Tegucigalpa, Honduras.- A pesar de que en los últimos 23 años en el país se han aprobado 24 políticas y 130 decretos entre leyes y reformas para el combate de la delincuencia y criminalidad, los resultados siguen siendo deficientes, según un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El documento enumera las políticas y normativas en seguridad promovidas por al menos cinco gobiernos entre 2002 y 2025.
Las 24 políticas, al no trascender los gobiernos, fueron nada más acciones temporales ineficaces para detener la ola delictiva y criminal, de acuerdo con expertos consultados por EL HERALDO Plus. Una de esas primeras estrategias fue la denominada “mano dura” impulsada en el 2002 por el gobierno del entonces presidente Ricardo Maduro con el fin de combatir los secuestros y la expansión de las maras y pandillas y otros fenómenos criminales.
En el transcurso de los años se implementaron otras acciones, como Comunidad Segura, Política Integral de Seguridad Pública y Ciudadana, el Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y el último fue el Plan nacional de seguridad, una medida que dijeron sería un solución contra el crimen en 2023.
Para impulsar las estrategias gubernamentales, en el período de Maduro se aprobó la primera Ley contra el delito de lavado de activos, así como la primera Ley Antimaras, normativas que se han venido reformando continuamente.
Asimismo, los datos recabados por ASJ revelan que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) emitió 49 decretos y en las dos administraciones de Juan Orlando (1014-2022) se aprobaron 41 decretos relacionados con leyes y reformas.
Fue en el período gubernamental de Lobo Sosa donde los homicidios se dispararon a 86.5 por cada cien mil habitantes. Al final de estos tres períodos de gobiernos nacionalistas y el primero de Libertad y Refundación (Libre) la tasa de homicidios cayó a 35.8 por cada 100 mil habitantes en diciembre de 2022.
Para diciembre del 2025 la tasa de homicidios descendió a 26.6 por cada 100 mil personas, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (UNAH).
Sin embargo, un nuevo repunte de la violencia y el crimen llevó a los expertos a cuestionar el cúmulo de políticas temporales y la cantidad de decretos aprobados que no lograban impactar en una reducción más acelerada de los fenómenos de la violencia, como los homicidios, la extorsión, el abuso sexual infantil y los feminicidios.
De acuerdo con el criminólogo Reynaldo Rubio, el combate de la inseguridad tiene fallas estructurales. "Creamos políticas estatales de seguridad débiles solo para cubrir ciertos grados de peligrosidad, pero no son suficientes, eficientes, porque no son estrategias sólidas en el tiempo".
Rubio sostuvo que la solución no pasa por crear nuevas agencias ni por aumentar penas, sino por un cambio profundo en el enfoque de Estado: "Combatir la corrupción, eso es lo primerito. No le ponga armas ni más aumentos a policías ni más cárceles ni nada, porque no va a pasar nada".
Esta perspectiva subraya que “mientras no se ataquen las raíces de la delincuencia, que se originan en las élites del poder, el fruto del sistema de seguridad seguirá estando podrido”, añadió.
Señaló que la falta de una política de Estado ha permitido que el sistema se fragmente en "islas" donde cada entidad trabaja por su lado, aumentando la impunidad y la desconfianza ciudadana.
Batería de decretos
De los 130 decretos aprobados, 42 tienen que ver con reformas constitucionales, decretos de emergencia, reformas penales/procesales, inteligencia, terrorismo o privación de dominio.
Otros 19, según los análisis realizados por EL HERALDO Plus, están relacionados depuración policial, derechos humanos, anticorrupción, penitenciarias y comunicaciones, mientras que 10 tienen que ver con reformas al Código Penal, creación de delitos, aumento de penas o garantías restringidas.
Para Nelson Castañeda, Director del proyecto Seguridad y Justicia de ASJ, estos decretos acumulados desde el gobierno de Maduro son"enmarcados en políticas de gobierno y no políticas de Estado. Esto se da porque no hay voluntad política para abordar estos temas, lo más que la ajusta a un gobierno es ejecutar una estrategia de cuatro años".
El experto es del criterio que "si tuviéramos una política estatal, esta no conclusión con el cambio de gobierno. Ese es el problema que tenemos que en el Congreso nunca se logra aprobar una política estatal y esto afecta la lucha contra la criminalidad. Aquí cada cuatro años se empieza desde cero y eso no puede seguir así".
Consideró que el sistema de justicia, con instituciones permanentes, se ve afectado con los cambios de gobierno, y que Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial no deberían sufrir el impacto de las transiciones gubernamentales por falta de una política estatal. "Urge una política de seguridad continua, una política penitenciaria y otra cosa es que los operadores de justicia deben ser independientes", exigió Castañeda.
