Tegucigalpa, Honduras.-El endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos ha entrado en una nueva etapa bajo la administración del presidente Donald Trump, con medidas que están transformando de forma significativa el funcionamiento del sistema de justicia migratoria y reduciendo las opciones legales de miles de migrantes.
De acuerdo con un informe de CNN, agentes federales han comenzado a realizar arrestos en tribunales de inmigración, espacios que históricamente eran considerados seguros para quienes acudían a sus audiencias.
Esta práctica no solo ha impactado a personas sin documentación, sino también a solicitantes de asilo e incluso, en algunos casos, a ciudadanos estadounidenses.
Arrestos en tribunales y eliminación de fianzas marcan giro en política migratoria
La presencia de operativos migratorios dentro de los tribunales ha generado una fuerte controversia legal y social. Organizaciones de derechos civiles han interpuesto demandas contra la administración, cuestionando la legalidad de estos procedimientos.
En medio de este litigio, el Departamento de Justicia reconoció ante un juez federal que se apoyó de manera errónea en un memorándum del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para justificar estas detenciones.
Paralelamente, uno de los cambios más drásticos ha sido la eliminación práctica del acceso a la libertad bajo fianza para migrantes sin antecedentes penales. Tradicionalmente, estas personas podían continuar sus procesos en libertad, pero esa posibilidad se ha reducido de forma considerable.
Lauren Waits, voluntaria de la Red de Asilo e Inmigración de Georgia, explica que el cambio ha sido inmediato y evidente en las audiencias actuales, donde cada vez menos personas logran obtener este beneficio.
Según su testimonio, incluso quienes no representan un riesgo ni tienen historial criminal están siendo retenidos durante todo el proceso migratorio, lo que también implica un alto costo para el sistema.
Por su parte, Adriana Heffley, directora de servicios legales de la misma organización, señaló que el punto de inflexión ocurrió alrededor de julio de 2025. Desde entonces, se comenzó a aplicar una nueva interpretación de la ley que limita el derecho de los migrantes a solicitar fianza ante un juez.
Este giro no responde a la aprobación de nuevas leyes, sino a una reinterpretación de las normas existentes, lo que permite a la administración aplicar criterios más estrictos sin necesidad de intervención del Congreso. En la práctica, esto ha significado que la detención pase de ser una medida excepcional a convertirse en la regla general.
El sustento de esta política se encuentra en un memorándum emitido por el ICE en julio de 2025, en el que se establece que ciertos extranjeros deben permanecer en detención obligatoria y solo pueden ser liberados mediante permisos especiales de libertad condicional.
Este enfoque ha endurecido aún más el sistema, limitando las alternativas legales para quienes enfrentan procesos migratorios.
Como resultado, miles de personas que anteriormente podían esperar sus audiencias en libertad ahora permanecen detenidas durante meses o incluso años, lo que representa un cambio estructural en el sistema migratorio estadounidense y plantea nuevos desafíos legales, humanitarios y económicos.
