Honduras

Presentan informe tras intervención en cárceles: policías, enfermeras y médicos ingresaban armas

Tras el cuarto día de haber iniciado la operación “Fe y Esperanza”, la Policía Militar presentó un informe detallado de lo encontrado durante la intervención en las cárceles del país, además de revelar el modus operandi para ingresar armas y otros objetos a los recinto penitenciarios
30.06.2023

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las constantes reyertas y la matanza perpetrada al interior de la cárcel de mujeres de Támara, provocó una serie de medidas anunciadas por la presidenta Xiomara Castro, entre las que se incluyó remover del cargo de Ministro de Seguridad a Ramón Sabillón y poner en su lugar a Gustavo Sánchez, además de quitarle el control de las cárceles a la Policía Nacional y devolvérselo a la Policía Militar de Orden Público (PMOP).

Tras esta decisión, la PMOP puso manos a la obra e implementó la operación “Fe y Esperanza”, mediante la cual realizó la intervención de los principales centros penitenciarios del país.

Entre ellos figuran la Penitenciaría Nacional de Támara, la Penitenciaría Nacional de Adaptación Social (PNFAS), la cárcel “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara, “La Tolva” en Morocelí, El Paraíso y el centro penitenciario El Porvenir, en el valle de Siria.

Efectivos de la Policía Militar llegaron a cada uno de los presidios antes citados, donde llevaron a cabo operaciones de sometimiento y extracción de privados de libertad, para luego realizar allanamientos en cada uno de los módulos.

Un gran número pandilleros fueron sacados en ropa interior a los patios de la cárcel, sentados en una fila con sus cabezas abajo, recordando imágenes de la intervención en las cárceles de El Salvador hace algunos meses.

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Informe completo

Este viernes -30 de junio- tras cuatro días de ardua labor, autoridades militares rindieron un informe de todo lo incautado durante el operativo de intervención y las requisas realizadas al interior de cada una de las cárceles.

Según los datos presentados por las Fuerzas Armadas, se decomisaron: 95 armas de fuego, 42 armas de fabricación casera, 241 cargadores de arma de fuego, 17,092 municiones de diferente calibre, 13 granadas, 468 armas cortopunzantes, 5 plantas, 3 libras, 420 carrucos y 2,559 envoltorios de marihuana, 28 envoltorios de cocaína, 34 routers, 3 teléfonos satelitales, 258 teléfonos celulares, 24 radios de corto alcance, 148,224 lempiras en efectivo, 2 placas balísticas, 7 placas caseras.

“La PMOP trabaja incansablemente para recuperar el control y la administración de los centros penales. Juntos, garantizamos la seguridad y el orden en Honduras”, escribieron en sus redes sociales.

Las Fuerzas Armadas detallaron todo lo incautado en las cárceles.

Cabe destacar que en la cárcel de El Porvenir solamente se han revisado 3 módulos y aún quedan 22 más por requisar, tarea que se llevará a cabo a mediano y largo plazo.

De igual manera, el coronel de la Policía Militar, Fernando Muñoz, ofreció declaraciones a los medios de comunicación, donde aseguró que efectivos policiales, médicos, enfermeras y trabajadores sociales facilitaban el ingreso de armas para los reos a los centros penales de Honduras.

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Policías serán removidos el 1 de julio

Durante su intervención, Muñoz señaló que “tienen identificados a enfermeras y trabajadores sociales que han participado en este tipo de cosas”. Además, agregó que si “la presidenta nos faculta, lo que haremos será despedir a todos los empleados que se han prestado para ingresar objetos ilegales a las cárceles”.

Sumado a ello, el castrense indicó que todos los que se han coludido con el crimen organizado van a ser removidos de sus cargos y aclaró que en la cárcel de Támara, en “El Pozo”, en Ilama y en PNFAS no hay ningún efectivo de la Policía Nacional.

“Todas las autoridades de la Policía serán removidas el 1 de julio, cuando tomemos el control de los centros penales”, aseguró.

“Es grande la colusión de los que trabajan allí con los privados de libertad. Por eso cada director, comandante y policía militar que haga algo incorrecto en los centros penales van a ser puestos a la orden de los tribunales competentes”, enfatizó Muñoz.

Por otro lado, el jefe militar lamentó que las cárceles de máxima seguridad son “una pena”, ya que se demostró su falta de seguridad.

Finalmente, el coronel reveló que los policías no tenían control sobre los privados de libertad, ya que ellos eran los que gobernaban las instalaciones. De esta forma, acomodaron las cáceles a su manera.

“Allí no hay celdas donde está el privado de libertad, sino módulos. Hay 1,000 presos en un solo módulo”, puntualizó.

Prueba del control del sistema carcelario por parte de estructuras criminales es el caso del “Cholo Houston”, un pandillero dela MS-13 que debía estar en la cárcel de Támara pero en su lugar fue encontrado por las autoridades en “La Tolva”.

Hecho que fue denunciado por el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya a través e su cuenta de Twitter. “Así de corroído está el Sistema Penitenciario: El “Cholo Houston”, cabecilla de la MS-13, se encuentra inscrito como recluido en la máxima de Tamara, sin embargo, en la operación de hoy, se encuentra en La Tolva.”, escribió el funcionario.

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Cárcel en Islas del Cisne

Otra de las medidas anunciadas por el gobierno de Xiomara Castro, es la construcción de un centro penal en las Islas del Cisne, decisión que ha causado polémica y provocado reacciones adversas de ambientalistas y pobladores.

El ministro de Defensa, José Zelaya, declaró el 22 de junio que se harían los estudios necesarios para poder construir una cárcel en las Islas del Cisne y hacerlo “en el menor tiempo posible”

Según analistas, esto podría costar alrededor de 800 millones de dólares por el costo de llevar todos los materiales a la isla.

Para ello, pese a que la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, declaró que las secretarías de Seguridad y Defensa tienen los fondos necesarios, de no ser así, el estado recurriría a prestamos para financiar la obra.

El secretario de Defensa aseguró que para la construcción de la cárcel, a la que se pretende trasladar a cabecillas de maras y pandillas, el Estado acudirá a compras directas, evitando así un proceso de licitación pública o privada.

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