El comercio ilegal de licores procesados y envasados en destilerías clandestinas significará para el fisco hondureño dejar de percibir 75 millones de lempiras en el presente año.
Así lo estiman expertos que han participado en la investigación de la industria ilegal del alcohol, la que ha aumentado en los últimos dos años por la falta de control de las autoridades gubernamentales, poniendo en riesgo la salud de los consumidores y las finanzas de la administración central.
Agrega que las 37 plantas artesanales clandestinas ubicadas en nueve departamentos del país están evadiendo al fisco con los impuestos de producción y con el 15% del Impuesto Sobre Ventas (ISV). Son casi siete millones de litros que son procesados por destilerías ilegales.
Los informantes aseguran que muchas de esas destilerías ilegales son propiedad de personas que distribuyen marcas de aguardientes y rones fabricados en el país, pero que han encontrado en la adulteración de las bebidas un lucrativo negocio que les genera millonarias ganancias.
En 2010, el gobierno dio un fuerte golpe a las destilerías ilegales que operaban en Francisco Morazán y Yoro al desmantelar tres plantas, las que tenían capacidad para abastecer el 25% del consumo interno de aguardiente y licor compuesto.
No obstante, en los últimos dos años la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y la Secretaría de Salud Pública no reportan novedades en cuanto al combate de la producción ilegal de bebidas alcohólicas. En julio de 2012, en Comayagua fallecieron 22 personas por la supuesta ingesta de aguardiente adulterado, versión que nunca fue confirmada por las autoridades competentes.
Más impuestos
La administración del presidente Porfirio Lobo Sosa aprobó en marzo de 2012, a través de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público (Decreto 17-2010) un impuesto a la producción nacional de las bebidas, que comprendía refrescos, cervezas, aguardientes y licores.
El ron añejado de 40 grados paga 17 lempiras, el de 38 cancela 16.15 lempiras y el de 36 grados 15.30 lempiras. En cuanto al aguardiente, el de 45 grados está gravado con 12.15 lempiras, el de 40 paga 10 lempiras, el de 38 tiene un impuesto de producción de 8.36 lempiras y el de 30 GL seis lempiras.
Esa medida fue rechazada por la industria formal del alcohol, ya que tendría un incremento al consumidor y propiciaría la producción clandestina. Inicialmente el impuesto a la producción propuesto por el Poder Ejecutivo era más elevado. Al final, el incremento fue de 7% de forma global para toda la industria de las bebidas.
El aumento al impuesto de producción se ha visto reflejado en las recaudaciones tributarias, especialmente en la fabricación de aguardientes, no así en la de licores compuestos, los que han observado variaciones hacia arriba y hacia abajo.
Este impuesto se causa en el momento del retiro del producto de la fábrica para su enajenación a cualquier título o en la fecha de emisión de la factura o transferencia del mismo, lo que ocurra primero, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 17-2010.
La producción de aguardiente generó 78.1 millones de lempiras en concepto de impuestos de producción en el período 2007-2009, menor que los 164.1 millones registrados en el trienio 2010-2012. En cuanto al licor compuesto, antes de entrar en vigencia el Decreto 17-2010, o sea de 2007 a 2007, los impuestos recaudados ascendieron a 162.2 millones de lempiras, inferiores que los 285 millones del último trienio.
Este resultado en la recaudación, según el personal entrevistado que participó en la investigación, se debe más al ajuste del impuesto y en menor medida a un incremento en la producción.
Comisión
Ante las constantes denuncias de la importación masiva de alcohol para la fabricación de bebidas alcohólicas, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional acordaron crear una comisión interinstitucional para frenar el contrabando y la evasión fiscal en la producción de licores.
Así quedó establecido en el Decreto 31 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público. La comisión está conformada por un representante de la DEI, quien la preside, la Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad, Comercio, Ministerio Público y Gobernación y Justicia. Además, la integran representantes de la industria de la cerveza y gaseosas, bebidas alcohólicas y cigarrillos.
Pese a contar con la representación de nueve instituciones públicas y privadas, la comisión interinstitucional en más de tres años de operación nunca ha brindado un informe sobre sus actividades.
EL HERALDO conoció que esta comisión ha abordado el tema de las destilerías clandestinas, así como el impacto en las finanzas públicas y en la salud de los consumidores, sin embargo, los miembros de este órgano no han podido adoptar una estrategia para frenar el consumo de alcohol adulterado y evitar que se repita lo sucedido en julio de 2012 en Comayagua, en donde 22 personas murieron por la supuesta ingesta de “guaro” adulterado.
Asimismo se logró conocer algunas diferencias de criterios entre representantes del sector público con la industria, frenando el trabajo necesario para combatir a los evasores y a las destilerías ilegales. Otro elemento que ha contribuido a no lograr los objetivos de esa instancia han sido los constantes cambios al frente de la DEI, la que ha tenido tres directores y dos comisiones interventoras.
