La Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES) de la Policía Nacional se tomó este domingo la posta policial del barrio La Granja, en Comayagüela.
Con esta acción, el grupo elite clausura la Unidad Metropolitana de Prevención Comunitaria No. 3 y toma el control de las instalaciones.
La medida fue anunciada desde ayer, a raíz de la detención de cinco agentes policiales que asaltaron a ciudadanos a quienes despojaron de más de 120 mil lempiras.
El grupo de TIGRES llegó alrededor de las 10:00 AM a la posta y procedieron a desalojar a los agentes que estaban asignados, quienes pasan al plantel de Casamata provisoriamente.
El gobierno de Honduras ordenó el cierre de la posta policial tras la captura de cinco agentes, cuatro que se apropiaron de 52 mil lempiras en un asalto cometido contra un ciudadano al que interceptaron cerca de El Obelisco; y uno que fue capturado en la colonia San Miguel después de robarle 72,000 lempiras a un hombre que recién los había retirado de una institución bancaria.
Los cuatro primeros fueron identificados como José Edgardo Sierra, Johny Gerardo Ferrera Rodríguez, Franklin Misael Girón Barahona y José Luis Ortiz, asignados a la posta policial del barrio La Granja.
Un juez les dictó detención judicial y los remitió a la Penitenciaría Nacional de Támara.
Del quinto detenido, el policía activo Mario Orlando Amador Sosa, 63 años, no se ha revelado a qué posta policial estaba asignado.
En un comunicado emitido anoche, la Dirección General de la Policía Nacional informó que en la búsqueda de la transparencia institucional se determinó “proceder de inmediato a cerrar temporalmente las operaciones administrativas y policiales de la estación policial con sede en el barrio La Granja de Comayagüela”.
La estación policial de La Granja fue intervenida en noviembre del 2011, después de una investigación de EL HERALDO que denunció la existencia de carteles que operaban al interior de las postas de La Granja y Belén.
El escándalo estalló a raíz del asesinato el 22 de octubre del 2011 del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos, a manos de miembros de una autopatrulla de ese escuadrón.
Las investigaciones de la fiscalía revelaron que esa estación policial funcionaba como un cártel, con vínculos con narcotraficantes, ladrones de vehículos, asaltantes y extorsionadores.
Diez días después, cerca de 200 integrantes de La Granja fueron suspendidos y la fiscalía comprobó que otras sedes policiales también operaban como cárteles, por lo que el gobierno ordenó una depuración de la policía.
El encargado de la depuración, Eduardo Villanueva, jefe de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), dijo este domingo a la radio HRN que más de 1,000 policías han salido de la institución durante ese proceso.
