Tegucigalpa, Honduras.- La expansión urbana continúa transformando las montañas que rodean la capital hondureña, donde cada vez son más visibles los proyectos habitacionales, edificios y complejos residenciales levantados sobre laderas que, hasta hace pocos años, permanecían cubiertas por bosques de pino, roble y otras especies de vegetación.
El crecimiento de la ciudad ha impulsado la apertura de calles y grandes movimientos de tierra en sectores como El Cimarrón y la montaña de Upare, donde el paisaje natural ha sido sustituido por terrazas y plataformas destinadas a nuevas urbanizaciones.
"La verdad es que las construcciones traen desarrollo, pero también generan un impacto ambiental que tendremos que pagar tarde o temprano, porque nosotros mismos destruimos nuestra casa común", expresó un vecino de la aldea El Cimarrón, quien observa desde hace varios años el avance de los proyectos habitacionales.
El residente aseguró que la transformación del cerro ha sido acelerada y que, con cada temporada, desaparecerán más árboles para dar paso a nuevas construcciones.
"Si usted vio ahí, muchos árboles se cortaron para continuar con las construcciones y, desde lejos, se observa lo descombrado del cerro, donde, a pesar de la cantidad de árboles, se siguen cortando sin piedad", lamentó.
Durante un recorrido realizado por EL HERALDO, fue posible constatar la apertura de nuevas calles, amplios cortes de terreno y maquinaria pesada trabajando en diferentes frentes para habilitar futuros proyectos residenciales en la zona.
Desde distintos puntos de la capital es evidente el cambio del paisaje, donde extensas áreas de bosque han sido reemplazadas por taludes, plataformas y caminos de acceso.
El gerente de la Unidad de Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Erik Fortín Duarte, explicó que cada proyecto debe cumplir una serie de requisitos ambientales antes de recibir la autorización.
"Existen dos figuras: la licencia ambiental y el permiso ambiental. La licencia corresponde a proyectos clasificados por la Secretaría de Ambiente según su nivel de impacto, mientras que el permiso ambiental aplica para obras de menor impacto reguladas por la municipalidad", explicó el funcionario.
Fortín indicó que, antes de aprobar un proyecto, se revisa la documentación legal del terreno, la evaluación ambiental, los estudios de riesgo, la disponibilidad de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y el manejo de los residuos sólidos.
Añadió que, cuando un proyecto se ubica dentro de un área protegida, la municipalidad no tiene competencia para aprobarlo y el expediente es remitido a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente.
"Todos los proyectos aprobados han cumplido con el proceso de licenciamiento ambiental, la evaluación de riesgos y la verificación de los servicios públicos antes de recibir el permiso de construcción", aseguró.
El funcionario detalló que la Alcaldía tramita alrededor de 900 permisos ambientales al año y emite aproximadamente 30 licencias ambientales cada mes. Asimismo, estimó que, durante la actual administración municipal, en el sector de El Cimarrón se han autorizado entre tres y cuatro licencias ambientales.
También explicó que en esa zona existen proyectos que van desde urbanizaciones de unas 40 viviendas hasta desarrollos que superan las 200 unidades habitacionales, muchos de ellos autorizados directamente por la Secretaría de Ambiente.
Para el geólogo Maynor Ruiz, especialista del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra (IHCIT) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la planificación debe comenzar con el análisis del terreno donde se pretende construir.
"Hay que analizar dos aspectos. Primero, determinar si la zona está considerada como un área protegida. Segundo, conocer el tipo de suelo o material geológico sobre el que se desarrollará el proyecto, porque, si no existe un buen sistema de drenaje, los deslizamientos serán inevitables", advirtió.
El especialista explicó que la remoción de tierra también genera un importante impacto ambiental, ya que los sedimentos son arrastrados por las lluvias hacia quebradas y ríos, aumentando los problemas de erosión e inundaciones.
Ruiz señaló, además, que uno de los mayores problemas es que algunos desarrolladores presentan estudios geotécnicos para obtener los permisos, pero posteriormente no ejecutan las recomendaciones debido al costo que estas representan.
"Nos hemos saltado muchos procedimientos técnicos y ahora estamos pagando las consecuencias. Lo ocurrido recientemente probablemente pudo evitarse si se hubieran hecho bien las cosas", afirmó.
Con esta última afirmación, el experto hizo referencia a la tragedia ocurrida el 23 de junio, cuando parte de un cerro se derrumbó y cayó sobre unas bodegas ubicadas entre el anillo periférico y la colonia Loarque, provocando la muerte de tres personas.
El geólogo sostuvo que la supervisión durante la construcción debe fortalecerse para garantizar que las obras se ejecuten conforme a los estudios especializados y no únicamente a los planos constructivos.
"Un estudio geotécnico puede costar alrededor de 100 mil lempiras, mientras que solo el reciente derrumbe ocasionó pérdidas cercanas a los 20 millones de lempiras. Estos estudios no son un gasto, sino una inversión para prevenir tragedias", concluyó.
Mientras la capital continúa expandiéndose hacia sus montañas, expertos y ciudadanos coinciden en que el crecimiento urbano debe ir acompañado de una planificación responsable, una mayor vigilancia por parte de las autoridades y el estricto cumplimiento de los estudios técnicos, para evitar que el desarrollo termine convirtiéndose en un riesgo para la población y el medio ambiente.
