Con fondos de emergencia construyeron nuevos módulos a los que trasladaron a cabecillas

Tegucigalpa, Honduras.- El tiempo les llegó: el control de las maras, pandillas, extorsionadores y narcotraficantes a partir de ahora debería ser más estricto porque el Instituto Nacional Penitenciario (INP) invirtió entre 600 a 700 millones de lempiras en la construcción de módulos de máxima seguridad, amparados en una emergencia.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus conoció que desde que se hicieron las publicaciones sobre cómo son los nuevos recintos de máxima seguridad en Morocelí, El Paraíso, y en Ilama, Santa Bárbara, comenzaron a llegar presiones de parte de las organizaciones criminales para evitar los traslados.

"Comenzaron a presionar a lo más alto para que se evitara que trasladaran a los cabecillas de las maras", reveló una fuente del INP a este rotativo.

Los proyectos de construcción consisten en cárceles de máxima, media y mínima seguridad realizados por medio de contrataciones directas con fondos del INP en el transcurso de 2024 y lo que va de 2025.

El compromiso de las empresas contratadas para desarrollar las obras era entregar los proyectos el 30 de abril de este año, pero durante el proceso de ejecución se presentaron retrasos en el equipamientos de los recintos penitenciarios.

Ramiro Fernando Muñoz, presidente de la Comisión Interventora del INP, anunció que los primeros traslados de los privados de libertad a sus nuevos hogares estaban programados entre el 10 y 15 de mayo.

No obstante, por falta de algunos detalles de equipamiento y de instalación de cámaras de seguridad se comenzaron a hacer hasta el domingo, pero se hicieron de noche y bajo fuertes controles en coordinación con la Policía Nacional, efectivos de las Fuerzas Armadas (FF AA) y los agentes penitenciarios.

El INP informó el lunes sobre el traslado de 165 privados de libertad que se encontraban en el módulo de máxima seguridad de Támara, al norte de la capital.

Un total de 57 privados de libertad pertenecían a la estructura criminal Mara Salvatrucha MS-13, quienes fueron llevados al módulo de máxima seguridad de La Tolva, Morocelí, El Paraíso, mientras que 108 integrantes de las pandilla Barrio 18, fueron trasladados al módulo de máxima seguridad en Ilama, en Santa Bárbara.

Los procesos de construcción se realizaron en cumplimiento al decreto ejecutivo PCM 28-2023, de fecha 23 de junio de 2023, que fue prorrogado mediante el PCM 18-2024, de fecha 20 de junio de 2024, cuando se autorizó a la Policía Militar del Orden Público (PMOP) realizar contrataciones directas.

Es así que se ordenó adquirir bienes y servicios necesarios para realizar reparaciones urgentes de obras que deban desarrollarse, mantenimiento, remodelaciones de edificios e instalación de equipos y servicios distintos a los de consultoría.

Además autorizó la compra de materiales, suministros y equipos, entre otros bienes y servicios que fueran requeridos para el acondicionamientos y ampliación de los centros penitenciarios a nivel nacional.

Por medio de la solicitud de información SOL-INP-503-2025, el INP proporcionó a EL HERALDO Plus el monto de cada uno de los proyectos que se han ejecutado, así como copia de los contratos, tachando el nombre de las empresas a cargo, por temas de seguridad, informaron.

Los primeros trabajos que se hicieron al tomar el mando del sistema penitenciario fueron en las cárceles de Ilama, en Santa Bárbara y La Tolva en Morocelí, El Paraíso, debido a que requerían reparaciones de urgencia en las puertas y cerraduras de las celdas en ambos centros penitenciarios.

La justificación es que, según las inspecciones realizadas en las instalaciones, se encontraron graves daños en la infraestructura, como perforaciones en las paredes, instalaciones clandestinas y daños en los sistemas de cámaras de video vigilancia.

Además había destrucción total y daños severos a los sistemas de puertas y cerraduras de las celdas y módulos, las cuales vienen a ser las primera y principal barrera de contención y control de los privados de libertad.

"Esto es esencial para evitar cualquier forma o medio para la fuga o evasión, mantener la seguridad y la protección de la vida de las personas privadas de libertad", establece el contrato en poder de EL HERALDO Plus.

El costo del proyecto para la ejecución de estas obras superó los 14.6 millones de lempiras, siendo firmado el 12 de noviembre de 2024.

La emergencia en el sistema penitenciario surgió por la masacre de 46 privadas de libertad ocurrida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara, el 20 de junio de 2023, permitiendo así los procesos de contratación directa para la construcción de nuevos módulos de máxima seguridad.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus reveló recientemente cómo fueron estructurados los nuevos recintos penitenciarios, a donde están trasladando a los cabecillas de maras y pandillas, los extorsionadores y narcotraficantes, permitiendo así la segregación de otro tipo de internos de menos peligrosidad.

Las paredes de los nuevos módulos de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara y en Morocelí, El Paraíso, son de concreto monolítico, reforzado con dos parrillas de varillas de hierro, haciendo una sola pieza de 20 centímetros de grosor, difícil de romper, mientras que las puertas y barrotes son de acero.

Las camas son de hierro y concreto, empotradas en las paredes; los sanitarios y lavamanos de acero inoxidable están dentro de cada celda, donde los internos tendrán que hacer sus necesidades sin la privacidad de que sus compañeros no los vean.

Los hogares estarán separados con fuertes controles de vigilancia, donde los custodios se deben asegurar que los internos permanezcan encerrados en sus celdas, y solo deberán salir bajo el control y vigilancia de los agentes, cumpliendo con el régimen establecidos.

En Ilama, Santa Bárbara, se construyó un nuevo módulo para mediana seguridad, pero con todas las condiciones para máxima, con capacidad para albergar a 1,472 privados de libertad, donde estarán los integrantes de la pandilla Barrio 18.

La documentación proporcionada por el INP establece que el proceso del lote 1, No. 02-A-CISPN-PMOP-2024 es un contrato de obra bajo la modalidad llave en mano, es decir, que la empresa se encarga de todo el proceso hasta entregar la estructura terminada.

El costo de este nuevo módulo, que se ubica en la parte de abajo de la cárcel construida en la administración del expresidente Juan OrIando Hernández, (preso en Estados Unidos, condenado por narcotráfico) es de 308,805,027.10 lempiras.

El contrato contempla la elaboración del estudio, diseño, construcción y rehabilitación del centro penitenciario, mismo que fue firmado el 16 de febrero de 2024 y el proceso fue supervisado por una comisión de ingenieros y arquitectos expertos del INP.

Mientras que en La Tolva, Morocelí, El Paraíso se hizo un módulo de máxima seguridad, de dos alas, con capacidad para 108 privados de libertad por cada lado, para un total de 216, y solo se permitirá la permanencia de dos reclusos por celda, donde estará la estructura de la MS-13.

Los documentos establecen que el costo del lote 2, sobre el estudio, diseño, construcción y rehabilitación del centro penitenciario de Morocelí, supera los 161 millones de lempiras, es decir, casi la mitad de lo que costó el de Ilama.

Técnicos del INP afirmaron a EL HERALDO Plus que el costo no es que está elevado, sino que Morocelí es de máxima seguridad y todo debe ser reforzado porque es otro concepto de seguridad penitenciaria.

Aparte, que no solo es el módulo que incluye ese precio, ese proyecto también consta de área médica , locutorios que no los tiene el nuevo recinto de Ilama, Santa Bárbara, donde las instalaciones son de mediana seguridad .

También afuera se están haciendo obras como la recuperación del sistema eléctrico, sistema contra incendios y el abastecimiento de agua potable, destacó la coronel que está a cargo de ese proceso.

Solo en las obras de construcción y reparación de estos módulos de máxima seguridad se invirtieron más de 484.6 millones de lempiras, sin tomar en cuenta la contratación de las empresas de supervisión.

El plazo de ejecución de las obras, según el documento, era de 270 días calendario, es decir, alrededor de nueve meses, contados a partir de la fecha estipulada en la orden emitida por el contratante y entregada al contratista.

El documento también detalla que los proyectos de construcción y remodelación de PNFAS y del Centro Penitenciario Nacional de Támara tienen un costo de 58 millones de lempiras, proyectos que están en la etapa final de construcción.

Asimismo, se pagaron más de 41.2 millones de lempiras en el estudio, diseño, construcción, remodelación y equipamiento en diferentes establecimientos penitenciarios de Honduras.

Se suma, además, 49.9 millones de lempiras para el estudio, diseño, construcción y equipamiento de cinco cocinas en centros penitenciarios a nivel nacional.

Y se firmó el contrato llave en mano para el estudio, diseño y construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el centro penitenciario de El Porvenir, Atlántida, valorado en más de 32.7 millones de lempiras.

El general Muñoz, presidente de la Comisión Interventora del INP, defendió que la construcción de los nuevos módulos se hizo por la necesidad de reducir el hacinamiento salvaje en los centros penitenciarios, y así poder hacer una debida segregación de las organizaciones criminales.

“Nunca más vamos a volver a juntar a las maras y pandillas, vamos a poder sacar a esa gente de máxima que está en Támara y mandarlos juntos a los nuevos módulos de máxima, igual, para que nadie tenga la excusa de querer meter un arma o algo ilegal”, advirtió.

Dijo que todas las organizaciones criminales pequeñas, como “Los Chirizos”, “Los Aguacates” y otras (se habla de al menos 15), terminarán en "un régimen como de máxima, porque las maras, pandillas y esos pequeños grupos criminales, son los que más daño le causan a la población hondureña, por la extorsión y otras cosas".

Muñoz defendió que cuando se habla de compras directas la gente piensa que todo mundo va detrás de cualquier cosa, pero sino se hace así no se pueden hacer nada. "Nosotros somos como la quinta y sexta intervención que hay y aquí viene todo mundo y se va igualito, pero con nosotros no va suceder eso, esto va a ser un antes y un después”, aseguró.

Advirtió que si alguien deja caer todo lo que se está haciendo será su problema, pero lo hará porque quiere ser beneficiado por alguien para ayudar a las organizaciones criminales.

Con las nuevas instalaciones, Muñoz advirtió que “se va a arrepentir el módulo que intente hacer reyertas porque lo vamos a controlar, y se lo vamos a controlar en minutos, pero no vamos a permitir que nadie haga uso del sistema penitenciario para propósito de cualquier otro tipo”.

Estimó que el presupuesto que le asignaron es de alrededor de 640 millones de lempiras y no es normal que se haga tanto de la calidad que se está haciendo, y el que no lo quiera creer que revise los procesos.

Aceptó que todo se ha hecho por medio de contratación directa porque no hay tiempo, debido a que "se está en emergencia".

Adelantó que se el próximo proyecto es construir un nuevo centro penitenciario en El Porvenir, Atlántida, con capacidad para 2,000 privados de libertad y anunció el cierre de las cárceles de Trujillo, Colón y La Esperanza, Intibucá.

Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), declaró que una de las recomendaciones que ellos hicieron al INP fue ampliar los edificios existentes para no entrar en controversia con las comunidades, donde se pretenden hacer nuevas cárceles, como en Islas de El Cisne y Mocorón, en Gracias a Dios.

Resaltó que con las medidas que se están tomando se está recuperando la gobernabilidad de los centros penales y se debe dar uso a edificios ya avanzados en su construcción, como el de la Acequia, en Naco, Cortés.