El presidente de Honduras, Porfirio Lobo anunció el miércoles que enviará en los próximos días un decreto de emergencia al Congreso Nacional para agilizar la depuración policial fallida que tiene lugar en el país desde hace más de un año.
El decreto 'declarará una especie de estado de emergencia o excepción en la Policía Nacional', a través de 'acciones más directas en la depuración policial', dijo Lobo.
Lobo culpó a la justicia del fracaso del proceso de limpieza de la policía. Según el presidente, las medidas a aplicar tienen que ser las que 'legalmente se permitan porque el problema es que a veces los miembros de la Policía son retirados y los tribunales mediante fallos piden el reintegro'.
El presidente criticó 'la legislación interna que tiene esa institución armada (porque) es similar a la que tiene cualquier empleado público y eso es una dificultad porque muchos se declararon enfermos o incapacitados y no se podían citar' con la intención de decretar su baja en la institución.
Lobo hizo el anuncio en San Pedro Sula junto a la Embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubiske.
La policía de Honduras se encuentra sometida a un proceso de depuración y sometimiento a pruebas de confianza poligráficas, toxicológicas, patrimoniales y psicométricas debido a sus altos índices de colusión con el delito. El proceso, 13 meses después de ser lanzado, no ha dado los resultados esperados registrándose sólo 33 órdenes de separación del cuerpo entre sus aproximadamente 14.000 miembros.
Además, de esas 33 órdenes de separación se han aplicado sólo siete, según datos de la Secretaría de Seguridad.
Eduardo Villanueva, responsable de la Dirección de Evaluación de la Carrera Policial de Honduras (DIECP), declaró el martes en el Congreso que en su año de funcionamiento 'con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos la DIECP emitió 230 resoluciones en base a prueba de polígrafo para que se separara a oficiales de la carrera policial, entre ellos 16 altos oficiales con información precisa de su comportamiento'.
Pero añadió que 'la norma jurídica llega hasta ahí, se traslada a la Secretaría de Seguridad para que cancele a esos miembros de la policía. No tengo más autoridad que esa para impulsar este proceso de reforma'.
'Preguntémonos entonces donde están las 230 resoluciones de separación de policías que cursé al secretario de Seguridad. Si yo emito 230 resoluciones vinculantes y sólo siete agentes son separados, la respuesta a dónde está el problema es obvia', inquirió Villanueva.
Lobo también reafirmó su apoyo al cuestionado Juan Carlos Bonilla, Director general de la Policía, que se encuentra en medio de una fuerte polémica desde que hace varios días el Subsecretario de Estado Adjunto de los Estados Unidos confirmó que Estados Unidos se asegura de que su ayuda económica a la policía de Honduras no pasa por manos de Bonilla.
'No tenemos relaciones con él, no ofrecemos ni un dólar, ni un centavo de dólar. Y también hemos eliminado el nivel inmediato abajo. Los 20 funcionarios que trabajan directamente con él, tampoco trabajamos con ellos' dijo Brownfield la semana pasada.
Al General Bonilla no se le han aplicado las pruebas de confianza porque, sostuvo Villanueva, 'es de nombramiento directo del presidente de la República de Honduras y para practicarle las pruebas de confianza se requiere de un protocolo especializado.'
El proceso de reforma de la seguridad pública de Honduras, el país con el mayor número de homicidios per cápita del planeta -91 por cada 100.000 habitantes- comenzó en marzo de 2012 cuando el gobierno, acorralado por la presión ciudadana y los medios de comunicación, tomo la decisión de corregir las prácticas indebidas de la policía, considerada una de las más corruptas del mundo.
