El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, anunció que se legislará para que los operadores de justicia tengan que realizarse las pruebas de confianza y garantizar que actuarán para darle seguridad a la ciudadanía.
'Han desfilado por el Congreso los diferentes operadores de justicia y (...) han venido aquí a reconocer en el fondo, que tenemos operadores de justicia que se han confabulado con el crimen', expresó Hernández en rueda de prensa.
El titular del Legislativo comentó que la próxima semana se tomarán las acciones para institucionalizar este proceso y de esta manera asegurar que los funcionarios cumplan con las leyes.
'Ha llegado el momento de tomar decisiones, mi criterio personal es que la rendición de cuenta es una parte, pero la rendición de cuentas tiene que terminar en decisiones claras y contundentes, porque el pueblo hondureño no puede seguir sufriendo lo que está sufriendo', alegó Hernández.
Hernández comentó que hace cuatro meses propuso una superintendencia para revisar la conducta de todos los operadores, que incluye a los fiscales y jueces.
Agregó que ante el Consejo de Seguridad dijo que se debería seleccionar un grupo de estos funcionarios y someterlos a una investigación, y al ser encontrados culpables de confabularse con los delincuentes, 'sencillamente habría que meterlos en la cárcel'.
Hernández manifestó que la permanencia de estos funcionarios debe hacerse en base a resultados, para garantizar que están cumpliendo con las responsabilidades de su cargo.
'Hay que tomar decisiones hasta tener claro la línea de rendimiento por resultados de evaluación permanente de este Congreso y medir si las personas que están en el cargo tienen la capacidad o están amenazados', señaló Hernández.
Según el parlamentario, los jueces que sientan que están bajo amenaza que lo digan, porque es una situación que no se puede negar considerando la situación que actualmente se vive en el país.
Dentro de estas nuevas legislaciones, adelantó que se definirán los delitos por los que no se pueden otorgar medidas sustitutivas, una determinación que también protegería a los jueces que son amenazados, porque no podrían dictar otro tipo de medidas.
