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Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional lleva meses sin sesionar, pero el flujo de dinero no se ha detenido.
Entre enero y septiembre, la administración del presidente del Legislativo, Luis Redondo, erogó 176.4 millones de lempiras a favor de diputados, en su mayoría de Libertad y Refundación, por concepto de subvenciones y bonos para diputados, en pleno año político y sin que el pleno se reúna de manera regular.
Las cifras, registradas en el Portal de Transparencia de ese Poder del Estado, exponen una cadena de desembolsos millonarios bajo un Congreso cerrado y sin informes públicos que detallen en qué se utilizó el dinero.
El año inició con un gasto elevado. En enero, se reportaron 27,806,771.35 lempiras, cifra que marcó la base del comportamiento financiero. Para febrero, el monto fue de 15,794,648.38 lempiras.
En marzo, los desembolsos aumentaron a 35,766,349.16 lempiras, uno de los picos más altos del año, seguido por abril, con 28,150,000.00 lempiras, una ligera reducción tras el incremento del mes previo.
La ejecución bajó a 17,955,099.82 lempiras en mayo, pero volvió a subir en junio, cuando se erogaron 20,923,068.00 lempiras.
El movimiento más inesperado se registró en julio, con apenas 1,802,000.00 lempiras, la cifra más baja del período. Sin embargo, los montos repuntaron en agosto (14,071,140.00 lempiras) y septiembre (14,144,576.25 lempiras), revelando una aparente estabilización.
La cifra aumentará en virtud de que el Poder Legislativo no ha publicado en el portal las erogaciones realizadas a favor de los diputados en los meses de octubre y noviembre.
Pese a la magnitud de los fondos, no se ha detallado públicamente en qué se utilizaron, ni se han publicado de forma completa las liquidaciones prometidas por la administración legislativa de Luis Redondo.
Justificación
El Congreso Nacional argumenta que las subvenciones entregadas a los diputados son un “monto liquidable”, amparado en la Constitución y la Ley Orgánica del Legislativo. Según su posición oficial, las subvenciones buscan “utilidad pública como instrumento de desarrollo económico y social”.
Agrega que los congresistas deben presentar solicitudes previas, firmar “autorización para descuento de sueldo” en caso de no liquidar, y que las liquidaciones serían “digitalizadas y publicadas en el portal del Congreso.
Críticas
Sin embargo, diputados de diversas bancadas cuestionan que, pese a meses de parálisis legislativa, se mantengan estos desembolsos y no exista claridad sobre las obras o ayudas financiadas.
El diputado liberal Marlon Lara fue categórico al afirmar que “no deben los diputados ni el Congreso dar subsidios. Esa es una práctica que ellos prometieron en campaña, que iban a derogar todos esos fondos, y más bien se ha disparado la entrega de subsidios, porque tengo entendido que son 100,000 lempiras que le daban a los diputados, sobre todo los del Libre, porque ellos pidieron esa cantidad”.
Subrayó: “Eso, lejos de prestigiar al Congreso, como ellos dicen que lo utilizan para dárselo a la gente o para hacer obras, no son funciones del Congreso. Los diputados no tienen por qué administrar recursos, no tienen por qué recibir subsidios, y esos fondos que ellos están utilizando, a pesar de que el Congreso está cerrado, que no ha querido Libre convocar a sesiones, hacen que la gente tenga un concepto de que en el Congreso, en vez de legislar, utilizan los recursos para dilapidarlos en campañas, en beneficio de los diputados afines al gobierno”.
Lara reprochó que el gobierno actual, pese a haber criticado esa práctica cuando era oposición, “ha disparado la entrega de subsidios”, incluso mientras el Congreso permanece cerrado.
El congresista cuestionó que no exista registro sobre el destino del dinero: “¿En qué se han invertido estos fondos? No hay manera de justificar dinero que no se puede recibir porque no es una función de los diputados”.
De su lado, la diputada nacionalista Merary Díaz declaró que “el Congreso Nacional, aparte de tener una junta directiva que ha impedido sesionar a los diputados, ha socavado la democracia y ha violentado la Constitución de la República al conformar e instaurar una comisión permanente y querer ascender a generales de las Fuerzas Armadas”.
“Vemos el derroche del fondo y del dinero del Estado. A ellos no les ha importado el bienestar del pueblo hondureño. Lo que hoy demuestra el derroche de tantos millones que pudieron servirle al pueblo hondureño es financiar sus campañas políticas”, manifestó.
Por su parte, la diputada del PSH, Claudia Ramírez, calificó las subvenciones como actos “inconstitucionales” que no cuentan con reglamentación.“Las subvenciones y los bonos, o como el pueblo los quiera llamar, son un acto realmente inconstitucional, que no tiene reglamento, como hemos dicho durante toda esta legislatura”, declaró.
“Hoy, cuando vemos esa gran cantidad en el portal de transparencia, vemos un drenaje terrible del sistema legislativo, donde no hemos visto producción que favorezca al pueblo.
Probablemente ha habido producción que favorece a la argolla que rodea al señor Luis Rolando Redondo y a su junta directiva”, reprochó.
Las declaraciones de diputados de distintas bancadas coinciden en un punto: no hay claridad sobre el destino final de los recursos.
Sobre el particular, Nelson Castañeda, representante de la Asociación para una Sociedad más Justa, señaló que “lo que corresponde ahí es un trabajo tanto del Tribunal Superior de Cuentas como de la Secretaría de Finanzas, que al final también se vuelve parte en el tema del control y la auditoría de los fondos”.
Afirmó que con “el tema del fondo departamental, social, todos los nombres que se le han puesto a lo largo de los años, ha sido un mecanismo para el drenaje de fondos públicos que llegan al final para clientelismo político”.
“No puede seguir ocurriendo de que funcionarios del Estado se sigan aprovechando de estos fondos para lucrarse o que sirva como una estrategia para comprar voluntades en un período electoral”, afirmó.
