Tegucigalpa, Honduras. -Los extranjeros con residencia permanente en Honduras podrán contar con una representación digital de su Carné de Extranjero Residente Permanente en la Billetera Electrónica Nacional (BIEN), luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) oficializara su incorporación a la plataforma.
La medida permitirá facilitar la presentación, consulta y validación electrónica del documento migratorio.
El INM aclaró que la incorporación del carné a la BIEN no crea un nuevo documento migratorio ni modifica la condición jurídica de los extranjeros residentes.
Tampoco transfiere las competencias del Instituto, que mantiene la responsabilidad sobre la emisión, modificación, renovación, suspensión, cancelación y administración del documento.
El carné digital podrá ser validado por instituciones
Las instituciones públicas y privadas podrán verificar la autenticidad del Carné de Extranjero Residente Permanente Digital mediante la plataforma de la Billetera Electrónica Nacional, administrada por la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER).
El documento digital será una representación unificada del carné físico y reproducirá la información biográfica y biométrica contenida en este, manteniendo las medidas de seguridad correspondientes.
El INM también ordenó que la incorporación del documento digital sea socializada entre los ciudadanos inscritos en el Registro Nacional de Extranjeros, a través de los canales oficiales de comunicación.
¿Qué cambia para los residentes permanentes?
La resolución establece un mecanismo de interoperabilidad tecnológica para facilitar la acreditación y verificación del estatus migratorio.
En términos prácticos, la disposición permite que el carné de residencia permanente tenga una representación digital que pueda ser consultada y validada electrónicamente, sin modificar el estatus migratorio de su titular.
La medida forma parte de un proceso de transformación digital entre el INM y la DIGER. Ambas instituciones suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional el 24 de abril de 2026, orientado a fortalecer la interoperabilidad tecnológica y modernizar los servicios públicos.
El INM indicó además que la implementación debe garantizar la seguridad jurídica, protección de datos personales, confidencialidad de la información y resguardo de las competencias institucionales.
