La solicitud del presidente Juan Orlando Hernández, de reordenar el sistema de transporte público, más que resultados dejó en el aire una serie de demandas y dudas en las autoridades y empresarios del rubro.
La telaraña de ilegalidad, anarquía y desorden en que el gremio opera desde hace 30 años crea la perspectiva de un proceso lento de intervención, tal cual operan las unidades en las calles.
Pese a ello, usuarios y empresarios enfilan una serie de temas y propuestas, en los que según ellos, la nueva administración debe intervenir para diseñar una ruta a largo plazo de organización y depuración del sistema.
Los usuarios coinciden en la necesidad de crear sistemas de seguridad a lo interno de los buses, servicio eficiente y costos bajos del pasaje, en vista de que los 700 mil usuarios de este sistema pertenecen a los sectores en condiciones de pobreza.
Por su parte, los empresarios abogan por la aprobación de la nueva Ley de Transporte, eliminar el pago de la extorsión, reorganización y redistribución de rutas de acuerdo a las necesidades de los usuarios y además, eliminar el pago de bonos y subsidios.
Saturados
El dirigente del transporte Jorge Lanza reconoce que el gremio tiene serios problemas de saturación tanto de rutas como de unidades.
Ejemplificó que hay rutas como la Kennedy-Centro, en la que operan hasta 80 unidades y que existen áreas donde hay déficit de unidades o no hay cobertura.
Otros dirigentes manifestaron que a la fecha no existe un plan definido para reubicar 15 rutas que circulan por el corredor del Trans-450, donde operan 456 buses.
Según los datos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) elaborado por la Alcaldía Municipal, en la capital hay 103 rutas de transporte de las cuales 83 son urbanas y 20 son interurbanas.
El estudio establece además que en las ciudades gemelas hay 81 terminales de transporte público: 37 urbanas y 44 interurbanas.
Cabe mencionar que según la opinión de los usuarios, las terminales de buses han sido invadidas por criminales que se dedican al cobro del impuesto de guerra.
Esta condición permite que un 45 por ciento de los miles de usuarios tengan una percepción negativa del transporte público, siendo la seguridad y el costo del viaje las principales causas de ello.
Ante este oscuro panorama, los operadores y empresarios abogan por una saturación policial y militar en unas 20 zonas denominadas de conflicto en el Distrito Central.
En cuanto a unidades, el PMUS establece que en las calles circula un promedio de 1,800 unidades en 83 rutas urbanas, de las cuales el 66 por ciento opera con rapiditos.
El informe dice además que hasta el 2011 se contabilizaban 2,542 taxis distribuidos en 58 puntos, cifra que ni se acerca a los más de 8,000 que circulan en las calles de la capital.
Según el estudio, el sistema de taxis representa una sobreoferta del 12 por ciento de la demanda real de la población capitalina.
El PMUS establece que el 22 por ciento de rutas de taxi colectivo no tienen coincidencia en itinerario con una ruta de transporte público y que el 36 por ciento tienen coincidencia completa de trazado con las rutas de buses.
Cabe mencionar que en las demandas de seguridad de este rubro, la dirigencia reclama la devolución de 15 puntos que fueron cerrados ante las amenazas de los extorsionadores.
Para eliminar la saturación de unidades, el jefe de la Dirección General de Transporte (DGT), Yovani Dubón, anunció la posible salida de 3,500 unidades ilegales entre buses, microbuses y taxis.
Dubón ha prometido en varias ocasiones que reordenará el sistema de transporte, sin embargo, el mismo funcionario desconoce la forma en que se pondrá en acción el plan de trabajo.
Ante los cuestionamientos de la opinión pública, el funcionario justificó que él no puede resolver en unos días un problema que se generó durante décadas.
Liberación de tarifas
Otro tema que se ha convertido en el estira y encoge de autoridades, empresarios y usuarios es la eliminación del paternalismo del Estado con el rubro, con el pago de subsidios.
A la fecha el Estado les adeuda a los transportistas más de 50 millones de lempiras en pagos atrasados que corresponden a tres meses de 2013 y dos meses de 2014.
A esta cifra le suman más de 400 millones por concepto de bonos pendientes de pago desde el 2012.
Exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi) explicaron que los bonos no se pagaron en la pasada administración, porque no hay sustento legal, ni amparo financiero en el Presupuesto General de la República para hacerlo efectivo.
Ante el elevado crecimiento de la deuda, los empresarios han solicitado en reiteradas ocasiones eliminar los pagos de ambos conceptos y liberar la tarifa.
No obstante, una medida de esta naturaleza impactaría de forma directa en los empobrecidos bolsillos de los usuarios, que serían obligados a pagar ocho lempiras, que es el costo de la tarifa real.
“En todas las grandes ciudades del país los usuarios del transporte público pagan la tarifa real, aquí hay que hacerlo para terminar con el tema del pago de subsidios”, dijo el transportista Jorge Lanza.
Hay que mencionar que varios de los cambios para un reordenamiento del sistema pasa por la aprobación de la nueva Ley de Transporte, que está dormida en los archivos del Congreso Nacional.
Lo único que existe en el Legislativo en un borrador.
