Solo la mitad de los vehículos alquilados por Seguridad son patrullas; el resto, de lujo

Tegucigalpa, Honduras.- De los 1,153 vehículos alquilados por la Secretaría de Seguridad por más de 1,300 millones de lempiras en 2025, 574 —el 50%— son patrullas para el uso policial, mientras que el resto se distribuye en camionetas blindadas de lujo, vehículos pick-up doble cabina, además de un helicóptero.

La mayoría de estas unidades de lujo son asignadas a diputados, altos funcionarios de instituciones del Poder Ejecutivo y personas con medidas de protección, pero los procesos para estipular el uso de los automóviles carecen de transparencia.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus tuvo acceso a los documentos que evidencian que la Secretaría de Seguridad se comprometió al pago de más de 1,300 millones de lempiras para el alquiler de 1,153 vehículos de varios tipos y modelos, más una aeronave para realizar vuelos nacionales e internacionales, en 2025.

En promedio, el costo por arrendar cada vehículo al año supera los 1.1 millones de lempiras, tomando en cuenta que la inversión es de 1,300 millones para el alquiler de 1,153 unidades, es decir, al año se paga en alquiler el equivalente a comprar estas unidades en el mercado nacional, cuyo precio ronda entre los 1.2 y 1.6 millones de lempiras.

La cinco empresas beneficiadas con la adjudicación de los millonarios contratos son: Servicios Aéreos V.I.P. Sociedad de Responsabilidad Limitada; Latin American Armored Rentals Sociedad Anónima (LAARSA); Arrendadora de Vehículos Sociedad Anónima de Capital Variable (Avesa); Inversiones Globales Sociedad Anónima de Capital Variable; y Econo Rent a Car Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Nelson Castañeda, director Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), declaró a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que la Secretaría de Seguridad sirve como el proveedor de los carros de lujo a funcionarios del Estado.

En total, son seis contratos adjudicados por esta dependencia del Estado para el arrendamiento de vehículos terrestres y aéreos con el propósito de desarrollar misiones oficiales de la Policía Nacional, regido por la licitación pública No. SEDS-LPN-GA-2025-004, rezan los documentos.

Los contratos fueron aprobados el 25 de febrero pasado y firmados por el ministro de Seguridad, Héctor Gustavo Sánchez, a favor de las cinco empresas que participaron en el proceso de licitación pública.

El alquiler de las patrullas se comenzó a aplicar en la administración del expresidente Juan Orlando Hernández, preso en Estados Unidos, acusado por narcotráfico.

Pese al cambio de administración, la cuestionada medida se sigue aplicando, comprobó la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, por medio del portal de transparencia de la Secretaría de Seguridad.

Al analizar los datos, se puede constatar que del total de vehículos alquilados, únicamente el 50% son patrullas, que se utilizan para el desarrollo de las operaciones contra el crimen por parte de la Policía Nacional.

El restos está integrado de la siguiente manera:

126 camionetas blindadas
100 camionetas convencionales
5 unidades tipo pick-up blindados
59 unidades tipo pick-up civil
255 pick-up convencionales
14 vehículos tipo turismo
20 autobuses
1 helicóptero

Por ejemplo, la empresa Latin American Armored Rentals Sociedad Anónima (LAARSA) está a cargo del lote tres, siendo la proveedora de 55 camionetas no convencionales (blindadas) y 19 camionetas convencionales, establecen los documentos.

Igualmente, ofrece el arrenamiento de 3 automóviles pick-up blindados, 87 pick-up convencionales y dos carros tipo turismo, con un rango de año de fabricación de los vehículos como mínimo entre 2022 y 2023 o más recientes, demandan las autoridades.

Por medio del contrato con la empresa Econo Renta a Car Sociedad de Responsabilidad Limitada también se hizo el acuerdo del alquiler de 71 camionetas blindadas, 58 camionetas convencionales, 135 pick-up convencionales y 2 pick-up blindados, entre otros carros.

La antigüedad de estos vehículos no puede ser menor a entre 2022 y 2023, según los documentos, además que deben reunir todas las condiciones de blindaje, equipamientos y seguros para ser repuestos en caso de accidentes o incautaciones.

El director de Seguridad y Justicia de la ASJ dijo que el actual gobierno mantiene activo el fideicomiso de Seguridad, por medio del cual el Ejecutivo le exige a la Secretaría de Seguridad que se encargue del alquiler de vehículos.

“Ellos son los que se encargan de rentarle a todos los altos funcionarios públicos del Estado que solicitan ese tipo de vehículos, entendería yo, porque poseen algún grado de peligrosidad por el trabajo que ejercen a diario”, señaló.

Detalló que los vehículos rentados corresponden a modelos costosos, lo cual es fácilmente detectable al verlos aparcados en los estacionamientos de la Secretaría de Seguridad en el sector de El Ocotal, al noroeste de la capital.

Esta situación genera un problema en la parte técnica operativa de la Policía Nacional, porque existe una alta necesidad de vehículos del lado operativo de las diferentes unidades de investigación y justicia en el país.

“Esto porque, lamentablemente, hay que decirlo, es una gran cantidad de funcionarios públicos que tienen a su disposición este tipo de vehículos, dado que los vehículos de la OABI (Oficina Administradora de Bienes Incautados) están en desuso porque están averiados", expresó.

Castañeda analizó que por el alquiler de una camioneta Toyota Land Cruiser Prado se puede optar por dos y hasta tres vehículos pick-up para los patrullajes, que a largo plazo pueden dar un mayor servicio a la sociedad que el alquiler de un vehículo al servicio de un funcionario público, que probablemente lo utiliza hasta para movimientos personales.

Señaló que este tipo de gastos afecta el presupuesto de la Secretaría de Seguridad, que comparado con el gobierno anterior supone un incremento de unos 11,000 millones de lempiras.

Lo anterior es contradictorio, porque en 2025 se siguen registrando denuncias que las unidades de investigación no tienen unidades para movilizarse o que no hay patrullas o vehículos para operaciones de vigilancia y capturas.

Castañeda consideró que el problema es que comprometen los fondos de la Secretaría de Seguridad para atender las “necesidades” de un grupo privilegiado y muy reducido de funcionarios públicos, que se aprovechan de estos fondos.

“Algunos lo necesitan por el trabajo que ejercen, pero la gran mayoría cuenta con una diversidad de vehículos que ni siquiera son utilizados por ellos mismos, sino que por parte de familiares, de acuerdo a informes que han surgido y eso genera molestia en el pueblo hondureño”, recalcó.

Se conoce, dijo Castañeda, que los carros son asignados a funcionarios del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como aquellos que son admitidos dentro del Mecanismo de Protección que está bajo la administración de la Secretaría de Derechos Humanos.

Un funcionario de la Secretaría de Seguridad, que pidió el anonimato, dijo que esas camionetas lujosas han sido utilizadas para proteger hasta a criminales y citó el caso de Rolando Sánchez, quien se dedicaba a estafar personas con la ayuda de varios policías. En su momento, el director de la Policía, Juan Manuel Aguilar, reconoció que Sánchez —sobre quien pesa una recompensa de 500,000 lempiras por información que conduzca a su captura— contó con escolta policial.

Confirmó que la Secretaría de Seguridad tiene un esquema de protección para altos funcionarios, como ministros y viceministros, pero tampoco se investiga si se asignan unidades de lujo a personas que no cumplen el perfil.

La fuente afirmó que muchos carros adquiridos en la nueva administración son del año, aunque los contratos establecen mínimo entre 2022 y 2023.

Carlos Umaña, presidente de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), expresó que a todos los jefes de bancada y miembros de la junta directiva del Congreso Nacional les ofrecieron vehículos, pero algunos no aceptaron.

El diputado dijo que se debe regular la asignación de los vehículos del Estado, pues los únicos que deben tener son los ministros, viceministros y directores generales, porque la Ley lo permite. Nadie más.

En el caso del Congreso Nacional, el único que debe tener es el presidente, el resto de los diputados no tienen que recibir el privilegio de tener vehículo, ni chofer, ni seguridad del Estado, "cada quien se lo debería costear", recomendó.

El secretario de Seguridad justificó la Policía Nacional tiene una parte del presupuesto asignado para la renta de vehículos, entre patrullas y unidades para realizar investigaciones especiales.

Al mismo tiempo reconoció que por mandato legal se brinda algún servicio de seguridad a algunos funcionarios del gobierno y se utilizan camionetas blindadas.

Sánchez defendió que todos los procesos de licitación de los vehículos son transparentes, “de hecho, EL HERALDO toda la información que bajó en su proceso de investigación fue de los portales de transparencia”.