TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) no contestará a una petición hecha el pasado viernes por la comisión especial del Congreso Nacional nombrada para evaluar su desempeño.
En el documento de cuatro páginas, al que tuvo acceso EL HERALDO, los diputados del CN le piden a la Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) que les remita un informe sobre casos de corrupción que se mantienen en investigación, presupuesto y resultados de su trabajo en los últimos cuatro años.
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Según los diputados, en el documento se debe establecer el avance en el cumplimiento de su mandato en estos cuatro años, en los cuatro ejes establecidos en el convenio que le dio vida: prevención y combate a la corrupción, reforma a la justicia penal, reforma política-electoral y seguridad pública.
Los parlamentarios desean que se les informe sobre el monto total y un balance del presupuesto asignado y ejecutado por la Maccih hasta la fecha, que incluya sueldos de todo el personal (incluyendo sus hojas de vida), bonificaciones, viáticos, boletos aéreos, ejecución de proyectos, entre otros.
Pero, además de la información personal de los funcionarios, el Congreso quiere que la Maccih le informe sobre las medidas adoptadas y avances de 12 supuestos casos de corrupción, que, presuntamente, habría sido la justificación de la instalación de la Maccih.
Entre los expedientes figuran el caso de corrupción del Seguro Social, la cuarta urna, pliegos de responsabilidad penal de altos funcionarios del Estado que quedaron en firme y que fueron enviados por el TSC a la Fiscalía.
Además, los casos Inprema, Injupemp, Hondutel, Trans-450, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y Ganadería, asesinatos de Gustavo Landaverde y Alfredo Villatoro, y el aterrizaje de un jet en el aeropuerto Toncontín.
Sin embargo, la Maccih
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“Con esto violan los privilegios e inmunidades que protegen a los funcionarios, afecta a los funcionarios nacionales. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas ya establece estas reglas”, afirmó a EL HERALDO una fuente cercana a la Misión.
“Piden explicaciones de estrategias de investigación que solo abogados defensores conocen, esto es insólito, descarado y muy hostil”, cuestionó la fuente.
Otras peticiones
En su solicitud, el Congreso Nacional solicitó a la Maccih explicaciones sobre por qué en el caso Arca Abierta se excluyó del requerimiento fiscal a los señores “Carlos Interiano, Eleázar Juárez, Héctor Padilla, Dennys Antonio Sánchez y Audelia Rodríguez”. Ellos fungieron como diputados del Congreso en el período pasado.
Los diputados desean conocer información sobre las acciones tomadas en relación con Rafael Barahona, quien fungió como pagador durante la administración del gobierno de Manuel Zelaya.
Según los diputados, la Maccih deberá informar sobre los avances en los requerimientos fiscales presentados, los juicios promovidos e indicar si en los allanamientos y secuestro de documentos ha participado personal extranjero, y si ha participado en la selección de los jueces en materia de corrupción.
En otro de los apartados del documento al que tuvo acceso exclusivo EL HERALDO, el Congreso estableció si se “¿considera que existe alguna justificación para que, en el Convenio de implementación de la Misión, se establezca inmunidad para los miembros de la Maccih en el desempeño de sus funciones?”.
Los parlamentarios, asimismo, pretenden que la Misión explique si ha tramitado casos tras la vigencia de los polémicos decretos legislativos 117-2019, referente a la inmunidad parlamentaria y el 116-2016 relacionado con la ley que reactiva el cuestionado Fondo Departamental.
Ambos decretos se encuentran siendo analizados por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tras ser admitidos.
A la lista de peticiones se suma un “informe sobre intervención de llamadas telefónicas a abogados defensores, a quienes en la misma causa que se encontraban apersonados se les intervino su teléfono al igual que a
sus representados”.
El documento fue firmado por el diputado Felícito ávila, del Partido Demócrata Cristiano (DC) y piden una explicación sobre la “filtración a los medios de comunicación de documentación en poder de la Ufecic y Maccih, así como las acciones para la identificación de los responsables”.
El informe tiene su origen en una moción que le dio vida a una comisión legislativa para evaluar a la Maccih, pero el informe no es vinculante.
La Maccih llegó a Honduras en 2016 y finaliza su convenio el 20 de enero de 2020.
Sectores sociales, la comunidad internacional, empresarios y políticos han solicitado que se extienda su mandato.
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