Tegucigalpa, Honduras.- Tras más de dos años al frente del Instituto Nacional Penitenciario (INP), el general de brigada Ramiro Fernando Muñoz Bonilla confirmó este martes 15 de julio su salida del cargo. Ahora queda a la espera de nuevas instrucciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández.
“Soy un general activo de la República. No renuncio a las misiones. Cumplo la orden que me den”, declaró Muñoz, en conferencia de prensa desde la sede del INP, donde se mostró sereno, satisfecho y agradecido.
El general será reemplazado por el general de brigada José Miguel Mejía Medina, a quien describió como un oficial profesional "con valentía, decencia y voluntad de trabajo".
Muñoz subrayó que su salida responde a un relevo normal en un cargo de naturaleza política. “Quien a usted lo nombra, lo quita. Fue la señora presidenta quien me colocó aquí”, dijo. Aclaró que no existe pugna con el alto mando ni presiones externas.
Agradeció el respaldo de la presidenta Xiomara Castro y del general Roosevelt Hernández, asegurando que sin su apoyo no habría sido posible avanzar en el control penitenciario, infraestructura y mejoras tecnológicas.
“Hemos avanzado 50 años en tecnología, educación, tratamiento y control del sistema penitenciario”, afirmó con tono satisfecho.
Consultado sobre las razones detrás del cambio, Muñoz indicó que no le corresponde explicar las razones del cambio, pero fue enfático: “No me voy triste. Me voy satisfecho porque hice las cosas bien. Agradecido, no resentido”.
Durante su gestión, Muñoz impulsó la creación de una comisión interventora, ahora saliente, que será sustituida por nuevos oficiales.
Detalló que dejará todos los procesos y el cronograma de trabajo documentados para que la nueva comisión interventora, encabezada por Mejía Medina, continúe la reestructuración penitenciaria. “Las cosas están trazadas, solo hay que ejecutarlas”, afirmó.
Muñoz informó que junto a él, el coronel Adán Antonio Ramírez y el coronel José Del Cid, quienes conformaban la comisión saliente, dejarán también sus cargos.
En su lugar, la nueva comisión será integrada por el coronel Luis Alonso Rosales Cardoza y el coronel Marco Alexander Lanza Ávila, quienes acompañarán a Mejía Medina. “Son excelentes oficiales. Estoy seguro que lo harán mejor que nosotros”, comentó.
Las reacciones
El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), considera que detrás de esta decisión existen conflictos internos dentro de la estructura militar del país.
Su presidente, Hugo Maldonado, aseguró que “quienes le hicieron la cama al general Muñoz son los mismos de armas de él”, en alusión a pugnas dentro de las Fuerzas Armadas.
Según Maldonado, el conflicto se habría gestado desde las elecciones internas del pasado 9 de marzo, cuando comenzaron a manifestarse divisiones en la cúpula castrense.
“Este conflicto lo arma la Fuerzas Armadas desde marzo. Han venido en una situación de pugna al interior, por el mal papel que hizo el Estado Mayor Conjunto”, señaló.
El defensor de derechos humanos también vinculó la salida de Muñoz con decisiones controversiales, como el intento de construir un centro penitenciario en Isla del Cisne, el cual fue frenado por la presión de organizaciones ambientalistas y de derechos humanos.
Maldonado advirtió que, si bien la presidenta Castro tenía la potestad de remover al general Muñoz, este cambio podría interpretarse como “un golpe debajo al sistema penitenciario”, al producirse en medio de una etapa de control y orden en los centros penales.
A su juicio, la prioridad debe ser que se mantenga la seguridad en los recintos y se continúe el proceso de reforma, especialmente tras las millonarias inversiones realizadas en infraestructura penitenciaria en los últimos meses.
El presidente del Codeh llamó a las nuevas autoridades a priorizar la inversión y el respeto a los derechos humanos en los centros penales del país.
La reciente salida del general Muñoz del INP fue bien recibida por algunas organizaciones de sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de los privados de libertad.
Wendy Morales, representante de una fundación dedicada a esta causa, calificó como "muy bien vista" la decisión del Poder Ejecutivo, al considerar que se trata de un paso en la dirección correcta hacia la desmilitarización del sistema penitenciario hondureño.
Morales recordó que desde hace años el Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha emitido reiteradas recomendaciones al Estado de Honduras para que cese la administración militar en los centros penales, debido a los reiterados casos de uso excesivo de la fuerza.
“Nos preocupa que durante la gestión del general Muñoz se mantuvieran prácticas que van en contra de los estándares internacionales de derechos humanos”, señaló.
Aseguró que en inspecciones realizadas en distintas cárceles del país, su fundación documentó casos de reclusos que tenían beneficios penitenciarios vencidos desde hace más de dos años, sin que se les otorgara la libertad condicional correspondiente.
Uno de los casos, mencionó, en el centro penal de Siria, donde se reportó una cantidad considerable de internos con beneficios vencidos.
“Esto refleja una deficiencia estructural grave y una falta de seguimiento a la situación jurídica de los internos, lo cual debería ser una prioridad”, expresó Morales.
Asimismo, cuestionó el estilo de gestión del general Muñoz, al que calificó de poco abierto al diálogo con la sociedad civil. “En lugar de acercarse a las organizaciones que trabajamos directamente con privados de libertad, optó por criminalizar nuestra labor, lo que limitó cualquier intento de coordinación para mejorar las condiciones en los centros penitenciarios”, lamentó.
Morales hizo un llamado a Castro a tomar esta coyuntura como una oportunidad para rectificar el rumbo del sistema penitenciario.
“Los agentes penitenciarios deben asumir el control total de los centros penales. Ellos son los que han sido formados para esta función, no los militares”, concluyó.
