El gobierno extendió ayer la declaratoria de emergencia en los centros penitenciarios del país, luego del incendio en la granja penal de Comayagua donde 360 reclusos murieron calcinados la semana anterior.
En Consejo de Ministros el poder Ejecutivo aprobó una ampliación al decreto de emergencia PCM032-2010 para la atención de los centros penitenciarios, el cual había sido aprobado en julio de 2010.
La ampliación fue establecida por un período de ocho meses y contempla la incorporación a la lista de centros penitenciarios en situación de emergencia a la granja penal de Comayagua a fin de buscar el mejoramiento total de las instalaciones carcelarias en Honduras.
Y es que este era el único centro penitenciario que no estaba en la lista del decreto por ser considerado una cárcel modelo.
La iniciativa autoriza a la Secretaría de Seguridad para que en conjunto con la Comisión para Alianzas Público Privadas (Coalianza) explore las posibilidades del esquema en el proceso de remodelación, ampliación y operación de los centros penitenciarios existentes en el país y para la construcción de nuevas cárceles, mediante procedimientos de contratación directa.
“Me atrevería a decir que en los próximos siete meses le estaremos dando una respuesta al pueblo hondureño en ese tema, todo depende de la agilidad con la que trabajemos todos”, dijo el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, tras presentar el proyecto de decreto encaminado a ampliar la emergencia en los centros penitenciarios.
El gobierno anunció que ya hay varias ofertas de la comunidad internacional para el mejoramiento de la granja penal de Comayagua, la cual estaría siendo reconstruida en el corto plazo para albergar a más de 2,000 reclusos.
Diversos estudios nacionales e internacionales
hablan de la situación precaria de los centros penales de Honduras, pero es hasta ahora, y tras la muerte de 359 compatriotas en Comayagua, que las autoridades reaccionan y se proponen seguir las recomendaciones en base al decreto de emergencia ellas mismas aprobaron el año anterior, para la atención de la crisis carcelaria.
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El Decreto aprobado este martes por el presidente Porfirio Lobo en Consejo de Ministros será de ejecución inmediata y deberá publicarse en el Diario oficial La Gaceta.
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Situación
En Consejo de Ministros el gobierno también aprobó un decreto Ejecutivo a propuesta de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, encaminado a revisar la situación de los problemas penitenciarios que afrontan los privados de libertad.
La iniciativa busca generar oportunidades de rehabilitación para los reclusos y mejorar las instalaciones físicas de las distintas cárceles del país.
Ana Pineda, ministra de Justicia, dijo que se creará una comisión interinstitucional para la atención y prevención de la situación de los centros penitenciarios, priorizando los decretos de emergencia ya existentes en 2010 y en 2011, incluyendo la granja penal de Comayagua.
La comisión será integrada por Seguridad, Justicia, Desarrollo Social, Interior y Población, Planificación, FHIS, Copeco, entre otros.
Por su parte, el presidente Porfirio Lobo anunció la elaboración de un plan estratégico a corto, mediano y largo plazo para la prevención de desastres en los centros penales, así como la revisión de las estructuras físicas y sanitarias de las cárceles.
Lobo señaló que esa iniciativa deberá ser aprobada mediante decreto por el Congreso Nacional para que sea de total obligatoriedad para cualquier gobernante.
Indulto
Durante la reunión de ministros, el titular del poder Ejecutivo instruyó a la secretaria de Justicia y Derechos Humanos a agilizar el proceso de revisión de la figura del indulto para favorecer a algunos reos y a las reclusas del Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), que han cumplido su condena pero que no han podido pagar la fianza.
Lobo Sosa instruyó a la titular de Justicia a revisar el caso particular del privado de libertad Marco Antonio Bonilla Ávila, conocido como “El Chaparro”, quien habría ayudado a sus compañeros a escapar del fuego durante el siniestro en la granja penal de Comayagua.
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Pineda sostuvo que ya se ha procedido a revisar el expediente del recluso para establecer si este aplica a un indulto o si podría ser favorecido mediante la figura de
libertad condicionada.
“Ya se está trabajando con la dirección de la defensa pública, quien junto con personal de la secretaría de Justicia están constatando la situación procesal para poder determinar cuáles son los pasos inmediatos”, dijo.
La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos cuantifica en la actualidad un universo de 392 peticiones de indulto, de las cuales existen 27 casos que ya están listos para la firma del Presidente de la República.
De aprobarse el caso de “El Chaparro”, en total sumarían 28 los casos.
