Tegucigalpa cumple un aniversario bajo el azote criminal: “Tienen 24 horas para salir o si no los topamos a tiros”

Tegucigalpa, Honduras.- Un hombre armado entró a la casa de Miguel, lo miró a él y a su familia, y dio la orden: "Tienen 24 horas para salir o si no los topamos a tiros".

No hubo margen para dudar. Frente a sus dos hijos, empacó lo que pudo y dejó atrás la casa humilde de la colonia Villa Nueva donde ambos habían nacido, junto con los sueños de salir adelante que había construido ahí.

Hoy la familia vive refugiada en una colonia que no es la suya. La vida no volvió a ser la misma: todo le da miedo, y ya no deja que sus hijos salgan a jugar como antes.

"Es duro no poder ni salir a la pulpería de noche, no sabe lo feo que es saber que uno tenga que estar al pendiente de que no venga ninguno de esos cabrones a amedrentar a su familia", relata Miguel, nombre ficticio que pidió usar con EL HERALDO Plus por seguridad. Por ahora es el único que trabaja en la casa; el resto de la familia todavía intenta adaptarse a un entorno que no eligió.

Su esposa recuerda lo que dejaron en Villa Nueva. "Teníamos a los niños en una escuela, ellos tenían a sus compañeritos, sus maestros, pero tuvimos que cambiar todo eso. Incluso yo dejé atrás a los hermanos de mi iglesia por temor de que le hicieran algo a mi esposo y mis hijos", cuenta.

Llevan dos meses fuera de su colonia y no piden venganza, sino que les devuelvan lo que tenían: "No queremos saber quiénes nos sacaron, no buscamos culpables, lo único que pedimos es que nos regresen nuestra casa, nuestro sueño, nuestro hogar. Primero Dios ponga sabiduría en las autoridades para que puedan entregarnos lo que es nuestro".

Lo que vivió Miguel tiene nombre técnico —desplazamiento forzado interno— y tiene, detrás, una lógica que Elsy Reyes, jefa de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), conoce de memoria.

Pandilleros y narcotraficantes obligan a familias a irse de sus casas para convertirlas en puntos de vigilancia, en bodegas para vender droga al menudeo o en las llamadas "casas locas", donde cometen sus crímenes lejos de testigos conocidos. "Les dan incluso términos de 24 horas", explica Reyes.

Solo en 2023, esa oficina recibió 1,761 denuncias por desplazamiento forzado, y el Registro de la Propiedad contabilizaba, hasta 2018, unas 50,000 viviendas abandonadas en el país.

Y la autoridad no tiene la capacidad de contrarrestar este y otros delitos violentos, principalmente cuando se dispone de casi 1,500 agentes para custodiar una ciudad con más de 1.3 millones de habitantes —unos 10 agentes por cada 10 mil habitantes.

El Distrito Central encabeza la lista de desplazamiento contra la voluntad con una diferencia abismal frente al resto de municipios: concentra el 43% de los 4,383 casos de desplazamiento forzado de niñas, niños y adolescentes registrados en Honduras entre 2019 y julio de 2026, según cifras de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), Conadeh y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Le sigue San Pedro Sula, muy por debajo, con 20%; después La Ceiba y Choluteca, con 6% cada uno, y Juticalpa, con 4% —sin que eso signifique, aclara Reyes, que no haya niñez afectada en el resto del país.

Dentro de esa cifra hay una jerarquía de edades que a Reyes le preocupa de manera particular. El 28% de los afectados son niñas y niños menores de cinco años, pero el mayor riesgo lo enfrentan los de 6 a 12 años, que representan el 40% de los casos: cuatro de cada diez. Los adolescentes de 13 a 17 años suman otro 22%.

"Nos preocupa que el mayor riesgo lo enfrenta la niñez en edad escolar y los de ciclo común, debido a las interrupciones y hasta el abandono de sus estudios por el impacto de la violencia y el desplazamiento forzado que han vivido sus padres o familiares cercanos", dice Reyes.

Es, casi en los mismos términos, lo que le pasó a los hijos de Miguel: la escuela, los compañeritos, los maestros, todo cambió de golpe.

La mayoría de esos niños no huyen solos, van acompañados de padres desplazados por amenazas, que representan el 52% de los casos; por extorsión, el 12%; por el asesinato de un pariente, el 11%; y, en menor medida, por violencia de género, discriminación, rapto o reclutamiento forzado por parte de estructuras criminales.

Y contra lo que podría suponerse, el agresor casi nunca es un desconocido total: en 32% de los casos es una persona conocida —un vecino, a veces alguien de la propia familia—, en 31% no ha sido identificado, en otro 31% se trata de estructuras criminales, y en un 5% —lo que más lamenta Reyes— de agentes del propio Estado.

Reyes también distingue entre dos tipos de desplazamiento: el intradepartamental, cuando la familia se muda a otro departamento, y el intermunicipal, cuando intenta quedarse cerca, muchas veces para no perder el trabajo. Solo cuando el riesgo se vuelve demasiado alto, explica, las familias aceptan irse más lejos. Miguel, sin ir más lejos, apenas se movió unas colonias adentro de la misma capital.

El patrón de Miguel y su familia se repitió el 6 de septiembre, al menos diez familias más abandonaron sus casas en Villa Nueva —la misma colonia de Miguel— tras amenazas atribuidas a la Pandilla 18, según reconoció el comisario Cristhian Nolasco, jefe de operaciones de la División Anti-Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).

Hace cuatro meses, Jesús —nombre ficticio— cumplió una meta que perseguía desde hacía años: compró un local en un mercado capitalino y montó una bodega de abarrotería.

Es catedrático universitario, pero siempre quiso tener un negocio de alimentos propio. Ese sueño empezó a desmoronarse casi de inmediato: cuatro grupos delictivos, entre ellos el Barrio 18 y la MS-13, le exigen cada quincena más de 50,000 lempiras que no tiene y que consigue endeudándose.

"Estoy muy consternado, no sabe lo que cuesta salir adelante en este país, y considero que no es justo que vengan estos muchachos y nos obliguen a pagarles algo que no trabajamos", dice Jesús, con el rostro desencajado. Puso una denuncia anónima ante la Policía; ningún agente ha llegado a su local.

"Llamamos a la policía, pusimos la denuncia, pero no obtenemos respuesta de las autoridades", relató. Su deuda ya supera el medio millón de lempiras, sin contar lo invertido en el negocio. "Mi sueldo ayuda, pero es para las cosas del negocio; creo que lo mejor es cerrar para no darle tregua al enemigo", piensa Jesús.

Por un tiempo buscó refugio en la iglesia, con la esperanza de que Dios lo ayudara donde la Policía y el Ministerio Público no llegaban.

Cambió los números de teléfono y vivió, dice, "una aparente paz". No duró, ya que los pandilleros volvieron a llamar, y esta vez con una amenaza de muerte si intentaba desaparecer.

El silencio de Jesús tiene respaldo estadístico. Las denuncias por extorsión en Honduras cayeron de 1,819 en 2022 a apenas 307 en 2025, un desplome del 83%, según un análisis de EL HERALDO Plus con datos de la Policía.

En Francisco Morazán —con epicentro en el Distrito Central— se registraron 229 de esas 307 denuncias, la mayor concentración departamental del país.

Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), advirtió que esa caída no debe leerse como una baja real del delito, sino como el miedo a las represalias y la desconfianza en que denunciar sirva de algo son las razones principales.

Un estudio de la misma ASJ encontró que 1 de cada 10 hondureños dice haber sido víctima de extorsión. Y de los 7,654 capturados por ese delito entre 2022 y 2025, solo 1 de cada 7 terminó condenado.

El cobro no distingue oficios. Jorge Lanza, dirigente del sector transporte, aseguró que la extorsión afecta a prácticamente todas las rutas urbanas, sobre todo en barrios y colonias donde las unidades entran a diario.

"Todo el mundo paga extorsión. Hay rutas que pagan los siete días de la semana, otras cinco y algunas dos veces por semana. En promedio, el pago ronda los 12 mil lempiras por unidad", afirma.

Los informes de la Policía Nacional indican que las maras y pandillas controlan el 10% de los barrios en el Distrito Central. El dominio de la Pandilla Barrio 18 se concentra en el sur y suroeste de Comayagüela, abarcando colonias como Flor del Campo, El Pedregal y Divanna, hasta Los Pinos y La Cañada. Esta estructura basa su poder en fronteras invisibles rígidas y en la extorsión al transporte y al comercio local.

Por su parte, la Mara Salvatrucha (MS-13) controla el cinturón norte, noreste y noroccidente de Tegucigalpa, operando un corredor que va desde la San Francisco y la 21 de Febrero hasta la Nueva Capital y Villa Cristina, con un enfoque logístico volcado al narcomenudeo.

Esta división geográfica deja zonas de alta fricción en el este de la capital, específicamente en Villanueva, Nueva Suyapa y la colonia San Miguel, donde ambas maras y bandas independientes como "Los Berrios" se disputan el territorio.

Sobre las sospechas de que integrantes del propio gremio participen en el cobro, pidió una investigación: "Si hay transportistas, conductores, ayudantes o personal administrativo involucrado en la extorsión, que las autoridades presenten las pruebas. Nosotros estamos en la mejor disposición de colaborar para depurar el sector".

Del gobierno de Nasry Asfura espera "un trabajo diferente al de todos los que han pasado, porque hasta el momento no hemos visto ninguna solución".

La extorsión no es el único delito que golpea el bolsillo capitalino. Hasta julio de este año, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) reportaba haber recuperado 277 vehículos robados: 230 motocicletas y 47 automóviles, la mayoría mediante operaciones en Tegucigalpa y Comayagüela.

Para enfrentar ese y otros delitos, la Policía Nacional mantiene 14 operaciones simultáneas en el Distrito Central, con allanamientos y puntos de control.

"Tenemos operaciones en las colonias Flor del Campo, La Venezuela, también por el lado de La Cantera; estamos posicionados ahí, tenemos un punto de control", detalló el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, quien asegura que los allanamientos ya han dejado capturas, aunque prefiere dar un informe completo hasta que las intervenciones concluyan.

Reconoció, sin embargo, el límite de esas operaciones: los sospechosos suelen moverse hacia otros sectores para evadir a los equipos de seguridad, por lo que también se vigilan las vías de salida.

"La ruta de acceso también puede ser una ruta de salida, porque normalmente ocurre el efecto globo en las operaciones", explicó. Mientras tanto, las autoridades pidieron a los capitalinos mantener precaución en las zonas intervenidas.

Ese "efecto globo" tiene una explicación estructural, según el ministro de Seguridad, Gerzón Velásquez: Honduras cuenta con un policía por cada 436 habitantes, una de las proporciones más bajas de Centroamérica, frente a los 300 agentes por cada 100 mil habitantes —uno por cada 333 personas— que recomienda la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En otros países de la región, estimó, la relación llega a ser de un policía por cada 200 ciudadanos. Tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, admite Velásquez, operan con capacidades limitadas que deben repartirse entre todas las zonas del país.

Ante esta realidad, EL HERALDO Plus hizo su propio análisis sustentado en las solicitudes de información SOL-SSSS-2965-2025 y SOL-INE-782-2025, verificando la cantidad de agentes operativos asignados exclusivamente a las Unidades Metropolitanas y Departamentales de Policía (UMEP y UDEP) al cierre de 2025.

Con estos datos se constató que, para una población de 10 millones de habitantes, la tasa nacional es de 9.2 policías por cada 10,000 personas, lo que equivale a un policía por cada 1,087 habitantes.

Sin embargo, en el Distrito Central —que concentra 1.3 millones de personas y tiene distribuidos 1,446 agentes— la cifra es de 10.6 policías de las UMEP por cada 10,000 habitantes, es decir, un policía por cada 899 capitalinos.

Honduras cuenta con el antecedente directo del estado de excepción implementado durante la gestión de la expresidenta Xiomara Castro, vigente desde diciembre de 2022 hasta enero de 2026.

Aquella medida enfrentó duros cuestionamientos por violaciones a los derechos humanos; de hecho, el propio Conadeh advirtió que los recurrentes allanamientos terminaron forzando el desplazamiento forzado de varias familias.

A pesar de estos antecedentes, el presidente Nasry Asfura analizó la posibilidad de replicar esta medida en ciertos municipios del país. No obstante, la iniciativa encontró un freno definitivo en el Congreso Nacional.

"No vamos a ocupar el estado de excepción porque es una acción que le suspende garantías al 100% de la población", aseveró contundentemente el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

Consultado sobre cómo se protegerán los derechos humanos bajo las nuevas disposiciones, respondió: "Estamos con los derechos humanos de las víctimas, de la familia de los que han asesinado, de los que han extorsionado, de la gente a la que han violado, de la gente que se tuvo que desplazar por la violencia. Esos son los derechos humanos que a nosotros nos importan".

En lugar del estado de excepción, el 22 de septiembre el Congreso aprobó por unanimidad la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas: envía a los integrantes de esas estructuras a módulos de máxima seguridad bajo aislamiento, amplía las facultades de la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para capturar en flagrancia y ejecutar allanamientos sin orden judicial previa, y permite declarar "Territorios de Alto Riesgo", con controles de acceso y restricciones temporales de circulación, siempre acompañados de fiscales del Ministerio Público.

El Ejecutivo tiene treinta días para adecuar los reglamentos. Hasta ahora las organizaciones declaradas como terroristas son: la Pandilla 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Cártel del Diablo. "Hasta hoy van tres y podrían ampliarse", dijo Zambrano.

El ministro Velásquez explica el fundamento legal: el Código Procesal Penal ya permitía capturas y allanamientos sin orden judicial en casos de flagrancia, y la asociación terrorista se clasifica ahora como un delito de "flagrancia continuada", con ajustes normativos en curso.

Cada allanamiento, aclaró, se realizará con acompañamiento técnico y jurídico de fiscales especializados y con validación posterior de un juez. Los resultados que presenta son concretos: tres cabecillas de la Pandilla 18 capturados en Tegucigalpa; nueve integrantes de estructuras criminales en San Pedro Sula —tres de la MS-13 y seis de la Pandilla 18—.

Los números que rodean a Tegucigalpa en su 448 aniversario no dejan mucho espacio para el optimismo. En 2025, el Distrito Central se posicionó como el municipio con más homicidios de Honduras al registrar 288 víctimas, una cifra que concentró el 74.2% de los 388 casos ocurridos en todo Francisco Morazán.

Este volumen de violencia empujó a que el departamento cerrara con una tasa general de 21.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, calculada sobre una población departamental proyectada de 1,797,179 personas.

A escala nacional, Honduras concluyó ese mismo año con 2,633 homicidios y una tasa de 26.2. Aunque los primeros datos de 2026 muestran una leve mejoría —con 1,236 homicidios entre enero y junio y una tasa anual proyectada a la baja de 24.6, según el observatorio de la UNAH—, la realidad sigue siendo alarmante: más de 1,200 personas perdieron la vida de forma violenta en apenas el primer semestre del año.

Los informes que recogen estas cifras señalan a la capital y a San Pedro Sula como los focos históricos donde se combinan bandas criminales, desigualdad urbana y un débil control del Estado sobre el territorio.

La violencia contra las mujeres tiene el mismo epicentro: 31 víctimas de muertes violentas y femicidios en 2025, más que San Pedro Sula (20) y Catacamas (13) juntas. Entre 2022 y 2025, el Distrito Central acumuló además 767 denuncias por abuso sexual infantil, muy por encima de las 339 de San Pedro Sula, la segunda ciudad en esa lista.

Buena parte de ese rastro termina en Medicina Forense. Solo en 2025, la oficina regional de Tegucigalpa realizó 5,120 evaluaciones médico-legales por requerimiento fiscal —el 26.7% de las 19,862 atenciones de todo el país, la mayor carga de cualquier sede regional, según el Observatorio de la Violencia de la UNAH—: 3,019 por lesiones personales, 896 de mujeres agredidas, 382 por delitos sexuales, 136 de menores maltratados y 687 peritajes adicionales de edad, sexo o toxicología.

A escala nacional, ese mismo boletín contabilizó 2,153 evaluaciones por delitos sexuales y 477 por menores maltratados, lo que confirma que Tegucigalpa concentra, ella sola, una porción desproporcionada del dolor que se mide en todo el país.

Francisco Morazán, con centro en el Distrito Central, encabezó en 2025 dos estadísticas más que rara vez se cuentan junto a las de homicidios y extorsión: fue el segundo departamento con más muertes por accidentes de tránsito (365) y el primero en suicidios (116), según el mismo Observatorio.

Son números que, leídos rápido, se vuelven ruido de fondo. Pero cada uno tiene, en algún lugar de la ciudad, una versión con nombre propio: alguien a quien no le pasó una estadística, sino una noche.

Miguel no opina sobre estados de excepción ni sobre leyes antiterroristas. Él cuenta días: van dos meses fuera de su casa. Sus hijos siguen preguntando cuándo van a volver a la escuela de Villa Nueva, y él todavía no sabe qué responderles.

Tegucigalpa cumple 448 años esta semana, con el mismo escudo, la misma fecha de fundación que se repite cada septiembre. Lo que no cumple, para familias como la suya, es la promesa más básica de cualquier ciudad: que la casa donde uno nació siga siendo, con el paso de los años, la casa a la que uno puede volver