Gobierno de Xiomara Castro gastó L2,900 millones en alquiler de vehículos
EL HERALDO Plus identificó al menos 14 contratos publicados en HonduCompras que sustentan el pago de unos 2,874 millones de lempiras en renta de automóviles, concentrados casi totalmente en Seguridad
- Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 22:36
Tegucigalpa, Honduras.- En calles, estacionamientos y predios oficiales no fue raro ver camionetas recientes con distintivos del Estado detenidas por horas, motor encendido y aire acondicionado al máximo. La escena -cotidiana para el ciudadano- retrató el uso diario de vehículos financiados con fondos públicos.
Durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro parte de los vehículos alquilados por el Estado no solo fue visible por su valor contractual, sino por su comportamiento en la calle: conductores que abrían paso a la fuerza, circulaban sin placas y generaban una sensación de intimidación entre automovilistas y peatones.
Con el tiempo, ese patrón -asociado al uso discrecional de recursos públicos- desdibujó cualquier idea de austeridad en el gobierno anterior y mostró el rostro del abuso de poder y despilfarro del dinero de los hondureños.
Ese costo no fue solo una percepción en la calle: estuvo respaldado por contratos. De forma preliminar, la designada presidencial María Antonieta Mejía denunció que el gasto en alquiler de vehículos durante la gestión anterior fue de 1,500 millones de lempiras, una cifra que EL HERALDO Plus había adelantado en trabajos periodísticos pasados, revelando incluso que la mayor parte se destinó a unidades de lujo.
Sin embargo, EL HERALDO Plus, tras recopilar y revisar contratos de arrendamiento vehicular cargados en HonduCompras —el portal administrado por la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Oncae)— constató que el monto verificable en documentos públicos es casi el doble: más de 2,874 millones de lempiras.
La cifra corresponde únicamente a los contratos efectivamente publicados en el portal dentro del período revisado (2022-2025). Es decir: representa un mínimo comprobable, no necesariamente el total real del gasto, porque no todas las instituciones cargan sus contrataciones o lo hacen de manera incompleta.
En los registros localizados aparecieron contratos de la Secretaría de Seguridad —por lejos, el mayor ejecutor— además de las Secretarías de Defensa, Derechos Humanos, Salud y Educación.
Lejos del gasto y centrados en el número, la Secretaría de Seguridad —cuando estuvo bajo la dirección del general Gustavo Sánchez— alquiló 2,558 vehículos terrestres, un avión y dos helicópteros.
En Derechos Humanos se identificó el alquiler de nueve vehículos. En Educación, los contratos localizados sumaron 10 unidades, y en Salud se registró el alquiler de un vehículo.
En el resto de instituciones revisadas no se encontraron contratos de alquiler de vehículos en los archivos disponibles dentro del universo analizado. Eso no significa que no hayan alquilado automotores: significa que no publicaron los contratos en HonduCompras.
Seguridad concentra casi todo el gasto
El dato más contundente del período es la concentración. De ese poco más de 2,874 millones de lempiras, la Secretaría de Seguridad absorbió alrededor de 2,854 millones de lempiras, más del 99% del total identificado bajo el concepto de “misiones oficiales de la Policía Nacional”.
En los documentos revisados, el arrendamiento se estructuró como dos grandes paquetes anuales integrados por distintos lotes. El primero se adjudicó en febrero de 2024, cuando Gustavo Sánchez ya era titular: un contrato por 1,401,008,539 lempiras que incluyó 1,279 vehículos de distintos tipos y el alquiler de un avión por 420 horas de vuelo (equivalentes a siete días) y un helicóptero por 96 horas (cuatro días), por 23.2 millones y 4 millones de lempiras, respectivamente.
El segundo se adjudicó en enero de 2025 bajo la misma dinámica: un contrato por 1,452,944,607 lempiras que volvió a contratar 1,279 vehículos terrestres bajo el mismo esquema por tipos de vehículo e incluyó el arrendamiento de un helicóptero por 120 horas de vuelo (cinco días), por 4.9 millones de lempiras.
Solo en esos dos grandes procesos de 2024 y 2025, Seguridad contrató 2,558 vehículos terrestres entre pick ups, camionetas, autobuses y turismos en diferentes momentos.
En varios lotes, la descripción contractual diferenció entre unidades convencionales y no convencionales -generalmente un término aplicado a las unidades de lujo-. En las pick ups tipo patrulla se exigió rotulación e insignias de la Policía Nacional y, en algunos casos, una silla metálica instalada en la paila. Para las camionetas no convencionales se solicitaron unidades 4x4 con especificaciones de blindaje.
En los contratos publicados, la contratación masiva por alquiler aparece a partir de 2024, cuando Gustavo Sánchez ya estaba al frente de la institución. En el período previo, entre el 27 de enero de 2022 y el 23 de junio de 2023, bajo la gestión de Ramón Sabillón, no se observan en HonduCompras adjudicaciones millonarias para alquiler de flota terrestre y componente aéreo como las registradas después.
Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad, en la práctica, también funcionaba como proveedora de vehículos para funcionarios del gobierno de la expresidenta que, por el tipo de cargo y exigencias de seguridad, requerían movilidad asignada.
Aun así, se identificaron contratos de alquiler en otras instituciones.
Derechos Humanos: el segundo mayor gasto
La segunda institución con mayor erogación en el universo revisado fue la Secretaría de Derechos Humanos, con una contratación por 20 millones de lempiras para alquilar nueve vehículos destinados a medidas de protección, entre el 10 de marzo y el 31 de diciembre de 2025.
El contrato detalla que ocho unidades eran blindadas y una era un vehículo convencional 4x4 para uso nacional. En el desglose operativo se especifica una flota compuesta por siete camionetas blindadas, una pick up blindada y una pick up convencional.
El esquema transparenta costos diarios. Calculado sobre 296 días, el costo diario total por los nueve vehículos se fijó en 65,280.30 lempiras y el precio diario por unidad en 7,891.06 lempiras, según el propio contrato.
Defensa, Salud y Educación
En conjunto, los contratos localizados en Defensa, Educación y Salud suman 708,588.28 lempiras, equivalentes a alrededor del 0.02% del total verificado de más de 2,874 millones de lempiras. Ese monto se traduce en 18 vehículos: Defensa concentra la mayor parte (7 unidades), seguida por Educación (10) y, al final, Salud (1).
Defensa, una de las dependencias que más cambios registró en su dirección (tres ministros: José Manuel Zelaya, Rixi Moncada y Roosevelt Hernández), acumuló seis contratos por 517,793.28 lempiras para el alquiler de siete vehículos. Según los documentos, dos contratos corresponden a 2023 (abril y mayo), uno a 2024 (diciembre) y tres a 2025 (marzo, abril y octubre).
Educación acumuló 145,120 lempiras en alquileres menores y 10 unidades. En 2023 aparecen alquileres cortos de pick ups año 2022 (una unidad y, en otro contrato, tres unidades); y en 2025 se contrató por 11 días una flota de cuatro vehículos (dos pick ups doble cabina 4x4 a diésel y dos microbuses Toyota Hiace a diésel para 15 pasajeros), además de dos pick ups doble cabina 4x4 ejecutadas en seis períodos entre junio y agosto.
Salud registra el menor monto: 45,675 lempiras por el alquiler puntual, durante cuatro días en junio de 2024, de un vehículo especificado como Toyota Prado o Hyundai Palisade.
Al final, el hallazgo deja una postal incómoda: bastaron 14 contratos publicados por un puñado de instituciones para documentar un gasto de más de 2,874 millones de lempiras en alquiler de vehículos. No es el universo del gasto, es apenas lo que se dejó ver. Y lo poco que se dejó ver ya alcanza para medir la magnitud.
La pregunta, entonces, no es solo cuánto se pagó, sino qué “austeridad” se administraba. Mientras la Honduras real sobrevivía con salarios raquíticos, transporte precario y servicios públicos al límite, el aparato estatal se reservó su propia comodidad: flotas recientes, exigencias especiales y paquetes masivos que concentraron casi todo el dinero en una sola secretaría.
Para el analista político Francisco Pascua Cantarero, al no existir un registro público y verificable sobre la asignación y el uso de estas unidades, se abre la posibilidad de que los vehículos también hayan sido utilizados para fines ajenos al servicio público.
“Usar carros para otro fin puede ser abuso de autoridad o malversación de caudales públicos por uso diferente”, opinó el catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Pascua explicó que el “uso diferente” se refiere a cuando un bien público, adquirido o contratado para un fin específico, termina utilizándose para otro objetivo distinto al autorizado. No implica necesariamente apropiación del bien, sino desvío de su propósito de gasto.
