Tegucigalpa, Honduras.− “La manipulación y el control de los procesos de licitación de compras menores en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) facilitaron que grupos familiares obtuvieran millonarios fondos públicos, dando apariencia de legalidad”, denunció el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en su informe “La sangre llama... y contrata”.
La organización reveló una red de corrupción institucionalizada que operó entre 2022 y 2024 dentro de la SGJD, mediante la cual se adjudicaron contratos por un total de 13,710,250.73 lempiras a empresas vinculadas por lazos familiares con funcionarios de alto rango de esa secretaría.
Las figuras centrales del caso son Jackeline Lizzette Pinto, quien fungía como gerente administrativa, y Fredis Naúl López Escober, subgerente de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Ambos funcionarios fueron señalados por haber utilizado su posición para beneficiar económicamente a sus familias a través de contratos adjudicados sin cumplir los parámetros que establece la normativa de contratación.
En el caso de Fredis López, se descubrió que cinco empresas contratadas por la SGJD tenían como socios a su esposa, hermanos, sobrinas, su hija e incluso su yerno.
López no solo supervisaba procesos administrativos desde la subgerencia, sino que también ocupaba el cargo de coordinador de servicios generales, rol que le daba poder de decisión dentro de los comités encargados de adjudicar compras menores.
Esta doble función le permitió manipular directamente los procesos para que empresas de su entorno familiar resultaran beneficiadas.
Por su parte, Jackeline Pinto habría actuado bajo un patrón similar, favoreciendo a dos empresas en las que participaban como socios su esposo, su cuñada y su yerno.
La coincidencia entre la relación familiar y las adjudicaciones revela una práctica repetida, cuidadosamente diseñada para operar dentro de los márgenes formales de la legalidad, pero sin respetar los principios de integridad y transparencia exigidos en el manejo de recursos públicos.
El CNA reveló que al menos ocho empresas vinculadas a los dos funcionarios recibieron contratos de compras menores que, sumados, alcanzan el monto ya citado de más de 13.7 millones de lempiras.
Uno de los hallazgos más reveladores del informe es la manera en que se simulaba competencia entre oferentes.
Según los análisis del CNA, en los procesos de compras menores, las empresas participantes eran tres, como establece el reglamento; sin embargo, dos de ellas eran descartadas frecuentemente bajo el argumento de que no habían presentado la documentación completa.
Esta práctica abría el camino para que la tercera empresa, que sí entregaba los documentos requeridos y que casualmente estaba vinculada a los funcionarios, ganara de forma recurrente las adjudicaciones.
La organización asegura que esta metodología no fue un hecho aislado, sino un patrón sistemático que se repitió en todas las contrataciones revisadas durante el período investigado.
“En las compras menores que analizó el CNA, dos de los tres oferentes que participaban comenzaban el proceso enviando la cotización a la SGJD; sin embargo, eran descartados porque no presentaban la documentación completa. Al ser descalificadas, la compra se adjudicaba a la empresa que sí cumplía con la documentación requerida”, señala el comunicado.
Este mecanismo, aunque aparentemente técnico, escondía una forma de manipulación diseñada para garantizar que los recursos del Estado quedaran en manos de un círculo reducido y familiar, con total conocimiento y participación activa de los funcionarios involucrados.
El CNA clasificó las prácticas corruptas identificadas en tres categorías fundamentales, empezando por la colusión entre oferentes que tenían vínculos con los funcionarios públicos, el desinterés deliberado por parte de algunas empresas para cumplir con los requisitos administrativos —lo cual se interpretaría como parte del acuerdo para facilitar la adjudicación— y el control artificial de precios, derivado de la falta de competencia real.
Esta tríada operaba de forma coordinada para dar apariencia de legalidad a un proceso que, en el fondo, estaba diseñado para beneficiar a actores previamente definidos.
El informe concluye que existe base suficiente para suponer la comisión de los delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, tal como lo establece el Código Penal.
Al finalizar el informe, los titulares del CNA aseguraron que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra Jackeline Pinto y Fredis López Escober, solicitando que se inicie una investigación penal para determinar las responsabilidades correspondientes.
