Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, reiteró que es inocente respecto a las acusaciones por parte del Ministerio Público que lo señalan de formar parte de un fraude en perjuicio del Estado de Honduras.
Previo a ingresar a su audiencia inicial en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el parlamentario expresó: "estoy con las manos limpias, delante de Dios estoy con las manos limpias, delante del pueblo hondureño estoy con las manos limpias".
Respecto a su participación en el supuesto fraude por más de tres mil millones de lempiras como titular de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Aguas y Saneamiento (Sedecoas), sostuvo que actuó conforme a ley.
Arguyó que entre sus funciones no estaba pagar a la empresa NAINSA, la cual venía entablando demandas contra el Estado de Honduras a través de procesos arbitrales con irregularidades.
Según la fiscalía, Márquez envió a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe en el que recomendaba firmar un acuerdo ejecutivo para evitar mayores erogaciones. Sin embargo, habría ignorado que el laudo arbitral había con la que se amparaba NAINSA carecía de válidez legal.
"Nosotros en ese momento estábamos cumpliendo una labor ejecutiva a quien le correspondía determinar, era una instancia judicial. Esa instancia judicial de lo determinó así. No puede un funcionario público definir si la instancia judicial tiene razón o no", argumentó.
El diputado por el departamento de Intibucá aseguró que de haber sido citado, pudo comprobar que actuó legalmente. "No fue así, no podemos retroceder el tiempo y lo que nos corresponde ahora es hacerlo en lo que ya la ley establece", agregó.
Por otro lado, lamentó que ya perdió 40 días para poder hacer campaña política de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre. Cabe recordar que Márquez busca la reelección al ser uno de los ganadores de las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo.
Sobre el caso
La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Público (Fetccop) apuntan que en el año 2000 el Estado de Honduras utilizó fondos de cooperación internacional para adjudicar un contrato con la empresa estadounidense DRC Inc, misma que no estaba autorizada para operar en Honduras y que también subcontrató a la compañía NAINSA.
En el año 2001, el cooperante decidió cancelar la ayuda por las inconsistencias en el contrato. Años después, DRC Inc y NAINSA acordaron presentar demandas contra el Estado, basándose en un laudo arbitral que no fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Estas empresas utilizaron procesos arbitrales con diversas irregularidades, tales como la presentación de escritos falsos y el uso de un reglamento el cual no fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Este reglamento derivó en un arbitraje favorable para las DRC Inc y NAINSA, provocando que el Estado tuviera que pagar las demandas.
Además de Márquez, por esta causa son acusados Juan Fernando Madrid Lezama (apoderado legal de NAINSA), Caronte Rojas Zavala (exintegrante del Tribunal Arbitral representando al Colegio de Abogados de Honduras), los jueces Raymundo Esaú Gradiz Vilorio e Irissabel Lucía Miranda Hernández, Rafael Eduardo Chávez Aguilar, Eva María Vásquez Villanueva (exdirectora de Sedecoas-FHIS) y Murray Paul Farmer (propietario de DRC Inc).
