Tegucigalpa, Honduras. - En un intento por desligarse del desprestigiado fondo departamental, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, defendió este martes la asignación de millonarias ayudas sociales gestionadas por diputados de Libertad y Refundación (Libre).
Sin embargo, sus declaraciones dejaron más dudas que certezas sobre el verdadero uso y control de esos recursos públicos.
Acompañado por el auditor y la gerente legal del Legislativo, Redondo aseguró que los fondos no son ejecutados por el Congreso, sino por instituciones estatales como el FHIS, el SIT y Educrédito.
No obstante, el mecanismo —basado en solicitudes que los propios diputados presentan y gestionan— revive prácticas clientelistas que durante años sirvieron como plataforma para el desvío de fondos públicos con fines políticos y personales.
“En la actualidad los congresistas no tocan dinero”, afirmó Redondo, en un intento por desmarcarse del modelo anterior, pero omitió que los parlamentarios siguen teniendo injerencia directa sobre qué obras o beneficiarios son priorizados y bajo qué criterios.
El artículo 349 del Presupuesto —citado insistentemente por el titular del Legislativo— ha sido el vehículo para financiar desde obras menores hasta ayudas humanitarias, pasando por subvenciones a fundaciones religiosas, asociaciones sin fines de lucro, e instituciones educativas y deportivas.
Todo ello con poco o nulo escrutinio público.
Aunque Redondo intentó presentar el esquema como transparente y descentralizado, lo cierto es que la Secretaría de Finanzas canaliza millones de lempiras hacia proyectos propuestos por diputados, con escasa información sobre su impacto, sostenibilidad o los verdaderos beneficiarios.
Durante su intervención, admitió que, desde 2022, más de 220 congresistas han gestionado ayudas, incluyendo 96 de su propio partido, Libertad y Refundación (Libre).
Sin embargo, no precisó si existe algún informe técnico que respalde cada una de las asignaciones.
Redondo, quien en campaña prometió romper con los vicios del pasado, terminó defendiendo con vehemencia una estructura que permite a los diputados hacer política con fondos públicos, disfrazada de “gestión social”.
