Entre risas, lágrimas y abrazos, los hondureños despedirán un año 2012 que nunca más volverá, pero que deja huellas sobre una sociedad víctima del engaño, el fracaso, el maltrato, la ilegalidad, la violencia y la corrupción.
La mayoría de los que de una u otra forma atropellaron al pueblo son servidores públicos y dirigentes gremiales alejados del buen gobierno.
Por sus propias actuaciones, este año algunos repiten como villanos y otros son nuevos en la selección que EL HERALDO le muestra a continuación.
1. Juan Orlando Hernández
Hace unos días, el exfiscal general Edmundo Orellana Mercado lo calificó como la reencarnación del dictador nacionalista Tiburcio Carías Andino.
Se trata de Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional, quien ha sido uno de los protagonistas en el Poder Legislativo del golpe técnico que se ha asestado al Poder Judicial.
Actualmente, Hernández es visto como el principal promotor de una crisis generada un día antes que su mayor contendor político Ricardo Álvarez presentara un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que se cuenten voto por voto los resultados que obtuvo el Partido Nacional en las elecciones internas del 18 de noviembre de este año.
Antes de que los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional conocieran el recurso de amparo, el Congreso Nacional, sin tener atribuciones, destituyó a cuatro de ellos argumentando que estaban en contra de un decreto de la depuración policial.
Las iglesas Católica y Evangélica, los empresarios aglutinados en el Cohep, un sector de los partidos Liberal, Pinu y DC, así como asociaciones de jueces, el CNA y la Secretaría de Justicia, entre otros, han criticado el zarpazo dado por el Legistativo.
En el caso particular de la Iglesia Católica, prevé que detrás de las decisiones del Congreso Nacional, que amenazan la institucionalidad, se busca el control absoluto del poder.
2. Edgardo Casaña
Este dirigente magisterial, que ahora también quiere ser diputado de Santa Bárbara por el partido Libertad y Refundación (Libre), es uno de los que más han estado en contra de las decisiones gubernamentales encaminadas a poner orden en un sistema educativo debilitado por la corrupción.
Este año, Casaña comenzó su segundo período al frente del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (Coprumh), luego de haber reformado los estatutos de esa organización para poder reelegirse. Su actitud no solo es controversial a lo interno del gremio de maestros, sino también en lo político.
A comienzos de año, su firma apareció en los listados que se presentaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para la conformación de los partidos Libre y Alianza Patriótica, liderado por militares retirados.
En el ámbito de la educación, siempre ha estado en contra de aquellas medidas implementadas por el ministro Marlon Escoto para realizar una limpieza del sistema educativo. Su extremismo es tal que en su momento llegó a calificar despectivamente a Escoto como un “gendarme” por vigilar que los educadores cumplan su trabajo.
Sus últimas acciones estuvieron encaminadas a evitar que la Secretaría de Educación realizara una evaluación para conocer el rendimiento académico de los escolares.
3. Roberto Martínez Lozano
Días después de que el Congreso Nacional lo interpelara por aprobar un contrato leonino a la empresa Westport Finance LLC, Roberto Martínez Lozano renunció al cargo de gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee).
El documento fue enviado al Legislativo sin que lo hubiere aprobado la junta directiva de la estatal.
El 23 de febrero se conoció que el entonces funcionario interpuso su renuncia y el presidente Porfirio Lobo Sosa rápidamente la aceptó, pues el mismo mandatario fue uno de los tantos hondureños que cuestionó el mencionado contrato.
Luego de su salida, se conoció que Martínez Lozano también aprobó un contrato con la empresa colombiana Gensa para privatizar el alumbrado público.
La concesión que se le da a la empresa sudamericana es de 25
años, en los cuales lograría un ingreso cercano a los 345 millones de dólares, unos 6,900 millones de lempiras, al cambio actual.
Durante la administración de Martínez Lozano -de enero de 2010 a febrero de 2012- la planilla de la Enee experimentó un aumento de 1,568 nuevos empleados, lo que significó que el presupuesto de salario subiera de 78.8 a 137.7 millones de lempiras mensuales.
4. Ricardo Ramírez del Cid
El comisionado general Ricardo Ramírez del Cid fue nombrado director de la Policía el 31 de octubre de 2011 y siete meses después fue destituido.
Durante su efímero paso por la Dirección de la Policía Nacional se registró el vil asesinato del ingeniero Alfredo Landaverde, en el cual -según investigadores- estarían involucrados policías.
Tras sustituir al comisionado José Luis Muñoz Licona, Ramírez del Cid tomó una institución sumida en la más grande corrupción: agentes ligados al crimen organizado, narcotráfico, robo y tráfico de armas, extorsión, secuestro, robo de carros y sicariato, y así la dejó.
No fue capaz de reducir la corrupción a lo interno de la entidad policial, por el contrario, públicamente salió denunciando que desde la misma Policía lo querían matar.
Tampoco logró bajar los niveles de violencia y criminalidad que experimentaba el país. Luego del plagio y asesinato del periodista Ángel Alfredo Villatoro, y ante la presión social, el presidente Porfirio Lobo determinó separarlo el 21 de enero de 2012.
5. Elmer Mayes
El 11 de febrero del 2012 resultó electo presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH) y a mediados de octubre hizo su debut con el primer llamado a huelga a unos 3,000 galenos del sistema sanitario público.
Durante la acción de protesta, los manifestantes solo atendieron las salas de emergencia y áreas críticas como una medida para presionar al gobierno por el pago de salarios atrasados a unos 800 doctores.
Miles de consultas y más de 300 cirugías fueron canceladas, poniendo en peligro la vida de los desposeídos del país.
Parte de la inconformidad de los galenos del hospital Escuela se derivó de la falta de pago de salarios, concursos médicos y la determinación que tomaron las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de que cumplieran con la jornada para la cual fueron contratados, porque de lo contrario se exponían a un despido.
Al final, el CMH doblegó el débil carácter del gobierno para que no se sancionara a los huelguistas, sin embargo, no tuvo la misma suerte con las autoridades de la Unah, que hoy administran el hospital Escuela.
6. Arturo Bendaña
La determinación del ministro de Salud, Arturo Bendaña, sobre si dejaba o no su puesto, se despejó a comienzos de septiembre cuando por fin interpuso su
renuncia.
A pesar de que durante su gestión administrativa de 32 meses ubicó a Honduras como uno de los países con más gente vacunada contra distintas enfermedades, no pudo lidiar con una serie de huelgas, comenzando por la de las enfermeras, que tardó un mes para encontrarle solución gracias a la medicación del obispo Rómulo Emiliani.
También tuvo que enfrentar la huelga de los médicos internos, especialistas y técnicos instrumentalistas. Tampoco pudo contrarrestar la monstruosa corrupción en la compra de medicamentos y alimentos para los enfermos.
Y qué decir de la impunidad que hubo en su gestión de la escandalosa compra sobrevalorada de insumos.
Ante el caos en el sistema sanitario, el mismo presidente Porfirio Lobo, el 26 de abril, dijo públicamente que necesitaba alguien que pudiera poner orden en la Secretaría de Salud; los hondureños tomaron esto como un despido indirecto de Bendaña.
7. Héctor Guillén
Un día después de que su esposa fuera capturada con 1,125,000 lempiras, el entonces ministro de Finanzas Héctor Guillén renunció a su cargo el 1 de agosto recién pasado.
El funcionario apenas duró en el puesto cuatro meses. Tomó el cargo el 16 de febrero de 2012 en sustitución de William Chong Wong.
Su paso por Finanzas fue muy cuestionado por sectores que lo miraban solamente como un funcionario que llegaba a esa entidad para facilitar algunas acciones del actual gobierno, en particular del titular del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández.
La salida de Guillén se da luego de dar varias versiones sobre el origen del 1.1 millones de lempiras.
Lo que llamó la atención fue el hecho de que el carro en que fue detenida la esposa del ministro Guillén estaba a nombre de una fundación cuyos directivos son parientes del actual presidente del Congreso Nacional y que había recién comprado el propio ministro.
Sobre el dinero se tejieron varias versiones dadas por los propios implicados. Que el dinero provenía del Banco Central de Honduras, luego que era del entonces ministro de Finanzas. El ministro justificó que el dinero provenía de un préstamo para comprar dólares.
Dos días después el periodista sureño Ariel D´Vicente declaró que el dinero era parte del pago de un soborno. La Fiscalía no ha aclarado el asunto.
8. Edwin Oliva
El Tribunal Superior de Cuentas detectó que Edwin Oliva, presidente del Colegio Profesional Superación Magisterial de Honduras (Colprosumah), tiene dos plazas, una en Yoro y otra en Cortés.
Asimismo, según el ente contralor, este dirigente trató de conseguir una tercera plaza violentando el procedimiento de concurso.
Los centros educativos donde el dirigente tiene las plazas están a más de 45 kilómetros uno de otro, ¿cómo hace para llegar a tiempo de un lado a otro?, cuestionaron.
Oliva es considerado como uno de los dirigentes magisteriales que normalmente critican toda medida de depuración del sistema educativo, incluso ha llegado a calificar al ministro de Educación, Marlon Escoto, como un modelo de pasarela, por las medidas que el funcionario está tomando para adecentar un sistema educativo altamente corrupto.
“Este tipo de funcionarios no pueden dirigir un gobierno ni una secretaría tan importante como la Secretaría de Educación”. Escoto se cree un modelo y como “aquí no es una pasarela, no es una fiesta de modelaje... Y al ministro le gusta andar en las cámaras y en los medios”, expresó Oliva ante un desplante de Escoto.
Oliva es uno de los dirigentes que continuamente orquesta movimientos y huelgas que han afectado a millones de niños y jóvenes de Honduras.
9. Óscar Recarte
Como presidente del Colegio de Profesores de Educación Media (Copemh), Óscar Recarte es otro de los dirigentes magisteriales que está en contra de todo aquello que tenga olor a limpieza y mejora del sistema de educación pública.
Al igual que la dirigencia de otros colegios magisteriales, Recarte está en contra de la Ley de Fundamental de Educación.
Ha calificado las medidas para poner orden en educación como una “cacería humana” del ministro de Educación, Marlon Escoto.
Incluso fue uno de los férreos opositores a que la Secretaría de Educación evaluara a los docentes, pero además de los que han exigido de las autoridades el pago a tiempo de los salarios.
Cuestionó las pruebas de evaluación de matemáticas y español. A finales de octubre pidió a sus colegas “cerrar las aulas el 27 de noviembre, no dejar entrar a los evaluadores... o pedir a los niños que no vayan a la escuela ese día”.
Planteó tal acción como una represalia contra el gobierno por haber suspendido el diálogo, al exigir a los profesores firmar un acta de compromiso para dar clases hasta el 21 de diciembre.
Su petición no tuvo efecto, pues los centros educativos estuvieron abiertos y los padres mandaron a los niños a la evaluación.
Durante este año, llamó varias veces a los afiliados del Copemh a que paralizaran las labores como medida de presión contra el gobierno.
10. César Ham
El director del Instituto Nacional Agrario (INA), César Ham, se volvió el más acérrimo defensor de todas las iniciativas del Poder Ejecutivo, aunque estas violenten preceptos legales, que él juró respetar.
En la efervescencia de la crisis por las tierras del Bajo Aguán, Ham acusó a los dirigentes Rafael Alegría y Juan Barahona de ser los responsables de las tomas masivas de tierras en ese sector, al norte del país. Señaló que las acciones de Alegría, de Barahona y de la oligarquía tenían como propósito hacerle daño a él y al gobierno.
El empresario Miguel Facussé lo señaló como el causante de toda la desgracia en el Bajo Aguán.
La última aparición pública de Ham fue para anunciar que Lobo ya tenía listo el decreto de la Ley Especial del Plebiscito y Referéndum, por si el pleno de magistrados de la Corte Suprema ratificaba el fallo que declara inconstitucional la aplicación de la prueba del polígrafo a los policías.
La crisis en el Aguán pasó de ser una lucha agraria a una demanda ideológica política y ha dejado más de 50 víctimas entre campesinos y guardias de las fincas de palma africana. A pesar de un acuerdo firmado, la crisis siguen presentándose en la zona.
