Tegucigalpa, Honduras.- En manos de un equipo de fiscales del Ministerio Público está la denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que implica al titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), Tomás Eduardo Vaquero Morris, a quien se le señala como la principal pieza en un presunto acto de corrupción cometido desde el gobierno.
De igual manera, la denuncia se extendió para la exgerente administrativa de esa Secretaría, ahora pagadora especial en el Congreso Nacional (CN), Jackeline Lizzette Pinto Dubón, asimismo, para seis representantes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), por las que se habría desviado millones de lempiras del erario.
El ministro de la SGJD, Tomás Vaquero, en la acusación es señalado por los delitos de administración desleal del patrimonio público y violación de los deberes de los funcionarios. Mientras que la exgerente administrativa de la SGDJ, Jackeline Pinto, por los cargos penales de fraude, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de los funcionarios.
De igual manera se interpuso la denuncia correspondiente contra los representantes de las ONG, empresas y contratistas individuales que eran parte del esquema de corrupción que devela la investigación del CNA.
Formal denuncia ante el MP
Luis Urbina, jefe de Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, explicó que se ha "interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público, específicamente ante la Uferco (Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción), por una red de corrupción que pudimos desmembrar en la parte investigativa desde el CNA, donde vimos cómo se fue orquestando directamente desde la Secretaría de Gobernación".
Urbina confirmó que quien cumplía el rol fundamental que propició el mal uso de 103 millones de lempiras del tesoro del Estado, entre los años 2022 y 2023, fue la señora Jackeline Pinto, "ella orquestó una red de corrupción que favoreció directamente a seis ONG que tenían vínculo directo con ella", aseguró.
El investigador sostuvo que el apoderado legal de las seis ONG sindicadas en el supuesto escándalo de corrupción, era el esposo de Pinto Dubón. Además, que la cuñada de Jackeline Pinto, fungió como presidenta dentro de una de las ONG y como tesorera de otra de las seis organizaciones; evidenciando con ello algo irregular.
¿Cuáles ONG?
Las Organizaciones No Gubernamentales vinculadas en la malversación de los 103 millones de lempiras son: Asociación Ayudando con Amor, la Asociación Hondureña para el Desarrollo Integral Sostenible Manos Amigas (Ahdisma) y el Centro para la Sostenibilidad Comunitaria de Honduras (Cescoh).
Además, la Asociación para la Educación, Inclusión Social y Desarrollo Saint John, la Asociación para el Desarrollo Social y Comunitario de Honduras y Asociación Hondureña para el Desarrollo Comunitario Sostenible (Asohdecos).
"Jackeline Pinto, incluso, fundó una de estas ONG y ella figuraba como presidenta de la Junta Directiva de varias de las mismas y en todo esta orquesta del caso de corrupción podemos ver que se utilizaron empresas y particulares, ya cuando los fondos los manejaba la ONG para simular que se estaba dando cumplimiento a la ley de contratación del Estado", recalcó Luis Urbina.
El CNA estableció en su investigación, que se encontraron indicios de sobrevaloración en relación a la ejecución de las obras, algunas no ejecutadas y otras que se encuentran en un estado deplorable, por haberse realizado de forma incorrecta y que ya no son de utilidad para las comunidades donde se edificaron.
Los fondos fueron erogados para construir obras en los departamentos de Atlántida, Choluteca, Francisco Morazán, La Paz, Ocotepeque, Olancho y Santa Bárbara.
