Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general del Ministerio Público (MP), Pablo Emilio Reyes, declaró que se ocupan al menos 900 fiscales para afrontar las necesidades del pueblo hondureño y contar con un presupuesto de 2,900 millones de lempiras para hacerle frente a los desafíos en seguridad.
Reyes explicó que el MP cuenta con aproximadamente 796 fiscales, pero considera necesario elevar esa cifra hasta cerca de 900 para atender las necesidades de la población hondureña y responder a la creciente demanda en materia de persecución penal.
"Hoy contamos aproximadamente con 796 fiscales. Ocupamos el doble o el triple de fiscales para hacer frente a esta delincuencia, estamos hablando, más o menos; de unos 900”, detalló Reyes.
Según el fiscal general, desde 2016 no se realiza un concurso para incorporar nuevos fiscales, situación que ha limitado el crecimiento del personal encargado de desarrollar investigaciones y ejercer la acción penal.
Necesidades
En cuanto al presupuesto, Reyes manifestó que el Ministerio Público debería recibir hasta el 3% de los recursos correspondientes, sin embargo, para 2026, cuenta con una asignación equivalente al 0.84%.
Ante este escenario, sostuvo que es necesario incrementar la inversión destinada a la institución para atender las necesidades vinculadas con la seguridad y fortalecer las herramientas disponibles para la persecución de los delitos.
Reyes también destacó la importancia de la coordinación con el Poder Judicial, al considerar que las investigaciones y herramientas proporcionadas por el Ministerio Público deben complementarse con el criterio de los jueces.
Asimismo, señaló que las distintas instituciones que integran los esfuerzos de seguridad, entre ellas la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Poder Judicial, deben realizar esfuerzos adicionales frente a los desafíos actuales.
Finalmente, el fiscal general destacó el trabajo realizado por los fiscales y señaló que existen resultados pese a las limitaciones actuales, pero insistió en que se deben ampliar las capacidades institucionales para que puedan desempeñar sus funciones en condiciones adecuadas.
