Tegucigalpa, Honduras.- La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras ha reavivado la incertidumbre entre miles de compatriotas que por casi tres décadas encontraron en ese amparo una vía legal para trabajar y residir en Estados Unidos.
La decisión, que la semana anterior volvió a quedar firme en el escenario político estadounidense, coloca a las familias tepesianas en una encrucijada que trasciende lo migratorio, y toca lo humano y lo económico.
Aunque el proceso enfrenta recursos en los tribunales de EE UU, la comunidad migrante entiende que la batalla legal solo podría extender los plazos, pero no garantiza una reversión definitiva.
En ese contexto, las miradas se dirigen hacia el presidente Nasry Asfura y la posibilidad de una gestión directa ante la administración del presidente Donald Trump para buscar una alternativa viable.
“El futuro sigue estando en las manos del presidente Nasry Asfura porque todavía no ha hecho ninguna gestión concreta para ver si puede lograr la continuidad del TPS. Incluso la misma canciller dijo que no tocaron el tema con el presidente Trump”, expresó Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre.
Flores sostiene que el gobierno aún tiene la oportunidad de replantear su estrategia y dimensionar el impacto social que implicaría la cancelación definitiva.
A su juicio, no se trata únicamente de números o remesas familiares, sino de vidas construidas durante más de 20 y hasta 30 años en territorio estadounidense.
“Este no es solo un tema de deportaciones o de dinero; estamos hablando de personas que tienen familia allá desde hace décadas, que ya no tienen nada que venir a hacer a Honduras, incluso algunos ya no tienen ni familia aquí”, subrayó el dirigente migrante.
El líder comunitario también apuntó a la fragilidad de la red consular hondureña, la que viene arrastrando debilidades desde la administración de Juan Orlando Hernández y no logró recuperarse en el Gobierno de Xiomara Castro.
Considera que el servicio exterior no está preparado para enfrentar una eventual avalancha de solicitudes de asistencia y orientación legal. “No se puede atender a casi dos millones de hondureños en el extranjero con dos o tres funcionarios sin experiencia en protección consular. La red está colapsada y si no se entiende que esto es una emergencia, no se le va a encontrar solución”, advirtió Juan Flores.
Soluciones
En complemento, el analista internacional Graco Pérez considera que la disputa judicial en Estados Unidos puede ganar tiempo, pero difícilmente cambiará el desenlace si no hay una propuesta política de fondo.
Señala que la política migratoria estadounidense es clara y que, aun si hubiera observaciones de procedimiento, la cancelación podría confirmarse nuevamente.
“Lo que se está ganando es tiempo, pero no creo que haya retorno en el tema del TPS bajo el mismo estatus.
Ese tiempo debería aprovecharse para asesorar a las personas, buscar alternativas y presentar propuestas concretas; de lo contrario, cuando llegue la fecha final, será historia”, concluyó Pérez. El gobierno hondureño ha anunciado que apoyará a los tepesianos.
