Autoridades de la pasada administración del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Públicos (Injupemp) destinaron 95.9 millones de lempiras en la contratación de abogados externos, contraviniendo las leyes de Honduras, denunció este miércoles el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
En conferencia de prensa, la directora del CNA, Gabriela Castellanos, y el titular de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos, Dagoberto Aspra, confirmaron la defraudación de 95 millones de lempiras mediante la suscripción de contratos con seis abogados externos al instituto de previsión.
De acuerdo a la investigación efectuada por el Consejo Anticorrupción, los abogados contratados por el Injupemp son: Santos Inestroza Tejeda, Ángel Irías Rodezno, Norman Torres, Teófilo Zúniga Salgado, Efraín Flores Hernández y Lenín Ernesto Martínez.
A dichos profesionales del derecho, el instituto efectuó pagos por 27.6 millones de lempiras, adeudando a la fecha otros 67.6 millones.
A juicio del CNA, la contratación de abogados externos transgrede el artículo 24 de la Ley de Contratación del Estado de Honduras, por lo cual señala directamente al exdirector Andrés Torres de incurrir en seis delitos de abuso de autoridad, seis delitos de violación a deberes de los funcionarios, seis de malversación de caudales públicos y seis de defraudación fiscal.
'Andrés Torres (exdirector de Injupemp) realizó contrataciones sin seguir los procedimiento que establece la Ley de Contracción del Estado, el cual estipula que las instituciones deben realizar Licitación Pública considerando el pliego de condiciones que es el modelo preparado por la oficina normativa de contratación y adquisidores, donde la institución que va a realizar contratación debe preparar el pliego de condiciones y demás documentos que normaran el procedimiento de licitación, así como las estipulaciones generales y especiales del contrato a celebrar', establece el documento.
El expediente elaborado por el consejo será remitido al Ministerio Público de Honduras como denuncia, para que este proceda a realizar las acciones pertinentes, adelantó Castellanos.
La denuncia hecha pública hoy, fue interpuesta por el Sindicato de Trabjadores de Injupemp ante el Ministerio Público, sin que a la fecha se haya emitido ningún requerimiento fiscal.
El CNA apuntó además que los abogados habrían incurrido en defraudación fiscal y prevaricato, en vista de que ninguno presentó declaración de ingresos por los servicios prestados al instituto ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y en algún momento abandonaron los casos para los que fueron contratados sin presentar resultados.
Los fondos con los que se pagaron los honorarios de los abogados externos habrían afectado varias partidas presupuestarias de la institución, en vista de que no existía una específica para la contratación de servicios legales externo y la institución cuenta con un departamento de División Legal.
Entre las partidas afectadas figura la de proyectos habitacionales.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió dos informes al Ministerio Público sobre irregularidades registradas en el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos.
La magistrada Daisy de Anchecta reveló que uno de esos reportes corresponde a la contratación de abogados externos por parte de las autoridades del instituto.
El otro corresponde al caso de bonos adquiridos por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), por el cual guarda prisión el exjefe financiero Carlos Zúniga, mientras el yerno del exdirector, Manuel de Jesús Barahona, cumple medidas sustitutivas a la prisión.
