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Tegucigalpa, Honduras.- Varios proveedores del Consejo Nacional Electoral (CNE) no han recibido pago debido al secuestro de documentos realizado por el Ministerio Público (MP). Esta medida forma parte de una investigación sobre un presunto uso indebido de fondos en el CNE relacionados con las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025.
La Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (Uecde), dependencia del MP, presentó un requerimiento fiscal por la presunta contratación fraudulenta para el transporte del material electoral, mediante el cual se investiga que se habría defraudado al Estado por la suma de 64,789,021 de lempiras.
Similar situación investiga el ente acusador del Estado, en relación a la contratación de las imprentas que imprimieron las papeletas electorales, empresas que también habrían ocasionado un perjuicio al erario, propiciado en la contratación y los servicios que dieron.
Acusados
Ese proceso investigativo tiene en vilo a las empresas que proveyeron de esos servicios en su momento al CNE. Compañías de transporte que no han podido cumplir con sus compromisos de pago a sus empleados debido a que los desembolsos no se hicieron efectivo a causa de las investigaciones del MP.
EL HERALDO intentó tener una respuesta a esa problemática en el MP, pero se nos dijo que por el momento están de vacaciones y que no habían funcionarios de la Unidad en mención que pudieran dar detalles del avance de esas investigaciones, si no, hasta su regreso.
El MP tiene judicializados a los señores Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de la empresa Ingeniería Logística y Transporte S. de R.L. de C.V., que dio el servicio de transporte para el traslado de maletas electorales; en su momento, públicamente él manifestó estar desesperado por la falta de pago del CNE, ya que no podía honrar los pagos a sus empleados.
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Descoordinación
Además, es parte del proceso judicial el miembro de la Comisión Evaluadora de Transporte del CNE, Raúl Amilcar Rivera Montoya, por suponerlo responsable de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones.
Ambos se defienden en libertad, ya que sus defensas legales interpusieron recursos de apelación sobre el veredicto dictado en las respectivas audiencias iniciales, en donde se les decretó el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva.
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