Tegucigalpa, Honduras.- Medidas sustitutivas a la prisión le dictó un juez a otra de las personas a la que el Ministerio Público (MP) acusa de haber participado en la contratación de la empresa de transportes que brindó el servicio para el traslado de maletas electorales en las elecciones primarias de 2025.
El encausado responde al nombre de Dennis Emilio Hércules Rosa, quien se desempeñó como miembro de la Comisión Evaluadora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y parte del engranaje logístico del ente electoral para la contratación de empresas de transporte.
Dennis Hércules se presentó de forma voluntaria a los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, para responder por los cargos de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, que le imputa el ente acusador del Estado.
Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial (PJ), detalló que para poder defenderse en libertad, el imputado "presentó una caución hipotecaria de un bien inmueble valorado en cuatro millones de lempiras".
Las medidas distintas a la prisión que deberá de cumplir son: no salir del país, presentarse periódicamente al juzgado, no puede comunicarse con ninguno de los otros coimputados y tampoco tiene permitido acercarse o presentarse a las instalaciones del CNE.
La acusación
Hércules Rosa es señalado de participar en la contratación de la empresa de transporte Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L, compañía que brindó el servicio de traslado de las maletas electorales durante las recientes elecciones primarias del 9 de marzo.
"Por esa razón se ha presentado el requerimiento fiscal. Son seis personas las que están acusadas, hay otras personas que están gozando de medidas diferentes a la prisión", indicó Bárbara Castillo.
En este expediente investigativo también están incluidos Carlos Salomón Fonseca Robles, apoderado legal de Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L., acusado del delito de fraude, además, Raúl Amílcar Rivera Montoya, miembro de la Comisión Evaluadora del CNE; por los cargos de fraude, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas y violación de los deberes de los funcionarios. Ambos gozan de medidas cautelares.
De igual manera, el miembro de esa Comisión, José Martín Pastrana Sánchez y Juan Carlos Canales Lobo.
El Ministerio Público presentó el requerimiento fiscal en su contra por la presunta contratación fraudulenta en el transporte de material electoral. Esto habría ocasionado un perjuicio al Estado de Honduras, de más de 64 millones de lempiras (64,789,021.78).
