¿Y la austeridad?
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Tegucigalpa, Honduras.- Lo que debía ser un filtro técnico para blindar el sistema de compras públicas terminó convertido en una acreditación acelerada que hoy pone bajo cuestionamiento a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLCC) y la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE).
Durante el último año de gestión del Gobierno de Xiomara Castro, más de 200 personas fueron certificadas como Compradores Públicos Certificados (CPC).
La cifra rompe cualquier parámetro histórico: desde la creación del programa en 2018, el promedio anual era significativamente menor. En seis años se certificaron poco más de 500 profesionales; en uno solo se incorporó casi la mitad de ese total.
La certificación CPC otorga la facultad de dirigir, autorizar y supervisar compras estatales de bienes, obras y servicios.
En otras palabras, coloca en manos del acreditado decisiones que impactan millones en fondos públicos.
Por eso el proceso exige experiencia técnica comprobada, evaluaciones rigurosas y solvencia ética. O al menos eso establece el diseño institucional.
Listados
Sin embargo, los listados oficiales revelan que entre los nuevos certificados figuran altos funcionarios de la propia STLCC y de ONCAE, personal administrativo, asesores cercanos a la cúpula y empleados que no habían ocupado cargos directamente vinculados a procesos de adquisiciones públicas.
Aparece Karenina Alicia Chandias Guzmán, quien se desempeñaba como secretaria general de la STLCC. También figuran Yuri Fernando Melara y Daniel Paz Sosa, ambos asesores señalados como cercanos al exministro Sergio Vladimir Coello. En la misma nómina se encuentra Astrid del Carmen Rodríguez Borjas, subdirectora de ONCAE, es decir, parte de la estructura que administraba el sistema de contrataciones.
El listado incluye además a Laura Alejandra Flores y Desiré Flores Dubón, hijas del exasesor presidencial Enrique Flores Lanza y la magistrada de la CSJ, Sonia Marlina Dubón. La certificación también alcanzó a Fredis Nahuel López, gerente administrativo; Eda Rosanny Martínez, subgerente de Recursos Humanos; Amy Julissa Zelaya, directora legal; y Juan Martín Hernández, director de Modernización.
Se suman María José Benavides, jefa de Compras; Francisco Armando Juárez, jefe de Recursos Materiales; Ilen Viviana Moncada, jefa de Catálogos Electrónicos de ONCAE; y Jhinmy Alexis Mejía, coordinador de esa área estratégica. También fueron acreditadas Claudia Yamileth Santely, secretaria del exministro; Johana Mabel Mendoza, asistente de la Secretaría General; y Amada Paola Irías Oyarce, asistente de Recursos Humanos.
El patrón se repite con Luz Andrea Pagoada, coordinadora de Transparencia, y con los oficiales de Transparencia Joan Carlo Padilla Guardado, Gary Aldair Madrid y Kevin Tercero. Asimismo figuran las asesoras legales de ONCAE Silvia Waleska Maradiaga y Diana Marcela Sequeira, junto con personal de Compras y Capacitaciones como Ana Alicia Portillo, Claudia Patricia Sánchez, Gustavo Alfredo Mayorga y Laura Vanessa Chávez.
El punto crítico no es solo la cantidad, sino la coincidencia entre quienes formaban parte del engranaje institucional y quienes resultaron beneficiados por la certificación.
Hasta ahora no se ha divulgado un informe técnico público que detalle los exámenes aplicados, las actas de evaluación, los criterios de ponderación ni la experiencia comprobable de cada acreditado.
Tampoco se ha explicado por qué, en un solo año, el ritmo de certificaciones se disparó de forma tan abrupta.
EL HERALDO intentó comunicarse con el exministro de Transparencia, Sergio Coello, para conocer su versión, sin embargo, no respondió los mensajes ni llamadas.
Centralización de compras públicas
El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, anunció la creación de una oficina adscrita a la Secretaría de Finanzas que centralizará las compras públicas mediante un sistema electrónico, con el fin de reforzar la transparencia y el control en las contrataciones del Estado.
“Eso nos va a dar certeza, nos va a dar transparencia en que las operaciones no van a poder ser trastocadas por el material humano”, manifestó el funcionario.
La nueva dependencia impulsará un portal interactivo en tiempo real, un sistema centralizado de adquisiciones, compradores y proveedores certificados, así como un catálogo oficial de productos.
Aspra adelantó que la iniciativa estará respaldada por una nueva ley de cumplimiento antisoborno, que ya está lista para ser presentada ante el Congreso Nacional.
Asimismo, explicó que se evaluará a los proveedores para detectar posibles conflictos de interés o vínculos con personas políticamente expuestas.
