Tegucigalpa, Honduras.- El exfiscal general, Johel Antonio Zelaya, acudió este martes 26 de mayo a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para presentar un recurso de amparo con el que busca ser restituido en el cargo del que fue separado en marzo pasado.
Zelaya sostiene que su destitución se realizó de manera irregular y que durante el proceso no se respetaron plenamente las garantías establecidas en ley.
La acción legal fue interpuesta luego de poco más de dos meses de haber sido removido de la titularidad del Ministerio Público tras un juicio político desarrollado en el Congreso Nacional.
A su llegada al Poder Judicial, el exfuncionario también dirigió un mensaje al presidente Nasry Asfura, a quien pidió escuchar sus planteamientos relacionados con la situación que atraviesa el país.
Aunque no profundizó ampliamente sobre el contenido del recurso, Zelaya insistió en que existen elementos suficientes para cuestionar la legalidad de la decisión tomada por el Legislativo.
Destitución
Johel Zelaya fue destituido oficialmente de su cargo el pasado 25 de marzo, luego de que el Congreso Nacional aprobara, con 93 votos a favor, separarlo definitivamente de la Fiscalía General.
El proceso se convirtió en el primer juicio político realizado en Honduras contra un alto funcionario de este nivel, en medio de fuertes tensiones dentro del hemiciclo legislativo.
La denuncia en su contra señalaba presuntas actuaciones contrarias a la Constitución de la República, además de supuesta negligencia, incapacidad e incompetencia en el desempeño de sus funciones.
Parte de los cuestionamientos estuvieron relacionados con su actuación durante la crisis electoral de 2025, el manejo de audios sensibles y decisiones vinculadas a investigaciones de interés nacional.
Durante las audiencias ante la comisión especial del Congreso, Zelaya protagonizó momentos de confrontación con diputados y fue señalado por no responder de manera precisa varios de los cuestionamientos planteados.
Tras el desarrollo de las diligencias, el pleno legislativo aprobó su salida del Ministerio Público, pese a que su período constitucional debía extenderse hasta el año 2030.
Ahora, con el recurso presentado ante la CSJ, el exfiscal busca revertir la decisión y regresar al cargo alegando violaciones al debido proceso durante su destitución.
