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San Pedro Sula, Honduras.- La Fiscalía hondureña acusó este martes al exinterventor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Rigoberto Portillo Mejía, por su presunta participación en una red de corrupción que se habría lucrado ilícitamente con bienes asegurados al crimen organizado.
El requerimiento fiscal también alcanza al abogado Jaime Renán Banegas Zerón, exdirector de fiscales del Ministerio Público (MP).
El requerimiento fiscal fue presentado por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), luego de una serie de investigaciones que revelaron un supuesto esquema de arrendamiento irregular de propiedades bajo resguardo estatal.
El ente de investigación indicó que estas acciones se realizaron a través de contratos ficticios, sin los debidos respaldos legales y sin que los fondos fueran registrados en las cuentas oficiales de la institución.
De acuerdo con el Ministerio Público, Portillo Mejía es acusado de los delitos de uso de información privilegiada, malversación por aplicación oficial diferente, concusión y estafa.
En tanto, Banegas Zerón enfrenta señalamientos por asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas y estafa.
Las pesquisas revelan que los acusados habrían alquilado propiedades incautadas sin que los arrendatarios recibieran copias de los contratos.
Además, los pagos realizados por los inquilinos eran depositados en cuentas bancarias personales de los implicados, sin dejar rastro en los registros financieros de la OABI, revelaron las autoridades del MP.
La Fiscalía informó que aún está pendiente de ejecución una orden de captura contra otro individuo implicado en esta red, cuya identidad no fue revelada para no entorpecer las investigaciones en curso.
Reiteró que este caso se enmarca dentro de la estrategia de combate frontal a la corrupción que impulsa el Ministerio Público, cuyo objetivo es desmantelar redes ilícitas conformadas entre actores públicos y privados.
