Total impunidad. Una realidad escalofriante fue puesta al desnudo ayer por el fiscal general, Luis Alberto Rubí.
Honduras se desangra y, peor que eso, los responsables de estos crímenes disfrutan del reino de la impunidad al que el gobierno ha llevado el país.
“El país como país solo tiene capacidad para investigar el 20 por ciento de los homicidios que se producen en Honduras. O sea que las estructuras que tiene el país no da para que podamos tener nosotros la capacidad de investigación”, dijo
Rubí.
“De ese 20 por ciento estamos judicializando el 90 por ciento de los casos que nos llegan a nosotros; por eso es que es necesario que nos demos cuenta del problema enorme que tiene el país, no las instituciones”, añadió.
“El país no está preparado ante esa ola de criminalidad, nos ha rebasado totalmente. Los órganos de investigación no tienen capacidad para dar respuesta. Se nos está devolviendo el 20 por ciento, estamos ante un 80 por ciento de impunidad”, sentenció.
Eso significa, ni más ni menos, que de 10 crímenes que se cometen en Honduras, 8 simple y sencillamente no son investigados porque la DNIC (con sus 1,500 agentes y sin laboratorios criminalísticos) es incapaz.
Dos crímenes si son investigados y la carga probatoria enviada al Ministerio Público para que ejecute las acusaciones correspondientes.
Rubí afirmó que de este 20 por ciento de crímenes, judicializan el 90 por ciento.
Lo anterior solo refleja el reino de impunidad que existe en Honduras, ante las deficiencias de las estructuras de investigación del Estado.
Y la impunidad va más allá de los homicidios, ya que casi en iguales porcentajes, ocho de diez delitos, en sus diversas modalidades, tampoco se investigan.
Rubí comenzó su informó a las 5:25 de la tarde y el mismo se prolongó por tres horas.
En ese término de tiempo, insistió una y otra vez que la fiscalía, con sus más de 600 fiscales, también enfrenta dificultades económicas.
El propio personal de Finanzas le dio la razón a Rubí al reconocer que para 2013 solo aprobaron 996 millones de lempiras, pese a que se había acordado y firmado compromisos en función de un presupuesto de casi 1,200 millones de lempiras.
Denuncias
Del total de denuncias que el MP pide investigar a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), esta solo le devuelve el 20 por ciento.
Para el caso, en el año 2011 se remitieron a la DNIC 53,555 denuncias para investigar, de estas fueron devueltas con informes 11,492; se devolvieron 857 por investigación incompleta, por lo que se investigan 10,505, que constituyen un 20 por ciento del total de las denuncias.
En el año 2012 fueron remitidas a la DNIC para su investigación 48,458, de las cuales devolvió como informes investigados 10,640 y se devolvieron por incompleta indagación 768, lo que se entregó al MP fueron 9,872 que igualmente constituyen el 20 por ciento de las denuncias remitidas a la Policía Nacional.
“Estos datos reflejan las enormes limitaciones en la materia de investigación”, dijo.
Por el contrario, expuso que a pesar de sus limitaciones el MP incrementó su capacidad de respuesta.
En el año 2011 se presentaron 7,156 requerimientos fiscales por diversos delitos. En el 2012 se aumentó a 12,142 acusaciones, lo que constituye un 59 por ciento de aumento. Estos aún no son satisfactorios, dijo.
Asimismo, lamentó que en promedio cada fiscal maneja 300 expedientes. En el MP laboran 626 fiscales.
A pesar de ello destacó la labor de la Fiscalía de Privación de Dominio, creada en marzo de 2011, que ha logrado unos 800 millones de lempiras en aseguramientos y expropiaciones a favor del Estado.
De igual forma, detalló estadísticas de gestión de distintas Fiscalías. Para el caso la Fiscalía contra el Crimen Organizado obtuvo en los dos últimos años 240 sentencias condenatorias, contando con 29 fiscales.
En lo que respecta a homicidios en el 2011 y 2012 se registraron 14,849 casos, de los cuales solo se presentaron 1,812 acusaciones.
Debilitado
Reseñó que en los últimos años el CN aprobó 10 leyes y 27 reformas, en las que tiene injerencia el actuar del ente acusador. No solo basta aprobar estas leyes, sino dotar de los recursos necesarios.
El fiscal demandó dotar al MP de su propia policía de investigación, recordó que hace unos años se creó la normativa pero el CN la derogó. Asimismo, fortalecer la prueba científica a través del equipamiento de laboratorio criminalístico.
El MP es el componente del sistema de justicia con menos presupuesto, 996 millones fueron aprobados este año, frente a 3,480 asignados a Seguridad y 1,781 del Poder Judicial.
Con los fondos asignados el MP solo podrá operar hasta el mes de agosto, solo habrá un 85 por ciento y será para sueldos y salarios con un 15 por ciento para gastos administrativos.
La reducción del presupuesto anual del MP es sistemático, dejando de percibir 1,075 millones de lempiras para gasto corriente, sin presupuesto para inversiones, a pesar de ser el ente que se involucra en toda la etapa del proceso penal.
En cuanto a la depuración de la fiscalía, se informó que del 2009 a la fecha se iniciaron 84 procesos de despido a empleados. Se aplicaron 75 sanciones distintas al despido.
El MP presentó 45 requerimientos fiscales a funcionarios activos de la entidad, quienes además fueron despedidos. En la etapa final, Rubí lamentó que no encontró recomendaciones en el CN de cómo mejorar su gestión.
El martes en su comparecencia, el director de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, prácticamente responsabilizó del fracaso de la depuración de la Policía
a las autoridades de la Secretaría de Seguridad de Honduras que no han procedido a retirar a los elementos corruptos.
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