Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) anunció que verificarán las presuntas presiones que se han ejercido contra el juez natural que lleva la causa penal contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA) Roosevelt Hernández.
Las acciones por parte de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos responde la denuncia hecha por el Colegio de Periodistas (CPH) y las organizaciones Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (Joprodeh) y Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu).
El MP indicó que estas organizaciones alertan sobre presuntas injerencias y amenazas contra el togado. Además, cabe recordar que el gremio periodístico y las dos organizaciones de derechos humanos denunciaron que se pretenden realizar acciones para retrasar la causa judicial contra el exjerarca militar.
En ese sentido, el MP afirmó que "enviará en las próximas horas una solicitud de comparecencia a la autoridad judicial a cargo del proceso, a fin de recabar su declaración formal sobre los hechos denunciados y establecer las circunstancias en que estos habrían ocurrido, en estricto apego a la reserva legal del expediente".
Seguidamente, afirmó que el proceso se realizará con objetividad e independencia con el objetivo de "determinar la posible existencia de los delitos de obstrucción y tráfico de influencias".
Sobre el proceso contra Hernández
Roosevelt Hernández es acusado por los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales.
La acusación surge a raíz de la denuncia hecha por los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, quienes se vieron afectados por publicaciones descalificativas hacia ellos y que fueron difundidas a través del periódico digital de las FF AA.
El 26 de mayo de 2025, en el medio de la institución castrense se publicó una portada tildando a los tres periodistas como "sicarios de la verdad", dedicando incluso cinco páginas para descalificar a los profesionales de la comunicación.
El MP emitió un requerimiento fiscal el pasado 29 de julio por estos ataques a la libertad de expresión y libertad de prensa. La audiencia de declaración de imputado estaba fijada para el pasado 7 de agosto, pero fue reprogramada para el 19 de este mes.
