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Tegucigalpa, Honduras.-Una investigación impulsada por la Fiscalía de Honduras, a raíz del caos registrado durante las elecciones primarias del 9 de marzo, mantiene congelados los pagos que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe realizar a las empresas proveedoras de servicios.
El proceso judicial ha afectado directamente a las empresas encargadas de la impresión de papeletas y al transporte del material electoral.
Según fuentes del CNE, los expedientes originales de los contratos, incluyendo las garantías de cumplimiento, fueron trasladados por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en plena ejecución de los proyectos, lo cual ha impedido dar continuidad a los pagos administrativos.
Advierten que, si el CNE desembolsa los fondos, sus consejeros podrían enfrentarse a acciones civiles y penales.
Carta al fiscal general
En una misiva enviada al fiscal general del MP, el CNE explicó que la falta de acceso a los expedientes está afectando su operatividad financiera y solicitó una respuesta formal sobre si puede proceder con los pagos o si debe mantenerlos suspendidos mientras avanza la investigación penal.
La solicitud menciona tres procesos de contratación: CNE-PEP-UCCE-006-2025: Servicio de alquiler de transporte pesado para traslado y retorno de material y equipos electorales.
Asimismo, el CD-CNE-PEP-UCCE-015-2025 referente a la producción de papeletas para el departamento de Gracias a Dios.
Y el CNE-PEP-UCCE-010-2025, relacionado con la impresión de documentos y papeletas para las Juntas Receptoras de Votos (JRV).
Según el documento, los servicios fueron efectivamente prestados y recibidos, pero debido a que los expedientes originales están bajo custodia del MP, no se puede continuar con el proceso administrativo ni ejecutar las garantías de cumplimiento.
Aspectos técnicos y legales de los contratos
El expediente más voluminoso es el del proceso CNE-PEP-UCCE-010-2025, que fue entregado a la ATIC el 14 de marzo.
Contiene nueve tomos con toda la documentación técnica, legal y financiera del proceso. En él, fueron adjudicadas 10 empresas, de las cuales cinco recibieron adendas contractuales.
La asesoría legal del CNE dictaminó que, en apego al marco jurídico, los contratos deben cumplirse, pero se deben aplicar las cláusulas penales correspondientes en los casos de incumplimiento.
Por ejemplo, la cláusula penal establece una multa del 0.36% por cada día de retraso, conforme al artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 120 del Presupuesto General de la República.
Además, la cláusula décima segunda, sobre causas de terminación del contrato, establece que si se da una terminación anticipada, solo procede el pago por los servicios efectivamente ejecutados.
En lo que respecta al servicio de transporte de material electoral, 16 de los 18 departamentos del país reportaron una prestación del servicio sin incidencias. En el departamento de Francisco Morazán, solo un municipio presentó problemas.
En relación con las imprentas, se determinó que varias cumplieron con lo estipulado, aunque algunas presentaron retrasos que deben ser sancionados con penalidades conforme a las cláusulas contractuales.
La asesoría legal concluyó que no se puede castigar a todos los proveedores por igual y recomendó proceder con los pagos a aquellos que cumplieron con los pliegos de condiciones, aplicando sanciones proporcionales a quienes no lo hicieron.
Advertencia sobre consecuencias legales y operativas
El dictamen jurídico advierte que el no pago a los contratistas podría derivar en demandas judiciales contra el CNE, incluyendo exigencias por daños y perjuicios.
También alertó que la situación podría generar desconfianza en futuros procesos electorales, afectando negativamente la planificación de las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
El órgano electoral teme, además, que empresas proveedoras se nieguen a participar en licitaciones similares si no se resuelve la actual situación.
Hasta la fecha, el fiscal general, Johel Zelaya, no ha emitido respuesta a la solicitud formal del CNE, lo que mantiene paralizados los desembolsos y obstaculiza la gestión administrativa del ente electoral.
