El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió dos informes al Ministerio Público de Honduras, sobre irregularidades registradas en el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Público (Injupemp) correspondientes a dos diferentes administraciones.
Lo anterior fue revelado por la magistrada Daisy de Anchecta, quien confirmó la existencia de pliegos de responsabilidad civil y penal contra los involucrados en los actos de corrupción.
La funcionaria explicó que en el caso de la compra/venta de bonos soberanos entre el Injupemp y la UNAH, la cantidad defraudada fue de cinco millones de lempiras por los servicios de intermediación de la empresa DiazGar, la cual no está inscrita en el Registro Público de Mercados de Valores de la Comisión Nacional de Banca y Seguros de Honduras (CNBS).
Tanto el Injupemp como la UNAH, hicieron intermediación a través de dicha empresa, 'contraviniendo algunas disposiciones de ley', apuntó.
Por otro lado, el informe 16-2014 de la contratación innecesaria de un equipo de abogados para efectuar labores que conciernen al departamento legal de la institución, establece irregularidades por 16.7 millones de lempiras.
De acuerdo al TSC, los abogados externos habrían recibido un pago por ocho millones de lempiras por el brindar el servicio de asesorías o servicios de honorarios.
Estas contrataciones, destacó Anchecta, derivaron en una serie de irregularidades.
'Esto viene desde 2006 y el problema aquí es que se han estato contratando abogados para las mismas causas. Al abogado se le da la causa, después se le pide que se retire y obviamente, un honorario profesional se paga de acuerdo a la cuantía de la demanda y no es tanto eso. El profesional del derecho, con solo que haya presentado un primer escrito a los Juzgados de la República, ya tiene derecho a sus honorarios', detalló.
Remarcó que 'lo raro del caso es que, no solo ha sucedido en Injupemp, sucede en otras instituciones del Estado y teniendo un cuerpo de asesores legales, porque en Injupemp había un jefe de División de Servicios Legales y habiendo un cuerpo de profesionales del derecho por qué van a contratar a los externos'.
'Esto es improcedente porque se está pagando a un cuerpo de asesores que cobraron el 12 por ciento sobre 90 millones de lempiras de honorarios profesionales', indicó.
Por el caso de los bonos guarda prisión en la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto el exjefe de Finanzas de Injupemp, Carlos Humberto Zúniga, sobre quien pesa un proceso judicial por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y violación a los deberes de los funcionarios públicos.
También fue acusado por la Fiscalía el yerno del exdirector del Injupemp, Manuel de Jesús Barahona, acusado de encubrimiento, por el cual le fueron dictadas medidas sustitutivas a la prisión.
Mientras por el delito de fraude fue presentado un requerimiento fiscal contra César Díaz, representante legal de la empresa DiazGar S. de R. L, quien se encuentra prófugo.
