Honduras

Uferco tiene vía libre para acusar a Nasry 'Tito' Asfura, alcalde de Tegucigalpa  

Con la resolución del tribunal de alzada, la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco), tiene vía libre para presentar un requerimiento fiscal contra el también aspirante presidencial

16.02.2021

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción resolvió este martes a favor de la Fiscalía un antejuicio planteado contra el alcalde capitalino Nasry 'Tito' Asfura.

'La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, declara Con Lugar solicitud de Antejuicio solicitada contra el alcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura y la regidora Nilvia Castillo', informó el Poder Judicial a través de sus redes sociales.

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Con la resolución del tribunal de alzada, la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco) tiene vía libre para presentar un requerimiento fiscal contra Asfura.

Investigación

El alcalde capitalino es investigado por el presunto desvío de más 29.4 millones de lempiras de un fideicomiso de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

De acuerdo a los fiscales, Asfura libró cheques que se depositaron en sus cuentas personales y a la vez se usaron documentos públicos falsos.

“Durante los años 2017 y 2018, Nasry Asfura, en su condición de alcalde municipal, y Mario Roberto Zerón, en su condición de tesorero municipal, libraron cartas de pago al banco fiduciario solicitando a favor de Asfura la emisión de 21 cheques en concepto de fondos rotatorios por 11.9 millones de lempiras”, señala la petición.

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Indica que de igual manera se solicitó la emisión de un cheque por 4.8 millones de lempiras, en concepto de reembolso de gastos, y un cheque por un millón de lempiras mediante el procedimiento del fondo rotatorio especial, lo que significó la emisión de 23 cheques de caja emitidos a nombre de Asfura Zablah, que sumaron 17.4 millones de lempiras.

El alcalde enfrentaría la justicia acusado de los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos y lavado de activos en perjuicio de la administración pública, la fe pública y la economía del Estado de Honduras.

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