TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Policía Nacional de Honduras confirmó este martes la razón por la que El Salvador no realizó la entrega del hondureño Fernando José Suárez, vinculado al caso Pandora, como estaba previsto para esta tarde tras su captura en el vecino país.
El imputado, que tiene dos órdenes de captura y notificación roja pendientes por la comisión de varios delitos en el territorio nacional, goza de asilo político concedido por el Reino de España desde el 12 de mayo de 2022, por lo que la continuidad del proceso de entrega tendrá que canalizarse por la vía diplomática.
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Más temprano, la Unidad de Interpol de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recibió la noticia por autoridades salvadoreñas sobre la detención del imputado en el aeropuerto de ese país, cuando pretendía salir en un vuelo hacia España con escala en Panamá y así evadir a la justicia.
Luego de la coordinación con Interpol Honduras para la entrega del imputado en el punto de control fronterizo El Amatillo, en la zona sur del país, el trámite no fue posible debido al asilo que ostenta Suárez.
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Las autoridades de ambos países tenían todo listo para realizar la entrega del detenido, sin embargo los funcionarios salvadoreños fueron informados que la misma no podría efectuarse debido a que el imputado cuenta con asilo político.
Antecedentes del caso
El hondureño, de 41 años y profesión abogado, residía desde hace algún tiempo en El Salvador, lugar al que se trasladó luego de cometer los múltiples delitos de los que se le acusa.
De acuerdo al sistema de Interpol, el sospechoso tiene dos órdenes judiciales pendientes y notificación roja, gracias a la cual se pudo realizar su arresto.
La primera orden fue emitida el 20 de julio del 2018, por el Juzgado de Letras Natural Designado, por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad, fraude, uso de documentos públicos falsos, prevaricato, malversación de caudales públicos y lavado de activos.
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La segunda orden de arresto fue extendida el 24 de noviembre del 2021, por el Juzgado de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, por suponerlo responsable de 12 delitos de fraude, 85 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos públicos falsos.
Según el expediente investigativo, en 2005, el ahora capturado era el apoderado legal de una fundación con sede en Islas de la Bahía; permitiéndose sustraer 15 millones de lempiras de una cuenta de la fundación, los cuales fueron transferidos a otras cuentas para pagar tarjetas de crédito, gastos personales y emisión de cheques para algunos familiares.
