TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) reveló este jueves que 68 delitos del decreto de amnistía que aprobó el congreso presidido por Luis Redondo, no tienen relación con asuntos políticos derivados del Golpe de Estado.
Lo anterior fue determinado luego de que el equipo de expertos de la empresa privada realizara un análisis jurídico sobre los artículos que fueron aprobados por los congresistas la noche de ayer.
“Son un total de 68 artículos que se hacen referencia a distintos delitos, en su mayoría delitos comunes que no están relacionados con asuntos políticos derivados del Golpe de Estado”, concluyó el Cohep en su análisis.
La empresa privada considero que estos 68 artículos son delitos comunes, por lo tanto no puede considerarse como conexo a los delitos políticos para obtener amnistía.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Rasel Tomé a través de un decreto de amnistía por delitos políticos y para beneficiar a acusados por corrupción y enriquecimiento ilícito del gobierno de Manuel Zelaya Rosales.
La amnistía refiere que al menos 22 figuras delictivas comprendidas en el conjunto de normas en materia penal que estuvo en vigor desde 1983 y otros 31 ilícitos del nuevo Código serían objeto de absolución, los cuales se detallan en el artículo cinco del proyecto de decreto para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan.
Para el gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, esto es lo mismo que ha ocurrido en el pasado en el Congreso Nacional. “Lamentamos muchísimo, muchas de las actuaciones que tuvo el Congreso anterior y hoy (jueves) despertamos con que está aprobado todo eso. Desde el sector privado lo consideramos como un nuevo pacto de impunidad”, sentenció.
Por su parte, la diputada Silvia Ayala, presidente de la Comisión de Dictamen, defendió el proyecto y dejó en claro que no se está blindando a nadie ni propicia la impunidad.
“No hay tal pacto de impunidad porque para acogerse el decreto de amnistía debe acreditarse el contexto político de la acusación, lo cual se hará mediante constancia extendida por la Secretaría de Derechos Humanos, conjuntamente con el COFADEH en base a documentación que compruebe la persecución política”, pormenorizó.
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