Tegucigalpa, Honduras.- Las cifras que presentó el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, para destacar la Ley de Justicia Tributaria (aún sin ser aprobada) mezclan conceptos y agrandan montos. Tomó el gasto tributario —que reúne varios beneficios fiscales— como si fueran solo exoneraciones.
Además, sobreestimó el servicio de la deuda entre 2022 y 2025, frente a los registros oficiales. El contraste técnico y numérico muestra discrepancias sostenidas año a año.
En sí, el diputado afirmó que “el gobierno de la presidenta Xiomara Castro pagó, en servicio de la deuda, 53,659 millones en 2022, y las exoneraciones eran de 69,086 millones. En 2023, las exoneraciones fueron de 67,000 millones, y se pagaron 53,000 millones”.
Y agregó: “En 2024, las exoneraciones alcanzaron los 77,000 millones, y se pagaron 64,000 millones. Para 2025, las exoneraciones son de 83,000 millones, y seguimos pagando 67,000 millones” (desde el minuto 1:31:00).
Es una verdad a medias. Las cifras citadas para “exoneraciones” corresponden al gasto tributario y no únicamente a exoneraciones; y los pagos de deuda oficiales son menores.
EH Verifica preguntó a Pino sobre su aseveración, pero mantuvo su posición inicial.
Deuda pública
Entre 2022 y 2025, el Estado pagó por servicio de la deuda (externa e interna) montos inferiores a los que dijo Pino.
En 2022, desembolsó 2,068.3 millones de dólares, equivalentes a 52,475.12 millones de lempiras, según registros oficiales consolidados.
En 2023, el pago fue 2,089.7 millones de dólares o 51,517.7 millones de lempiras, una trayectoria estable frente a 2022.
En 2024 se observó un repunte: 2,459.3 millones de dólares (62,416.1 millones de lempiras), el mayor del cuatrienio comparado.
Para 2025, el dato disponible hasta el segundo trimestre reporta 1,276.1 millones de dólares, es decir, 33,330.5 millones de lempiras.
Aun parcial, esta cifra queda muy lejos de los 67,000 millones que afirmó el congresista para ese año. La serie muestra estabilidad en 2022–2023, un aumento en 2024 y un registro parcial en 2025. El patrón no respalda las cifras más altas atribuidas por Pino al servicio de la deuda en cada año observado.
Gasto tributario, no solo exoneraciones
Pino llamó “exoneraciones” a montos que, en realidad, son gasto tributario total. Este indicador agrega exoneraciones, exenciones, deducciones, créditos, diferimientos, tasas reducidas y otros tratamientos especiales que reducen la recaudación.
Con ese criterio técnico, el Estado dejó de percibir 69,086.5 millones de lempiras en 2022 y 67,270.8 millones en 2023.
En 2024, la cifra subió a 77,483.6 millones y en 2025 alcanzó 83,682.3 millones. Es decir, los números citados por Pino son correctos, pero describen el gasto tributario agregado, no exclusivamente exoneraciones.
Confundir ambos conceptos sobreestima el peso real de las exoneraciones dentro del conjunto de beneficios fiscales. El sistema impositivo hondureño se apoya en ISV, Impuesto sobre la Renta y conexos, y el ACPV.
La Secretaría de Finanzas cuantifica el gasto tributario considerando beneficios en impuestos directos e indirectos.
Donde se excedió el congresista
Al contrastar lo dicho por Pino con los registros oficiales, aparecen diferencias en cada año. Para 2022, él habló de 53,659 millones; el dato validado es 52,475.12 millones: una brecha de ≈1,184 millones de lempiras.
En 2023, aseguró 53,000 millones, pero la cifra oficial es 51,517.7 millones: 1,482.3 millones menos. En 2024, mencionó 64,000 millones; la ejecución real fue 62,416.1 millones: 1,583.9 millones por debajo.
Y en 2025, mientras afirmó 67,000 millones, el reporte al II trimestre registra 33,330.5 millones. Aun con el carácter parcial del dato, la distancia es sustantiva y no se explica por simple estacionalidad.
En conclusión, Hugo Noé Pino usó montos correctos del gasto tributario, pero los presentó como si fueran solo exoneraciones, y sobreestimó el servicio de la deuda.
La evidencia pública sostiene el veredicto de verdad a medias y subraya la importancia de distinguir conceptos fiscales al comparar cifras oficiales.
