Así relató José Díaz a EL HERALDO el desagradable momento que vivió cuando se disponía a realizar un paseo familiar y para aprovechar el tiempo, hizo una parada en una pulpería de la zona, sin imaginar que tanto los precios de los productos como la actitud del propietario cambiarían su humor en cuestión de segundos.
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Así como esa experiencia, hay cientos de ella que contar, al menos así lo manifestaron capitalinos a este rotativo, quienes reprocharon que comprar en una pulpería ya no es una opción factible por los elevados costos que ofrecen.
Sin embargo, los abusos solo dan lugar a las quejas de los afectados. Esto, debido a que no hay una hábito de denuncia, según manifestó Adalid Irías, presidente de la Asociación para la Defensa de la Canasta Básica de Honduras (Adecabah).
“La primera línea de defensa está en los consumidores, ellos son quienes deben fomentar la cultura de denuncia”, dijo Irías al tiempo que mencionó que apenas cinco denuncias de las más de 20 que reciben a diario, es para reportar los altos costos de productos de canasta básica en pulperías.
Según el defensor de los consumidores, las zonas residenciales son desde donde más se reportan este tipo de acciones, debido a que no hay libre oferta y demanda por la carencia de competencia, sino más bien, una imposición de precios.
Sobre el tema, Mario Castejón, titular de la Dirección de Protección al Consumidor de la Secretaría de Desarrollo Económico coincidió con Irías e indicó que son pocas las denuncias que reciben en contra de propietarios de pulperías.“En la Dirección recibimos entre seis a ocho denuncias generales, pero ninguna de ellas es por el tema de las pulperías”.
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El funcionario, además recordó a la población que con una sola llamada a la línea gratuita 115 ya están generando una denuncia. “Al día siguiente, mandamos los inspectores a la zona, de constatarse la denuncia, se levanta un acta y se hace un llamado de atención. No obstante, la Dirección no vuelve a realizar una nueva inspección, a no ser que haya una nueva denuncia.
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Sanciones
Cuando el propietario es reincidente, se expone a sanciones que van desde 1 a 10 salarios mínimos, hasta el cierre del negocio.Durante este año, la Fiscalía de Protección al Consumidor del Ministerio Público (MP) no ha recibido denuncias. Lo anterior, debido a que no existe un decreto de congelamiento de precios vigente. Sin embargo, cuando se presenta el caso, estos pueden concluir de dos formas: “una, cerrar la denuncia por no encontrar indicios de responsabilidad penal o presentamos una acción penal por el delito de agiotaje”, explicó Lorena Cálix del MP.
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