Tegucigalpa, Honduras.- El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ha sido, durante más de dos décadas, un salvavidas migratorio para miles de hondureños que residen en Estados Unidos.
Este programa les permitió vivir y trabajar legalmente en ese país debido a las condiciones extraordinarias que enfrenta Honduras, entre ellas los desastres naturales, como el huracán Mitch en 1998.
No obstante, la continuidad del TPS ha estado marcada por la incertidumbre, lo que ha obligado a la comunidad hondureña a buscar y analizar las opciones legales que aún permanecen abiertas.
El 9 de febrero de 2026 marcó un punto crítico para miles de hondureños en Estados Unidos, tras la cancelación oficial del Estatus de Protección Temporal.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito dio luz verde al Gobierno estadounidense para poner fin al programa, al permitir que avanzara una decisión que ya había sido anunciada con anterioridad.
Con este fallo, el TPS dejó de estar vigente para los hondureños, eliminando la protección migratoria que durante años les permitió residir y trabajar legalmente en ese país, basada en las condiciones extraordinarias que enfrenta Honduras.
A partir de esa fecha, los beneficiarios hondureños del TPS —al menos 55,000 personas— quedaron sin protección automática contra la deportación y sin la garantía de permisos de trabajo vinculados a este estatus.
Sin embargo, la cancelación no significó el cierre definitivo del caso en el ámbito legal, ya que aún existen procesos judiciales en curso y la posibilidad de nuevas acciones en tribunales federales.
A continuación, EH Verifica explica qué opciones legales siguen abiertas para los hondureños amparados al TPS, pese a este fallo:
Definición de casos individuales
El TPS no equivale a una residencia permanente ni conduce automáticamente a la ciudadanía estadounidense. Se trata de una medida migratoria de carácter provisional, sujeta a decisiones del Gobierno de Estados Unidos y que debe renovarse de manera periódica.
Mientras el TPS se mantiene vigente, sus beneficiarios conservan autorización legal de empleo y protección contra la deportación, lo que les permite permanecer y trabajar de forma regular en ese país.
Una de las principales alternativas legales para los hondureños amparados bajo este programa es el ajuste de estatus mediante una petición familiar.
Aquellos que cuenten con un cónyuge, padre o hijo mayor de 21 años que sea ciudadano estadounidense podrían ser elegibles para solicitar la residencia permanente, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación migratoria.
Otra vía disponible es el ajuste de estatus a través de una oferta laboral. Algunos beneficiarios del TPS pueden optar por una residencia basada en empleo, especialmente si cuentan con un patrocinador y reúnen los criterios profesionales y legales exigidos. Este proceso suele ser complejo y requiere acompañamiento de asesoría legal especializada.
Asimismo, el asilo político continúa siendo una alternativa para ciertos hondureños que puedan demostrar un temor creíble de persecución en su país de origen, ya sea por motivos de violencia, persecución política u otras causas protegidas por la ley estadounidense.
Aunque no todos los beneficiarios del TPS califican para esta figura, la opción permanece abierta para quienes cumplan con los estándares legales.
Itsmania Platero, defensora de derechos humanos, explicó que los beneficiarios del TPS pueden “proceder de manera individual a regularizar su estatus, buscar asesoría legal y, en algunos casos, presentar demandas de forma individual con el objetivo de ganar tiempo”.
Alternativas judiciales
En el ámbito judicial existen demandas y procesos legales que buscan la extensión o redesignación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras. Organizaciones defensoras de migrantes han presentado recursos ante tribunales federales, argumentando que las condiciones en el país no permiten un retorno seguro.
Estas acciones legales han contribuido, en el pasado, a frenar cancelaciones inmediatas del programa.
Otra alternativa relevante es el advance parole o permiso adelantado de viaje. En ciertos casos, este documento ha permitido a beneficiarios del TPS salir y reingresar legalmente a Estados Unidos, lo que puede facilitar posteriormente un ajuste de estatus migratorio. No obstante, esta opción debe evaluarse con extremo cuidado y bajo asesoría legal especializada.
También existe la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos apruebe una reforma migratoria que otorgue una solución permanente a los beneficiarios del TPS. Aunque hasta ahora no se ha concretado una ley de este tipo, distintas propuestas legislativas han sido presentadas y continúan en debate, lo que mantiene viva la expectativa de un alivio migratorio definitivo.
Si un tribunal federal emite un fallo contrario a los intereses de los beneficiarios del TPS, dicha decisión puede ser impugnada ante una Corte de Apelaciones. Estas instancias tienen la facultad de revisar resoluciones previas y, si lo consideran pertinente, modificar o revertir lo decidido por tribunales inferiores.
Dentro de ese mismo proceso, las partes también pueden solicitar una revisión en pleno, mediante la cual un mayor número de jueces del mismo circuito vuelve a examinar el caso.
Aunque este mecanismo no se concede de manera automática, sigue siendo una opción legal contemplada por el sistema judicial estadounidense.
Otra vía disponible es acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras exista la posibilidad de que el máximo tribunal conozca el caso, no puede afirmarse que el proceso esté definitivamente cerrado. Incluso, la expectativa de una revisión puede influir en el desarrollo del litigio.
Platero explicó que “está en apelación, todo juicio después de la apelación vienen otras opciones, porque en Estados Unidos hay varias alternativas, así como aquí en Honduras”.
Durante el desarrollo de estas disputas legales, los tribunales tienen la facultad de ordenar medidas temporales, como suspender de manera provisional los efectos de la cancelación del TPS mientras se analiza el fondo del asunto. Este tipo de resoluciones ya se ha aplicado en procesos similares en el pasado.
César Castillo, coordinador del Observatorio de Migraciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), advirtió que, aunque una apelación pueda retrasar la salida del país, la cancelación del TPS deja a los tepesianos en una posición vulnerable, ya que no pueden trabajar legalmente mientras se resuelve el proceso.
“La estadía de los tepesianos en Estados Unidos, porque cada vez que se gana una apelación, el gobierno de Estados Unidos cancela los permisos de trabajo y ese es un problema y ellos entran en riesgo”, aseguró Castillo.
Mientras persista la incertidumbre sobre el futuro del TPS, los hondureños amparados bajo este estatus continúan aportando a la economía y a la vida social de Estados Unidos. Las opciones legales aún existentes representan una esperanza, aunque limitada, para quienes buscan estabilidad y un futuro más seguro para sus familias.
En conclusión, aunque el TPS sigue siendo una protección temporal, todavía existen caminos legales que los hondureños pueden explorar.
El principal desafío es informarse adecuadamente, actuar con asesoría legal y mantenerse atentos a las decisiones gubernamentales y judiciales que definirán el destino de miles de familias migrantes.
