Agitación política
ILOBASCO, EL SALVADOR.- Con chalecos antibalas y fusiles, unos 150 policías abordan numerosos carros blindados y parten con diferentes rumbos a buscar pandilleros en el segundo día de un cerco militar impuesto la semana anterior por el presidente Nayib Bukele en una región completa de El Salvador.
Antes de partir, los agentes reciben instrucciones dentro de un antiguo presidio en Ilobasco, una pequeña ciudad del departamento central de Cabañas, que desde el día anterior está bajo cerco de militares y policías.
“Dios lo cuide, adiós, mi amor”, alcanza a gritarle llorando una mujer descalza a su marido, mientras unos policías se lo llevan desde su casa en la comunidad rural de Maquilishuat, a pocos kilómetros de Ilobasco.
El oficial a cargo del arresto asegura que este hombre de 44 años “pertenece” a la temida Mara Salvatrucha (MS-13).
“Es el encargado de movilizar las armas de su pandilla”, señala el oficial a la AFP.
Con la “guerra” contra las pandillas declarada por Bukele en marzo de 2022, casi 72.000 supuestos pandilleros están presos en El Salvador, en virtud de un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial.
Organismos de derechos humanos critican los métodos de Bukele y alegan que su guerra implica abusos y detenciones de muchos inocentes.
Los policías establecieron en las carreteras de Cabañas retenes para detener vehículos y pedir identificación a sus ocupantes, mientras otros, con listas de nombres en mano, buscaban pandilleros en sus casas.
Estos agentes de la Sección Táctica Operativa forman parte del operativo de 7.000 militares y 1.000 policías que Bukele desplegó la semana anterior en Cabañas después de que unos presuntos pandilleros lesionaran a dos policías en esta zona.
“Yo digo que está muy bueno [el cerco militar] para que así la gente ande tranquilamente”, declara a la AFP Cruz Peña, vendedor de periódicos de 63 años en la plaza central de Ilobaso.
Cuando trabajaba en autobuses, un pandillero lo amenazó con un puñal para robarle su dinero. Otros vecinos se vieron forzados a cerrar sus tiendas y se fueron del país para salvaguardar sus vidas.
José Escobar, quien reside desde hace 33 años en Washington y se encuentra de visita en El Salvador, cuenta que las pandillas le mataron a dos sobrinos en los últimos años.
“En mi caso tuve que emigrar, mi familia tenía que pagar [extorsiones] por vivir en nuestra propia casa, [era una] situación muy desagradable”, relata el hombre de 56 años a la AFP.
Sentado en una banca frente a la iglesia de Ilobasco, Escobar dice que en una semana regresará a su hogar en Estados Unidos, pero que en virtud del nuevo ambiente de seguridad en El Salvador, una vez que se jubile volverá a vivir en Ilobasco.
Todas las carreteras de Cabañas eran vigiladas por militares con vehículos blindados provistos de ametralladoras.
En la ruta que conduce de San Salvador hacia Sensuntepeque, la cabecera departamental, los soldados detenían al azar a vehículos y solicitaban documentos a sus ocupantes.
Tras abrir su vehículo a los soldados y mostrar sus documentos, Steven Pocasangre, un agrónomo de 36 años, dice que en la zona había lugares “donde no se podía llegar” por estar bajo control de pandillas y celebra que las autoridades “están interviniendo de raíz”.
Cabañas tiene 150.000 habitantes y es uno de los departamentos más pequeños de El Salvador, de apenas 1.100 kilómetros cuadrados. Es una región agrícola, con cultivos de café y caña de azúcar y pequeñas explotaciones ganaderas.
En la comunidad Santa Marta, la presencia de militares y policías ha generado preocupación. La zona afrontó la crudeza de la guerra civil (1980-1992) y sus habitantes huyeron a Honduras, donde permanecieron siete años.
“Muchas madres están preocupadas porque han visto que bastantes soldados están alrededor de nuestra comunidad y tienen temor porque a sus hijos puedan quitarles la libertad”, comenta a la AFP Vilma Escamilla, de 43 años.
En Santa Marta, las madres tienen temor que a sus hijos que tienen milpas (cultivos de maíz) en los cerros inmediatos “los puedan agarrar presos”, agrega la mujer.
“Para nosotros es como revivir lo que ya pasamos en tiempo de guerra (...), pedimos respeto a nuestra comunidad porque nosotros tenemos derecho de andar libres”, enfatiza.
