Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras suscribió este viernes un contrato de préstamos por 100 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para mejoras fiscales del país centroamericano, informó una fuente oficial en Tegucigalpa.
El contrato fue suscrito por el secretario hondureño de Finanzas, Emilio Hernández, y Julia Johannsen, representante del BID en el país, en el marco del programa de fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal del país, indicó en un comunicado la cartera de Finanzas.
Además, se busca que Honduras pueda mejorar la sostenibilidad fiscal en un contexto de recuperación económica posterior a la pandemia -de Covid-19- y ante la vulnerabilidad del país a los desastres naturales.
"La operación del préstamo del BID forma parte de los fondos de crédito externo aprobados por el Congreso Nacional para el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026. El primer préstamo de dos operaciones independientes fortalecerá el marco de responsabilidad fiscal del país y mejorará la capacidad institucional para la gestión macrofiscal en la Secretaría de Finanzas", señaló la misma fuente.
La financiación del BID incluye 60 millones de dólares provenientes del capital ordinario del Banco, con un plazo de 20 años, un período de 5,5 años de gracia y una tasa de interés "basada en SOFR (tasa de financiamiento garantizado a un día en dólares estadounidenses, basada en transacciones reales del mercado de repos con bonos del Tesoro de Estados Unidos como garantía)".
Los 40 millones de dólares restantes provendrán del capital ordinario concesional del BID, con una tasa de interés de 0,25 por ciento y un plazo de 40 años, incluido el período de gracia.
La operación se complementa con programas del Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), indicó la Secretaría de Finanzas del país centroamericano.
El Gobierno de Nasry Asfura en Honduras ha priorizado una relación cercana con organismos económicos internacionales para renegociar programas financieros, revisar deudas y proyectos, atraer inversiones y reforzar la seguridad jurídica del país.
