Incertidumbre
La compra directa para el manejo de huellas de todos los ciudadanos hondureños tendrá la mirada investigativa del ente contralor del Estado. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) anunció que indagará el proceso de contratación directa adjudicada a la empresa Grupo Visión, para encargarse de captar huellas y su sistema de informática. El proyecto es manejado por el Registro Nacional de las Personas (RNP).
El contrato se adjudicó el pasado 21 de diciembre, bajo el amparo de un decreto de emergencia que caducaba diez días después. Según se denunció, la contratación puede prestarse a manipulación y a un fraude electoral.
La favorecida es la empresa Grupo Visión. El TSC investigará si otras dos empresas fueron invitadas pero no presentaron ninguna oferta.
La empresa a la que se adjudicó el proyecto es la misma que manejó el fallido registro balístico años atrás en el país. Esta adjudicación, curiosamente, no fue divulgada por el RNP.
En su momento se hará una investigación sobre lo que se denuncia, expresó el presidente del TSC, Miguel Mejía.
Hasta la fecha el ente contralor no maneja una formal denuncia sobre este caso.
Sin embargo, se constará por diligencias que en su momento realizará la Dirección de Participación Ciudadana, del TSC.
Se valorará la denuncia expuesta en EL HERALDO, por lo que se iniciarán acciones de oficio.
La denuncia se incluirá en las investigaciones que tengan que hacerse en la institución, expresó Mejía.
La denuncia se constatará en una auditoría que se realizará al RNP.
Informes
Cuando se inicie la investigación en primera instancia se pedirá información al RNP.
El ente contralor confirmará si existen o no argumentos para autorizar la contratación directa basada en un decreto de emergencia.
En tal sentido, se verificará si en dicho proceso de contratación directa se cumple lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado.
“Si tienen las aprobaciones y todos los requisitos legales que se exigen para hacer una compra directa no hay motivo de hacer ninguna responsabilidad”, expresó.
“Ahora, si no la tienen se hace una responsabilidad al respecto”, agregó.
De la investigación se va a desprender un informe especial que determinará si amerita deducir responsabilidades de tipo penal, civil o administrativa, dijo el presidente del TSC.
Esta información que manejaría esta empresa servirá de base para finalmente emitir o no una tarjeta de identidad, por lo que existe temor de que pueda prestarse para un fraude electoral en las elecciones generales.
