Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, respondió al comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que alerta sobre "riesgos graves para los derechos humanos derivados de recientes reformas penales".
Zambrano sostuvo que analizarán las recomendaciones con apertura. "Acogeremos las que ayuden a combatir a los terroristas, crimen organizado y la delincuencia común", expresó.
Además, destacó que tanto el Congreso Nacional como la OACNUDH coinciden en un punto: "El Estado tiene la obligación de proteger al pueblo hondureño y dar justicia a las víctimas".
"Nuestro único propósito, junto al Gobierno de la República, es someter a las organizaciones criminales que durante décadas han sometido al pueblo hondureño. Maras, pandillas y bandas delincuenciales han sembrado terror en barrios y colonias, aldeas y caseríos, y han privado a miles de familias de vivir y trabajar en paz. ¡Basta!", publicó Zambrano en su cuenta de X.
Asimismo, sostuvo que las reformas penales y penitenciarias garantizan el debido proceso y respetan los derechos humanos, pero que "privilegian a los hondureños honrados que trabajan y no delinquen".
"Primero los buenos, primero las víctimas, primero los más vulnerables", manifestó. Finalmente, aseguró que "¡Vamos con todo contra criminales y terroristas para devolver la paz y tranquilidad a Honduras!".
Pronunciamiento de la OACNUDH
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) alertó sobre los "riesgos graves" para los derechos humanos derivados de las reformas penales aprobadas recientemente en el Congreso Nacional contra estructuras terroristas.
"OACNUDH reconoce los importantes desafíos que enfrenta Honduras en materia de violencia, extorsión y criminalidad organizada. El Estado tiene no solo la facultad, sino también la obligación de adoptar medidas para proteger", cita el pronunciamiento.
Sin embargo, el organismo señaló que esas medidas deben adoptarse dentro del marco de las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas por el Estado hondureño.
El pronunciamiento sostiene que la ampliación del tipo penal de asociación terrorista a organizaciones sin objetivos ideológicos, su designación como delito permanente con flagrancia continua y su acreditación mediante tatuajes vulneran los principios de legalidad y responsabilidad penal individual, así como la presunción de inocencia y la libertad personal.
Asimismo, advierte que la autorización de allanamientos sin posibilidad de revisión, control o convalidación judicial posterior debilita las salvaguardias destinadas a prevenir actuaciones arbitrarias y puede afectar el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
En cuanto a la aplicación obligatoria de la prisión preventiva, bajo un régimen de máxima seguridad y sin posibilidad de revisión judicial individualizada, la OACNUDH considera que esta medida contraviene el principio de excepcionalidad, adelanta penas sin que exista una sentencia y reduce la independencia judicial.
El organismo también advierte que la ampliación a 48 horas del plazo de detención sin comparecencia inmediata ante una autoridad judicial, particularmente cuando la identificación de las personas detenidas se basa principalmente en indicios externos, incrementa significativamente el riesgo de detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos.
Entre las recomendaciones de los defensores de derechos humanos figura implementar, a la mayor brevedad, el Registro Central de Personas Detenidas, de acceso público.
Además, recomiendan "asignar al servicio de Defensa Pública del Poder Judicial los recursos necesarios y suficientes para que pueda ejercer , en guardia permanente, la garantía de defensa y de habeas corpus".
