, contigua a los predios de la Procesadora Municipal de Carnes (Promdeca).
En ese terreno ejidal de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, de aproximadamente 40,000 metros cuadrados, se decidió reubicar a las familias afectadas por el deslizamiento —por una falla geológica— en las colonias Nueva Santa Rosa y Guillén.
No obstante, en el lugar apenas se observan unas 10 edificaciones de las 105 viviendas proyectadas. Se abrieron calles, se levantaron muros perimetrales y el terreno fue lotificado. A primera vista, el trazado urbano parece ordenado, pero al acercarse, la escena cambia.
Varias de las viviendas muestran daños: vidrios rotos, puertas forzadas, señales de ocupación irregular. Solo dos guardias municipales custodian el predio.
Algunas de las casas cuentan con sanitarios instalados y techos colocados; otras son únicamente estructuras de bloques sin acabados, sin puertas, sin ventanas.
El contraste con los documentos oficiales es evidente. Según el expediente de Contratación Directa de Emergencia No. CDE-002-AMDC-038-2023, el proyecto contemplaba “la generación de un espacio para la construcción de viviendas de tipo social, debidamente equipadas con la infraestructura adecuada para beneficiar el total de familias afectadas”.
El mismo archivo establece que el desarrollo debía incluir servicios básicos —energía eléctrica, red de agua potable y aguas negras—, equipamientos sociales, accesibilidad, áreas verdes y criterios ambientales.
La orden contractual para CIIN detallaba la construcción de 105 viviendas permanentes en lotes de 7x14 metros, con un área de 98 metros cuadrados y variantes de diseño de 54 metros cuadrados ampliables.
Las casas debían contar con cocina, sala, comedor, dos habitaciones con opción a una tercera, baño, garaje, tanque de almacenamiento de agua y sistema opcional de recolección de lluvia. Nada de eso pudo constatarse durante el recorrido.
Tampoco hay señales visibles de equipamiento social, áreas verdes funcionales o infraestructura completa de servicios básicos. El proyecto que en papel prometía un desarrollo integral hoy muestra apenas una fracción construida y varias estructuras expuestas al deterioro.
El contrato también establece que los pagos a la empresa se realizarían mediante reembolsos periódicos, condicionados a informes de avance aprobados por la Dirección de Control y Seguimiento de la AMDC. Además, fijaba una multa del 0.36 % diario por retrasos o incumplimientos, conforme a la Ley de Contratación del Estado.
Sin embargo, mientras el documento detalla mecanismos de control y sanción, en el terreno el avance no refleja la magnitud de la inversión comprometida, pues quedó botado.
Los responsables de Villa Solidaridad
Con el panorama inconcluso en Villa Solidaridad —10 de 105 casas construidas, estructuras vandalizadas y obras a medias—, EL HERALDO Plus buscó la versión del exalcalde Jorge Aldana, sin obtener respuesta.
Este rotativo indagó sobre la compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales S. de R.L. (CIIN), encargada del proyecto, que en la ONCAE aparece como proveedor del Estado, cuyo permiso de operación está caducado. Es decir, la empresa formalmente no podía tener tratos con el Gobierno, pero recibió contratos millonarios de la alcaldía capitalina.
Constituida en 2006 en Tegucigalpa con un capital inicial de 10,000 lempiras, CIIN fue fundada por Julio César Alvarado Ordoñez y Denis Yobhany Funes Torres. Con el tiempo, la empresa amplió poderes a terceros y en 2013 otorgó amplias facultades a Wilfredo Zelaya Ordoñez, quien en 2015 adquirió el 30% de la sociedad, consolidando su liderazgo operativo junto a Alvarado (70%).
En 2018, la compañía se transformó en sociedad anónima de capital variable (S.A. de C.V.), elevó su techo de capital a 20 millones de lempiras, creó un Consejo de Administración presidido por Zelaya y amplió significativamente su objeto social, diversificando actividades y habilitándose para contratos de mayor escala y consorcios.
Entre 2017 y 2023 participó en proyectos como obras de riego en Comayagua y remodelaciones hospitalarias en el occidente del país.
EL HERALDO Plus también buscó la versión de Wilfredo Zelaya Ordóñez, presidente de CIIN. El primer contacto no fue directo. Antes de llegar a él, el equipo logró comunicación con su hermano, cuyo nombre apareció durante el recorrido en Villa Solidaridad.
En una de las viviendas inconclusas se encontró una pegatina con el nombre de la empresa Construcción, Supervisión y Venta de Materiales, S. de R.L. (Consuvema). El distintivo, adherido en una estructura del proyecto, abría una nueva línea de preguntas: ¿qué hacía otra empresa vinculada a un familiar del presidente de CIIN en el predio de la urbanización?
Al verificar en la base de datos de la ONCAE, aparece registrado Jonathan Wilfredo Zelaya Ordóñez, quien se identificó ante el equipo como hermano del propietario de CIIN. En conversación telefónica, aseguró no tener ninguna relación con el proyecto Villa Solidaridad ni con la Alcaldía Municipal.
Este equipo también se contactó con Wilfredo Zelaya Ordóñez, el titular de CIIN, empresa a cargo de las obras en Villa Solidaridad, quien de forma escueta, a través de un mensaje de WhatsApp, dijo que “estimamos que lo más conveniente es que ustedes se avoquen a las autoridades actuales para tener una cohesión informativa. Ya que creemos que es lo más prudente”.
Se le insistió para conocer detalles sobre el avance del proyecto y las razones por las que la obra permanece inconclusa. La respuesta fue similar: “Insisto, estimados, creemos como empresa responsable que la única voz cantante en esto debe ser una y debe ser la de autoridades de turno para evitar un eco no deseado y que distorsione el mensaje a la población”.
Ante la consulta puntual sobre la presencia del sticker de Consuvema en una de las viviendas, respondió: “Sí, eso fue un sticker de la empresa de él que mis empleados lanzaron en el sitio. Él no tiene nada que ver”. Después de ese mensaje, no hubo más respuestas.
Durante la investigación surgió una denuncia anónima que señalaba que los trabajos se habrían paralizado por supuestas amenazas. Ni las autoridades ni la empresa quisieron hacer comentarios al respecto.
Lo que EL HERALDO Plus sí conoció es que la empresa recibió un pago superior al 20% de la obra, más de 29.2 millones de lempiras, lo que deja más de 88.6 millones que aún no se determina en dónde quedaron porque las nuevas autoridades municipales continúan con un análisis financiero.
El contrato, firmado el 9 de junio de 2023, debía concluir el 9 de abril de 2024 (10 meses después). No fue así. Pese a que no cumplió con el contrato, la comuna capitalina otorgó dos proyectos a la CIIN.
Apenas cinco días después, el 14 de junio de 2023, se adjudicó la pavimentación de la calle 17 de julio en la colonia Nueva Suyapa casi tres millones de lempiras.
Y, 6 de febrero de 2024, se le otorgó la segunda fase del Palacio Municipal, por 10,519,100.40 lempiras, actualmente bajo resguardo de la policía y sin avances visibles, según sostuvieron algunos empleados de la comuna.
Villa Solidaridad 2.0
Con el panorama de Villa Solidaridad expuesto —una urbanización inconclusa que no fracasó por falta de presupuesto, sino por retrasos administrativos y ejecución deficiente—, el foco inevitable se traslada a quienes siguen esperando.
Más de 180 familias, alrededor de 1,400 personas entre niños, jóvenes y adultos, continúan pagando alquiler o viviendo en condiciones provisionales mientras el proyecto que debía convertirse en su solución permanece detenido.
Ni la empresa supervisora, Geoconsult, S.A. de C.V., a la que se le pagaron más de 13.7 millones de lempiras por la supervisión de la obra, según el contrato No. 1178-GLA-AMDC-2023, ha hecho público un informe concluyente sobre el estado del proyecto. Tampoco la administración anterior explicó por qué no se aplicaron correctivos visibles ante el bajo avance físico.
Ante ese escenario, EL HERALDO Plus trasladó las preguntas a la actual administración municipal, encabezada por el alcalde Juan Diego Zelaya, para conocer qué pasará con las familias; sin embargo, solo se limitó a decir que las obras continuarán y que buscarán a otra empresa para que las concluya. Este equipo trató de profundizar sobre el tema, pero no accedió a dar entrevista.
El ingeniero Julio Quiñones, coordinador de Cambio Climático de la AMDC, aseguró que el alcalde está revisando la situación para ver cómo hace posible una nueva licitación de estas viviendas.
Según explicó, ya se solicitó un análisis técnico para determinar la condición contractual y física de las casas. Dijo que puede ser más sencillo entregarlas porque ya la lotificación está lista y solo se deben levantar las viviendas.
Quiñones indicó que el edil ha iniciado conversaciones preliminares con constructoras especializadas en vivienda social.
“Él (Juan Diego Zelaya) ya habló con algunas empresas que se han especializado precisamente en la construcción de viviendas para ver si pueden participar del proceso y así poder entregar las viviendas este año a esas familias”, aseguró.
El funcionario sostuvo que la intervención no se limita únicamente a Villa Solidaridad, sino que abarca otras zonas afectadas por el deslizamiento.
“Son tres elementos los que estamos viendo: la intervención en El Reparto, La Guillén, Cerrito Blanco y Nueva Santa Rosa; la condición de exposición que tienen todas las familias que se quedaron sin vivienda, que ha generado daño psicológico y un costo financiero; y lo otro son las casas, en qué momento y cómo se van a terminar”, expuso Quiñones.
Sobre los tiempos, fue prudente. “Esto en el transcurso de los próximos 10, 12 días seguramente va a suceder”, dijo en referencia a reuniones con las familias y visitas técnicas al sitio.
Sigue la espera: Construcción de casas en Villa Solidaridad podría extenderse hasta finales del 2024
Sin embargo, admitió que antes se deben revisar los diseños para decir cuándo empezarán con la obra y cuánto tiempo tardarían.
En cuanto al mecanismo de contratación, marcó distancia del proceso anterior, que se realizó bajo acuerdo de emergencia. “Yo no quisiera que se licitara; yo quisiera que se hiciera comparación de precios, que se inviten empresas y que ellos hagan la oferta”, manifestó.
Explicó que una licitación tradicional podría retrasar el proyecto hasta seis meses y “lógicamente, eso nos va a llevar mucho tiempo para retomar a las familias”.
El funcionario añadió, como postura personal: “Yo sí quisiera proponerle al alcalde que piense en un comparativo de precios de tres empresas con experiencia en construcción de viviendas, porque así garantizamos que ellos sean capaces de levantar esas casas a la brevedad posible”.
También descartó que el número de familias beneficiadas pueda reducirse. Por el contrario, explicó que la cifra podría aumentar.
“No, no puede bajar el número de familias beneficiadas, porque más bien... hay un número adicional que hay que incorporar de familias por el sitio que falló el año pasado, El Reparto. Creo que son como 14 viviendas más. Entonces, al contrario de ser menos, tiene que ser más para poder cubrir a todos”, afirmó.
Ese ajuste implicaría un incremento presupuestario. Según explicó, si originalmente cada vivienda rondaba entre 600 mil y 700 mil lempiras —aunque admitió no recordar con exactitud la cifra—, incorporar entre 14 y 20 casas adicionales elevaría el costo total del proyecto.
“Si voy a tener que meter 14, 15, 20 casas más, lógicamente tengo que incorporar mayor presupuesto. Y aquí, o sí o sí, va a ser presupuesto municipal”, sostuvo.
Quiñónes detalló que tanto la conclusión de las viviendas como las obras de mitigación en las zonas afectadas se financiarán con fondos municipales.
“Entre la obra y la solución a la situación de la colonia Guillén, la inversión total superará los 200 millones de lempiras”, indicó el entrevistado.
Desglosó que, si solo las casas ya representaban alrededor de 117 millones de lempiras, la incorporación de nuevas unidades podría elevar esa cifra a entre 130 y 135 millones. A eso se sumaría la obra de intervención estructural en las zonas afectadas.
“Más la obra, que no sabemos hoy el monto preciso, pero por todo lo que falló y que hay un área nueva afectada, seguramente va a estar costando por ahí entre los 80, 90 millones de lempiras también. O sea que te pasan los 200 millones en las dos cosas, casas y la obra”, dijo.
No obstante, advirtió que aún deben completarse los análisis técnicos y financieros antes de definir plazos concretos y “tener la garantía de la empresa, del análisis hecho, de los montos definidos. Él nos presenta un cronograma con el cual nosotros partimos y decimos: ‘Miren, señores, aquí está mi propuesta como alcalde, estas son las casas, en este tiempo las entrego; esta es la obra, en esta fecha se la entrego’”.
Finalmente, subrayó el compromiso de la actual administración con la obra y las viviendas porque para el alcalde “es no negociable. O sea, él las va a entregar como dé lugar”.
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