Tegucigalpa, Honduras.- La declaratoria de las maras y pandillas como asociaciones terroristas representa, según el director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), Daniel Molina, un giro en la estrategia de seguridad del Estado para combatir la extorsión y las estructuras criminales que operan en Honduras.
Molina explicó que las medidas no estarán dirigidas únicamente contra los miembros de las pandillas, sino también contra colaboradores que faciliten el cobro de extorsiones o reciban recursos provenientes de estas actividades.
La nueva ley también contempla efectos en materia procesal y penitenciaria, entre ellos restricciones a determinados beneficios y un régimen especial para las personas recluidas que estén vinculadas con organizaciones declaradas terroristas.
Medidas
En los centros penitenciarios se prevén controles especiales sobre las comunicaciones y las visitas con el objetivo de evitar que las estructuras criminales continúen coordinando actividades ilícitas desde las cárceles.
Molina señaló que uno de los mayores retos es fortalecer el bloqueo de comunicaciones desde los centros penitenciarios, ya que, aunque existen tecnologías para restringir llamadas convencionales, persiste el desafío de impedir las comunicaciones mediante plataformas digitales.
También figura la creación de un circuito especializado con jueces y fiscales para conocer delitos relacionados con estas organizaciones, además de la posibilidad de trasladar a sus integrantes a módulos de máxima seguridad.
No tenga miedo
Molina sostuvo que la efectividad de las investigaciones depende también de la colaboración ciudadana, asegurando que los equipos de inteligencia e investigación cuentan con capacidades para identificar y capturar a los responsables, pero insistió en que las víctimas deben denunciar mediante los canales establecidos, sin exponerse nuevamente ante los integrantes de las estructuras criminales.
La Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional fue aprobada por el pleno del Congreso Nacional luego de que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad catalogara como terroristas a tres estructuras criminales que operan en el país y estableciera medidas especiales para combatirlas.
