Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta de la República, Xiomara Castro, ordenó al ministro de seguridad, Gustavo Sánchez y al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, retirar a los oficiales y agentes militares y policiales, por haber desalojado a militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), de una calle capitalina.
Esa directriz de la mandataria, de separar a oficiales y elementos de la escala básica, tanto de la Policía Nacional, como de las Fuerzas Armadas, es una decisión errónea y salida de tono, según expertos en materia de seguridad y en derecho penal.
Para el general en condición de retiro, exdirector de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Leandro Osorio, "es una medida errónea, equivocada por parte de la presidenta, el tomar acciones sin una previa investigación".
El especialista en investigación policial, indicó que en este caso "primero tiene que agotarse la vía administrativa. Tiene que escuchar a los oficiales de policía, a la escala básica o al jefe policial que recibió la orden, para poder determinar si efectivamente hay una responsabilidad para poder actuar de esa manera".
Castro exigió: "que me informen inmediatamente para saber quiénes son las personas y que se tomen los correctivos, y que esa gente sea inmediatamente retirada de las instituciones".
Osorio aseguró: "yo considero que es una irresponsabilidad. No debe de tomar acciones de una forma eh antojadiza. Recordemos que la Policía está para mantener el orden público y eso es constitucional. Si eso es constitucional, entonces la presidenta se está contradiciendo ella misma. La presidenta está equivocada al tomar una decisión de tal naturaleza", recalcó el oficial el exjerarca policial.
Primero lo administrativo
En el mismo sentido, se refirió el profesional del derecho, dedicado a la materia penal, German Licona, al decir que "se tiene que respetar la ley. La Dirección de Asunto Disciplinarios Policiales sabe cuál es el actuar, tiene que instruirse un procedimiento administrativo, tiene que haber investigación y en descargo a los cargos, ustedes tienen la orden que les dieron para ejecutar sus acciones", instruyó a los policías involucrados.
La presidenta Castro, sobre la intervención militar y policial, señaló que actuaron al margen de la ley. De acuerdo con Licona, "esa es una apreciación inválida. Les puedo decir paladinamente a los policías que participaron en ese evento: no tengan temor. Primera vez en tres años y medio que la Policía hace su labor. No hubo desproporcionalidad, solo utilizaron los medios autorizados por las Naciones Unidas".
Fernando González, excapitán del Ejército y abogado penalista, reconoció que, la presidenta Xiomara Castro, como comandante general de las Fuerzas Armadas, es la máxima autoridad, pero no está por encima de la ley.
"Dentro de estas dos instituciones hay leyes y reglamentos que se tienen que cumplir, máxime en las Fuerzas Armadas, que es una institución que se rige por sus propias leyes y reglamentos. Entonces tiene que hacerse el debido proceso. No es como el nombramiento de un funcionario que lo pone y lo quita", explicó González.
El exoficial de las Fuerzas Armadas, ilustró que en cualquiera de los casos, los efectivos militares deberán de ser llevados al fuero militar, es decir, a un Juzgado de Justicia Militar, y dirimir en esa instancia, cuáles son las sanciones para estos militares, si se llegara a encontrar responsabilidad alguna.
Referente a lo ocurrido la madrugada de este martes, frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), González, manifestó: "lo que miramos en realidad es que los policías y los militares solo cumplieron lo que en el plan de operativo normal se hace, y en este caso se estaba lacerando el derecho a libre y locomoción".
Este día, las Fuerzas Armadas de Honduras, en un comunicado oficial, informó: "se iniciaron las investigaciones y se ha identificado al oficial superior responsable de realizar el desalojo sin la debida autorización del escalón superior, frente al portón del Infop".
Agregaron que "el oficial en mención fue relevado de su cargo y será puesto a disposición de las autoridades competentes para que le sean deducidas las responsabilidades conforme a las leyes y reglamentos militares que nos rigen".
