Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 24,864 personas resultaron afectadas por el desplazamiento forzado en Honduras entre 2016 y 2025, de acuerdo con los registros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Durante ese período, el ente defensor de los derechos humanos recibió más de 10,000 quejas relacionadas con casos de desplazamiento forzado en el país, una situación que refleja las condiciones que obligan a familias enteras a abandonar sus hogares.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, aseguró que las cifras registradas durante los últimos nueve años muestran la dimensión de una problemática que afecta directamente a las familias hondureñas.
Reyes explicó que el desplazamiento ocurre después de que las personas enfrentan hechos violentos que ponen en riesgo su seguridad y las llevan a considerar la salida de sus viviendas como la única opción para mantenerse a salvo.
“Al final, lo que genera que una familia salga huyendo de su casa es precisamente un hecho violento que se ha vivido y que la ha puesto en riesgo y que sabe que tiene que salir huyendo de su casa porque es la única alternativa para estar a salvo, lo que significa una ruptura de todos los vínculos”, aseguró.
Incidencias
El informe sobre desplazamiento forzado interno durante 2025 realizado por el Conadeh identifica que las principales causas asociadas a este fenómeno fueron hechos violentos: entre ellos, se registraron 9,945 denuncias por amenaza —que representan el 40% de los casos registrados— 2,486 denuncias por tentativa de homicidio; 2,237 casos de violencia doméstica; 2,237 por asesinatos de parientes, y 1,491 casos de extorsión.
Es decir, cuatro de cada diez quejas atendidas corresponden a personas que denunciaron haber sido víctimas de amenazas, convirtiéndose en el principal hecho violento asociado al desplazamiento forzado interno durante el período analizado.
Entre otros hallazgos, el informe establece que los departamentos con mayor número de quejas entre 2016 y 2025 fueron Francisco Morazán, con 5,470 casos; Cortés, con 3,978; Choluteca, con 2,735; Olancho, con 1,740; y Atlántida y Yoro, con 1,491 casos cada uno.
El Comisionado de los Derechos Humanos aseguró que para prevenir el numero de casos, necesita la implementación efectiva de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente.
No obstante, también aseguraron que regular la prevención del desplazamiento en Honduras, se necesita asignar recursos al Fondo para la Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente, aprobación de su reglamento y fortalecimiento a la coordinación interinstitucional en el país.
